Bajo la administración del presidente Trump se ha fortalecido la política migratoria, con base de los antecedentes de la migración irregular mexicana y el tráfico de drogas proveniente de México. El tema migratorio fue parte de la agenda electoral pasada del entonces candidato Trump y lo será en el presente proceso. Después del proceso del intento de impechment al presidente Trump, éste se verá fortalecido políticamente, en un contexto en que no existe aún un candidato demócrata y que este partido carece de una agenda nacional. A diferencia de logros de la actual administración republicana en materia de empleo: (el Buró de Estadísticas Laborales en su Reporte sobre la Situación del Empleo de octubre, encontró que el desempleo se había reducido al 3.5%, cifra que se estabilizó hasta el final del 2019), la firma del TMEC, el control migratorio y sus recientes acciones de política exterior: las intervenciones militares en el Medio Oriente; sus negociaciones comerciales con China; y su disputa con Irán. Aunque se esperaría una desaceleración de la economía estadounidense. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), prevé que el crecimiento de Estados Unidos se modere de 2.3% en 2019 a 2% durante 2020. Asimismo, en 2021 disminuiría 1.7%. Resta mencionar que desde el año de 1900, únicamente cinco presidentes estadounidenses han perdido la reelección.
La diferencia entre esta administración y la anterior del presidente Obama, es el énfasis que le concede la actual administración en el sentido de concebir que los migrantes irregulares son un riesgo para la seguridad y para la economía estadounidense. Como consecuencia, desde el inicio de la presente administración federal se implementaron algunos decretos sobre migración: "Mejoras a la Seguridad Fronteriza e Inmigración en Estados Unidos" y "Fortalecimiento de la Seguridad Pública en el Interior de Estados Unidos", firmados el 25 de enero del 2017, y que endurecían las políticas de migración, mediante la iniciativa reiterada de construir un muro en la frontera entre Estados Unidos, en particular en el suroeste de Texas y el aumento de agentes de migración y centros de detención y tecnologías de control migratorio.
En estas últimas medidas migratorias ha existido un consenso bipartidista para fortalecer la seguridad fronteriza con México. Asimismo, las órdenes ejecutivas, además de otras acciones, cuestionan y restringen la libertad condicional de los solicitantes de asilo y aceleran los procesos de deportación. En algunos casos, parte de esos decretos han sido cuestionados por algunos cortes federales, en particular, porque se ha limitado el debido proceso migratorio, lo que no abona a la eficiencia, legalidad o racionalidad jurídica. Por ende, alguna OSCs binacionales han exigido al Congreso estadounidense que actúe para restablecer el sistema de justicia en materia migratoria, en particular lugar de que dichas cortes cuenten con la autonomía necesaria y sean un árbitro justo y neutral.
Una decisión judicial relevante fue la de una corte federal de California con respecto a los menores detenidos en centros migratorios de Estados Unidos, en la cual se ordenó al Departamento de Seguridad Nacional a liberar niños detenidos más allá de 20 días. Otra decisión judicial fue la orden a Centros Detención de permitir el acceso de médicos. Con estas decisiones tanto el Congreso lidereado por demócratas como las Cortes Federales pretenden restaurar la integridad del sistema inmigración con políticas más humanitarias. De ahí la importancia de fortalecer el conocimiento de la teoría y práctica del sistema migratorio de Estados Unidos y en especial del Derecho migratorio y los equilibrios entre los poderes constitucionales.
Una de las implicaciones recientes de los Decretos mencionados en el caso de las Caravanas migrantes hacia la frontera norte es la posición del Ejecutivo estadounidense de cumplir con sus obligaciones internacionales respecto al derecho de solicitar refugio y asilo, así como de respetar los derechos de todas las personas migrantes. Situación que también se aplica a las posturas recientes del Estado mexicano en su política migratoria en la frontera sur mexicana. En especial, que no se discriminen las peticiones de los migrantes que hayan dejado sus países de origen por persecución, debido a su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas. El problema de esta política es que también es necesario considerar las prioridades de seguridad nacional de los países en términos de una gestión ordenada, segura y legal y las capacidades presupuestarias para atender las diversas necesidades de las comunidades migrantes en territorio mexicano.
La importancia de definir una agenda de corresponsabilidad migratoria en los países de la región radica en que la gestión migratoria de los flujos implica abordar una diversidad de temas: legales, institucionales, seguridad, derechos humanos, sociodemográficos, financieros e internacionales. Esto es particularmente necesario en el contexto del aumento de dichos flujos migratorios hacia México y Estados Unidos, que según el Director de Protección Fronteriza de Estados Unidos, Mark Morgan, afirmó que las detenciones en la frontera estadounidense "todavía están en niveles de crisis”, ya que están en un promedio de poco más de 1.400 por día. Según datos sobre las tendencias migratorias del Pew Research Center, en el año fiscal 2019 (octubre 2018-septiembre 2019), hubo 851,508 detenciones, lo que representa un aumento del 115% con respecto al año fiscal anterior y el total más alto en 12 años.
Bajo este marco, se puede contextualizar la reciente agenda de colaboración binacional en materia de migración, en donde predomina la política de control y seguridad, fundamentada según las prioridades de seguridad binacional, Dicha agenda se enfrenta al desafío binacional y transfronterizo de concebir un modelo eficaz de gobernanza migratoria, según los objetivos de la cooperación internacional para el desarrollo: generación de opciones laborales, derecho de emigrar, derechos humanos, seguridad nacional, debido proceso e inclusión social. De ahí la reiteración de que en el contexto de que los flujos migratorios provenientes de Centroamérica se mantendrán es fundamental avanzar hacia una más efectiva gobernanza y corresponsabilidad migratoria entre los países de la región.
