El reciente fallecimiento de la jueza Ruth Bader Ginsburg está generando un debate legal y político en Estados Unidos, que continuará hasta la elección y postelección.
La jueza Bader Ginsburgh deja un especio difícil de ocupar. Era la segunda mujer -la primera fue Sandra Day O’Connor se jubiló en enero de 2006- en ser nombrada a la Corte Suprema por el presidente Clinton, convirtiéndose en una celebridad debido a sus opiniones contra la discriminación de género. Al cumplir 80 años de edad y con 20 años en la Suprema Corte, se pudo haber retirado, con lo cual el presidente Obama pudo haber nombrado su sustituta.
La juez Bader Ginsburgh integró el ala liberal de la Suprema Corte junto con los nombramientos de Sonia Sotomayor en 2009 y Elena Kagan en 2010. Sus antecedentes liberales se remontan desde que fue litigante y directora del Proyecto por los Derechos de la Mujer de la Unión Americana de Libertades Civiles durante la década de 1970 (NYT, 20 septiembre 2020).
La propuesta de nombramiento de la jueza Amy Coney Barrett con perfil conservador en temas clave como la inmigración, la ley de salud (Obamacare), la posesión de armas y el aborto. El presidente dejo de lado que es año electoral y que el próximo presidente electo tendría que haber propuesto el nombramiento. Tal como ocurrió luego de la muerte del juez Antonin Scalia en 2016. En ese entonces, el actual el líder republicano Mitch McConnell bloqueó la nominación de Derrick Garland, argumentando que era año electoral y por tanto, la decisión le correspondía al nuevo presidente. Ese argumento, ya no es válido para el actual senador republicano McConnell.
La propuesta de la candidatura de la nueva juez ya se esperaba, considerando una cierta mayoría republicana en el Senado, con una ligera división política partidista –dos senadores han rehusado respaldar la nominación en la actual coyuntura electoral-. Igualmente la nominación será parte del primer debate presidencial el 29 de septiembre, además de los temas del Covid-19, la economía, la raza y violencia en las ciudades y la integridad de la elección.
La importancia del nombramiento de la jueza Amy Coney Barrett radica en la necesidad de dar certeza y promover un debido proceso tanto en el nombramiento, como en las decisiones jurídicas pendientes, y en particular, la polémica que ha generado y que tendrá el voto electoral por correo. Cabe mencionar que los procedimientos en el Senado tienen su agenda y lo normal es que una confirmación de este tipo lleve de dos a tres meses, con lo cual iniciar el proceso en una coyuntura electoral añade aún más tensión política.
Entre los antecedentes de la candidata Coney Barret se pueden mencionar que en el año 2017 fue nombrada como magistrada de la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito con sede en Chicago. Durante la audiencia de confirmación de su nombramiento, la senadora Dianne Feinstein, demócrata por California, le cuestionó el énfasis en sus creencias religiosas en sus decisiones adoptadas. Tema que seguramente se repetirá considerando que la nominada Coney Barret como juez en la corte federal de apelaciones de Chicago, adoptó posiciones a favor de portar armas, control a la inmigración y rechazo a la reforma de salud promovida por el entonces presidente Obama. Además, se ha expresado en contra del aborto y anti-LGBTQ.
La nominada egresada de la escuelas de leyes de Notre Dame, refleja los rasgos blanco, cristiano y conservador que predominan en el centro del país y que corresponden a un contexto sociocultural particular. Con el cual algunos estratos de la comunidad latina también se identifican y que son parte del voto duro a favor del candidato Trump. Por estos valores socioculturales conservadores, la nominada Coney Barret superó a la otra candidata Barbara Lagoa, latina y de origen cubano y que labora en Florida. De esta manera, la nominación responde al voto duro republicano y que será decisivo en la elección presidencial.
Es de destacar que la Suprema Corte tiene una agenda legal pendiente en temas controvertidos: aborto -Roe v. Wade-, ambiente, derechos de la comunidad gay y religión entre otros. Estos temas se asocian con la nominación de Coney Barret. Además, la magistrada –de confirmarse- tendría que externar opinión legal acerca del contexto post electoral, el cual todo indica se podría decidir ante las instancias legales, una de ellas la Suprema Corte. Un tema crítico ya externado por el presidente Trump, es el voto electoral por correo. Con la diferencia mínima que se estima entre los dos candidatos presidenciales, el debate legal del voto por correo será clave en la post elección.
Se puede esperar el escenario que una mayoría conservadora en la Suprema Corte podría inclinar el voto en los temas polémicos pendientes, y en el caso de una decisión post electoral complicada por la cerrada votación, la nueva magistrada tendría que externar un voto decisivo.
Una vez más los temas legales marcan la agenda política estadounidense: equilibrio de poderes, transparencia y legalidad. Cuyo gran desafío es cómo las decisiones legales corresponden con preocupaciones reales de la sociedad y el electorado estadounidense.
