Este primero de julio se suscribe el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC). Una actualización de TLCAN que ha generado crecimiento comercial y económico en ambos lados de la frontera en los últimos 26 años. Sin embargo, existe una agenda laboral desde la perspectiva del Partido Demócrata que ha sido promovida desde la discusión del TLCAN y que ahora se ha fortalecido y que en un contexto de alternancia política nacional pudiera ser apoyada por México, para mejorar las condiciones laborales, disminución de la pobreza y mejor ambiente. En los años noventa el Partido Demócrata impulsó los acuerdos paralelos en materia laboral y ambiental. Las mejores prácticas en tales agendas se desarrollaron en el lado estadounidense; 26 años después reiteran el compromiso sobre esos mismos temas, pero agregan una mayor exigencia sobre fortalecimiento de la democracia y rendición de cuentas de los sindicatos mexicanos. También se acordó un mecanismo de solución de disputas laborales entre ambos países.
De igual manera el T-MEC establece una regulación laboral, a través de la presencia de “agregados laborales” en México como mecanismo para vigilar que se cumplan las obligaciones pactadas. Con lo cual un desafío de la política laboral será que efectivamente mejoren las condiciones laborales en México; pero también existe el riesgo de que tal regulación sea utilizada para que el gobierno estadounidense establezca medidas proteccionistas. Esta regulación puede ser interpretada como un intervencionismo en los problemas de libertad sindical y transparencia. Sin embargo, esas prioridades se asocian con los valores sindicales en la cultura laboral estadounidense y por tanto, serán parte de la agenda electoral en Estados Unidos, ya que se vinculan con las clientelas sindicales de ambos partidos. Desde esa perspectiva, tal agenda también es benéfica para los intereses nacionales, porque lo condiciona a mejorar las condiciones laborales de la clase trabajadora mexicana, en un contexto de restricciones económicas y menor inversión. Con lo cual, concebir una agenda laboral común debería ser estratégico para México y Estados Unidos. Y aún más, considerando las posibilidades de triunfo de la candidatura presidencial del demócrata Joseph Biden.
El T-MEC también modificó diversos parámetros en la industria automotriz, que implica nuevas normas de contenido de origen y aumento de sueldos en México a los trabajadores del ramo. En particular, que al menos el 40 % de las autopartes provengan de una fábrica que pague salarios de 16 dólares por hora en México. Por estas regulaciones laborales, se considera que el T-MEC no es un tratado de libre comercio, sino una iniciativa para regular el comercio, lo que responde a las prioridades proteccionistas estadounidenses.
Los dos acuerdos comerciales más importantes con los Estados Unidos han sido promovidos bajo gobiernos del Partido Republicano: El TLCAN en el año de 1994 bajo una visión neoliberal, apertura comercial y fortalecimiento a los mercados y ahora el T-MEC con un enfoque de mayor regulación comercial. En ese contexto, la región fronteriza México -Estados Unidos se ha visto beneficiada con una mayor crecimiento comercial, mayor infraestructura fronteriza, cadenas de valor de la industria maquiladora y aumento de los cruces fronterizos (autos, personas y comercio) en el marco de la Frontera del Siglo XXI (2001-2020). En esta nueva coyuntura, lo ideal sería incentivar en México una política de desarrollo industrial, fortalecer la productividad, con políticas de innovación, ciencia y tecnología que promuevan el crecimiento del micro, pequeña y mediana empresa bajo procesos de innovación social y uso de tecnología, fortaleciendo cadenas de valor e impactos en el valor público.
En el caso de la frontera norte, tales opciones están limitadas por la grave pandemia del Covid -19 y los limitados espacios de colaboración sanitaria binacional, que no abonan a fortalecer la sostenibilidad de desarrollo de la región con los Estados Unidos. En tal sentido, la agenda demócrata en materia de prevención y contención del Covid-19 y sus buenas prácticas en los estados de California y Nueva York, es una buena alternativa para reactivar el crecimiento económico y una mayor calidad de vida de las poblaciones fronterizas.
