/ lunes 2 de marzo de 2020

El Espectador | Avanza Segob en la cédula única de identificación nacional biométrica

Todos los mexicanos serán registrados en una gran base de datos que controlará el gobierno y, aunque los del Instituto Nacional Electoral (INE) no quieren compartir la información que acumulan, los estados avanzan en la firma de acuerdos para que se avance en la construcción de la cédula única de identidad cargada con los datos biométricos de los nacidos en este país.

El gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador construye las bases para la creación de un Documento Único de Identificación Nacional biometrizado, tal como establece el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. “En materia registral, los artículos 85, 86 y 91 de la Ley General de Población establecen que es atribución de "LA SEGOB" registrar y acreditar fehacientemente la identidad de las personas, para lo cual asignará la Clave Única de Registro de Población, que servirá para registrar e identificar de manera individual a cada una de las personas que integran la población del país y de las personas mexicanas que residen en el exterior”.

Hasta hace algunos años, la Secretaría de Hacienda estaba gestionando este proceso, a la par de la Secretaría de Gobernación. Los grandes interesados en desarrollar una base de datos con datos biométricos de los mexicanos eran los bancos. Carlos Slim incluso donó el sistema Matrix Protón al gobierno, para administrar la información y guardarla en chips que estarían pegados a tarjetas de débito que incluso incluirían información de la salud de su portador. Grandes licitaciones se lanzaron y el proyecto nunca avanzó. Se alegaba entre otras cosas que esto era algo intrusivo, que atentaba contra la privacidad e información confidencial de los mexicanos.

Sin embargo, hoy los bancos como BBVA le piden hasta dos identificaciones y huellas para reportar la pérdida de su tarjeta y reponerla, además de que no le reciben el pasaporte por considerarlo un documento no oficial, ante los ojos de la institución. Es más, si quiere entrar a un edificio de alguna empresa o de gobierno y no trae credencial del INE para votar, será difícil que lo dejen pasar. Es como la visa en algún puerto de entrada a Estados Unidos. Los del INE se convirtieron en los dueños de los accesos y la comprobación de la identidad de los mexicanos.

Pero eso no debe ser así, y el gobierno está trabajando para tener su identificación oficial, al margen de que la credencial para votar ha funcionado para eso, sin que fuera su función primordial. Aunque las autoridades encabezadas por Lorenzo Córdova no quieren soltar ese poder. Ante ello, la Secretaría de Gobernación comenzó a firmar convenios para que los estados y municipios la ayuden al registro de la población, al integrar y mantener actualizado el Registro Nacional de Población, con ayuda del Registro Civil.

El INE no quiere dar información, pero la Segob ya tiene asegurada la identificación de los habitantes de Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Zacatecas, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Morelos y Nayarit. Más estados se sumarán en breve, al firmar este convenio.

Todos los mexicanos serán registrados en una gran base de datos que controlará el gobierno y, aunque los del Instituto Nacional Electoral (INE) no quieren compartir la información que acumulan, los estados avanzan en la firma de acuerdos para que se avance en la construcción de la cédula única de identidad cargada con los datos biométricos de los nacidos en este país.

El gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador construye las bases para la creación de un Documento Único de Identificación Nacional biometrizado, tal como establece el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. “En materia registral, los artículos 85, 86 y 91 de la Ley General de Población establecen que es atribución de "LA SEGOB" registrar y acreditar fehacientemente la identidad de las personas, para lo cual asignará la Clave Única de Registro de Población, que servirá para registrar e identificar de manera individual a cada una de las personas que integran la población del país y de las personas mexicanas que residen en el exterior”.

Hasta hace algunos años, la Secretaría de Hacienda estaba gestionando este proceso, a la par de la Secretaría de Gobernación. Los grandes interesados en desarrollar una base de datos con datos biométricos de los mexicanos eran los bancos. Carlos Slim incluso donó el sistema Matrix Protón al gobierno, para administrar la información y guardarla en chips que estarían pegados a tarjetas de débito que incluso incluirían información de la salud de su portador. Grandes licitaciones se lanzaron y el proyecto nunca avanzó. Se alegaba entre otras cosas que esto era algo intrusivo, que atentaba contra la privacidad e información confidencial de los mexicanos.

Sin embargo, hoy los bancos como BBVA le piden hasta dos identificaciones y huellas para reportar la pérdida de su tarjeta y reponerla, además de que no le reciben el pasaporte por considerarlo un documento no oficial, ante los ojos de la institución. Es más, si quiere entrar a un edificio de alguna empresa o de gobierno y no trae credencial del INE para votar, será difícil que lo dejen pasar. Es como la visa en algún puerto de entrada a Estados Unidos. Los del INE se convirtieron en los dueños de los accesos y la comprobación de la identidad de los mexicanos.

Pero eso no debe ser así, y el gobierno está trabajando para tener su identificación oficial, al margen de que la credencial para votar ha funcionado para eso, sin que fuera su función primordial. Aunque las autoridades encabezadas por Lorenzo Córdova no quieren soltar ese poder. Ante ello, la Secretaría de Gobernación comenzó a firmar convenios para que los estados y municipios la ayuden al registro de la población, al integrar y mantener actualizado el Registro Nacional de Población, con ayuda del Registro Civil.

El INE no quiere dar información, pero la Segob ya tiene asegurada la identificación de los habitantes de Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Zacatecas, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Morelos y Nayarit. Más estados se sumarán en breve, al firmar este convenio.

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