/ miércoles 8 de septiembre de 2021

El Espectador | Carlos Romero Aranda y los mil millones de pesos

Una postulación como integrante de la Corte tiene ya prácticamente un valor monetario, pues para el Procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, la aspiración por convertirse en ministro le cuesta mil millones de pesos, los mismos que busca resguardar para el Servicio de Administración Tributaria a pesar de que el máximo órgano de justicia ha ordenado que le sean devueltos a una contribuyente.

Se trata del caso del Amparo Directo en Revisión 7472/2019, con el cual la Segunda Sala de la Corte, que preside la ministra Yasmín Esquivel Mossa, ordenó al SAT pagar un adeudo de 338 millones de pesos que mantiene desde 2007 con Carmela Azcárraga Milmo (hermana de Emilio “El Tigre” Azcárraga), y que al paso de 14 años se ha triplicado en cantidad. El organismo recaudador, entonces de José María Zubiría, cobró ilegalmente un ISR por la venta de la compañía Acotel SA de CV, basado en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, y la única razón por la que no ha regresado los recursos es porque el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (y sus órganos antecesores) protegieron al SAT calderonista y hasta al de Enrique Peña Nieto.

El asunto tuvo que llegar hasta la Corte para que los ministros de la Segunda Sala sancionaran la actitud del TFJA y la pasividad de las autoridades fiscales, que confiadas en el apoyo judicial abandonaron el litigio y omitieron presentar pruebas y argumentos que sostuvieran una improbable legalidad del ISR que se cobró. Los ministros aprobaron el pasado 14 de abril la resolución que otorgó la protección de la justicia a la quejosa y, por lo tanto, instruyó a los magistrados fiscales a garantizar la devolución del impuesto con todos sus recargos y adiciones. Pero más tardó en anunciarse el resultado de la votación que en llegar desde la Secretaría de Hacienda una llamada de atención; específicamente desde la Procuraduría Fiscal de la Federación de Carlos Romero Aranda.

Además de una ardua labor de cabildeo con los ministros, el funcionario entregó a la autora de la sentencia, la propia Esquivel Mossa, una tarjeta informativa con sugerencias para modificar los efectos de la resolución; mismas que, de acuerdo con el texto preciso de la tarjeta, debían ser incluidas en el engrose para evitarle un daño al erario. La ilegalidad de la petición puso en alerta a los integrantes de la Corte, quienes enfrentaban un riesgo de desprestigio por el interés del gobierno de extender por dos años más el periodo de presidencia del ministro Arturo Zaldívar. Un nuevo escándalo por los intentos del Poder Ejecutivo para controlar al Poder Judicial no tenía en ese momento lugar, por lo que los ministros ratificaron la sentencia en sus términos originales.

Sin embargo, el Procurador Fiscal insiste en su cometido, y ha logrado que la ministra Esquivel solicite la figura de “aclaración de sentencia”, contemplada únicamente en la Ley como herramienta para precisar redacciones que confirmen los efectos de las resoluciones, no para modificar los alcances, pero usada indebidamente por Romero Aranda como una última oportunidad para evitar la millonaria devolución y para regresar el caso a evaluación del TFJA, lo que significaría una denegación de la justicia. En la discusión de este último recurso, que inicia hoy miércoles 8 de septiembre, los ministros saldrán a defender su independencia; mientras que Carlos Romero Aranda se juega su postulación, en el mes de noviembre, al cargo que dejará libre el ministro José Fernando Franco en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Una postulación como integrante de la Corte tiene ya prácticamente un valor monetario, pues para el Procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, la aspiración por convertirse en ministro le cuesta mil millones de pesos, los mismos que busca resguardar para el Servicio de Administración Tributaria a pesar de que el máximo órgano de justicia ha ordenado que le sean devueltos a una contribuyente.

Se trata del caso del Amparo Directo en Revisión 7472/2019, con el cual la Segunda Sala de la Corte, que preside la ministra Yasmín Esquivel Mossa, ordenó al SAT pagar un adeudo de 338 millones de pesos que mantiene desde 2007 con Carmela Azcárraga Milmo (hermana de Emilio “El Tigre” Azcárraga), y que al paso de 14 años se ha triplicado en cantidad. El organismo recaudador, entonces de José María Zubiría, cobró ilegalmente un ISR por la venta de la compañía Acotel SA de CV, basado en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, y la única razón por la que no ha regresado los recursos es porque el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (y sus órganos antecesores) protegieron al SAT calderonista y hasta al de Enrique Peña Nieto.

El asunto tuvo que llegar hasta la Corte para que los ministros de la Segunda Sala sancionaran la actitud del TFJA y la pasividad de las autoridades fiscales, que confiadas en el apoyo judicial abandonaron el litigio y omitieron presentar pruebas y argumentos que sostuvieran una improbable legalidad del ISR que se cobró. Los ministros aprobaron el pasado 14 de abril la resolución que otorgó la protección de la justicia a la quejosa y, por lo tanto, instruyó a los magistrados fiscales a garantizar la devolución del impuesto con todos sus recargos y adiciones. Pero más tardó en anunciarse el resultado de la votación que en llegar desde la Secretaría de Hacienda una llamada de atención; específicamente desde la Procuraduría Fiscal de la Federación de Carlos Romero Aranda.

Además de una ardua labor de cabildeo con los ministros, el funcionario entregó a la autora de la sentencia, la propia Esquivel Mossa, una tarjeta informativa con sugerencias para modificar los efectos de la resolución; mismas que, de acuerdo con el texto preciso de la tarjeta, debían ser incluidas en el engrose para evitarle un daño al erario. La ilegalidad de la petición puso en alerta a los integrantes de la Corte, quienes enfrentaban un riesgo de desprestigio por el interés del gobierno de extender por dos años más el periodo de presidencia del ministro Arturo Zaldívar. Un nuevo escándalo por los intentos del Poder Ejecutivo para controlar al Poder Judicial no tenía en ese momento lugar, por lo que los ministros ratificaron la sentencia en sus términos originales.

Sin embargo, el Procurador Fiscal insiste en su cometido, y ha logrado que la ministra Esquivel solicite la figura de “aclaración de sentencia”, contemplada únicamente en la Ley como herramienta para precisar redacciones que confirmen los efectos de las resoluciones, no para modificar los alcances, pero usada indebidamente por Romero Aranda como una última oportunidad para evitar la millonaria devolución y para regresar el caso a evaluación del TFJA, lo que significaría una denegación de la justicia. En la discusión de este último recurso, que inicia hoy miércoles 8 de septiembre, los ministros saldrán a defender su independencia; mientras que Carlos Romero Aranda se juega su postulación, en el mes de noviembre, al cargo que dejará libre el ministro José Fernando Franco en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.