/ lunes 11 de mayo de 2020

El Espectador | Empresarios piden justicia a Economía

Luego del hermetismo con el que la Secretaría de Economía, de Graciela Márquez, pretende impulsar el Proyecto de Ley de Infraestructura de la Calidad, mismo que sustituirá a la actual Ley de Metrología y Normalización, el sector empresarial asegura que ahora sí está listo para dar la batalla, y es que hasta el momento no han sido tomados en cuenta en otro tema que, dicho sea de paso, pone en juego la seguridad y salud de la población, e incluso el medio ambiente.

El principal argumento que les da la Dirección General de Normas, de Alfonso Guati, para respaldar su iniciativa sobre el PLIC, es que éste forma parte de los acuerdos a los que llegaron en la negociación para la implementación del T-MEC, y por ello la urgencia con la que se busca su aprobación.

Sin embargo, y aquí viene una de las principales inconsistencias de esta iniciativa, este proyecto de ley contempla concesiones a Estados Unidos y Canadá, sin que se sujeten a un trato recíproco, además de que hace extensivos ciertos privilegios del Tratado a otros que no forman parte del mismo, sin ningún beneficio para México, lo cual en definitiva pone en desventaja la competencia de nuestro país.

Lo cierto es que, diversos Diputados y Senadores, así como los mismos negociadores de este tratado, se han dado cuenta que no existe ninguna obligación en él que impida continuar con la actual legislación, por lo que no se entiende cómo es que, otra vez, no fueron consultados los expertos técnicos, las dependencias ni los organismos privados y públicos que operan el sistema de Normalización en México. Sobre todo que este mismo sector ha expresado sus intenciones de actualizar el marco normativo en la materia.

Por lo pronto, empresarios agrupados a la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), de Francisco Cervantes; al Consejo Nacional Agropecuario (CNA), de Bosco de la Vega; la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), de Enoch Castellanos; y recientemente la Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas (CANAME), de Hugo Gómez, entre otros, han cerrado filas para ejercer presión a la Comisión de Hacienda en el Senado, que preside Alejandro Armenta, y que dicha ley se discuta a Parlamento Abierto, como creen que tuvo que ser desde el principio.

La fecha límite para la recepción de quejas y opiniones es este 15 de mayo, mientras tanto los empresarios aumentan la presión para que se abran mesas de trabajo y dicha ley sea discutida y analizada entre todas las partes involucradas. De lo contrario, imagine usted que después cualquier hijo de vecino (eso sí, que tenga “palancas” y sea honesto como los que siembran en el SAT sin pena) podrá realizar pruebas y certificaciones de productos de uso cotidiano, sin exigir reciprocidad con reglas equitativas que garanticen sostener el mercado interno.

Asimismo, aseguran que el reclamo podría llegar incluso a la Consejería Jurídica, de Julio Scherer, o incluso a manos del mismo Andrés Manuel López Obrador, pues la ventaja que esta nueva ley le da a firmas y organismos extranjeros, deja fuera de la jugada a empresas mexicanas, lo que propiciaría miles de desempleos adicionales a los 500 mil que ya se han generado bajo el poder de la cuatroté.

hiroshi@oem.com.mx

Luego del hermetismo con el que la Secretaría de Economía, de Graciela Márquez, pretende impulsar el Proyecto de Ley de Infraestructura de la Calidad, mismo que sustituirá a la actual Ley de Metrología y Normalización, el sector empresarial asegura que ahora sí está listo para dar la batalla, y es que hasta el momento no han sido tomados en cuenta en otro tema que, dicho sea de paso, pone en juego la seguridad y salud de la población, e incluso el medio ambiente.

El principal argumento que les da la Dirección General de Normas, de Alfonso Guati, para respaldar su iniciativa sobre el PLIC, es que éste forma parte de los acuerdos a los que llegaron en la negociación para la implementación del T-MEC, y por ello la urgencia con la que se busca su aprobación.

Sin embargo, y aquí viene una de las principales inconsistencias de esta iniciativa, este proyecto de ley contempla concesiones a Estados Unidos y Canadá, sin que se sujeten a un trato recíproco, además de que hace extensivos ciertos privilegios del Tratado a otros que no forman parte del mismo, sin ningún beneficio para México, lo cual en definitiva pone en desventaja la competencia de nuestro país.

Lo cierto es que, diversos Diputados y Senadores, así como los mismos negociadores de este tratado, se han dado cuenta que no existe ninguna obligación en él que impida continuar con la actual legislación, por lo que no se entiende cómo es que, otra vez, no fueron consultados los expertos técnicos, las dependencias ni los organismos privados y públicos que operan el sistema de Normalización en México. Sobre todo que este mismo sector ha expresado sus intenciones de actualizar el marco normativo en la materia.

Por lo pronto, empresarios agrupados a la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), de Francisco Cervantes; al Consejo Nacional Agropecuario (CNA), de Bosco de la Vega; la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), de Enoch Castellanos; y recientemente la Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas (CANAME), de Hugo Gómez, entre otros, han cerrado filas para ejercer presión a la Comisión de Hacienda en el Senado, que preside Alejandro Armenta, y que dicha ley se discuta a Parlamento Abierto, como creen que tuvo que ser desde el principio.

La fecha límite para la recepción de quejas y opiniones es este 15 de mayo, mientras tanto los empresarios aumentan la presión para que se abran mesas de trabajo y dicha ley sea discutida y analizada entre todas las partes involucradas. De lo contrario, imagine usted que después cualquier hijo de vecino (eso sí, que tenga “palancas” y sea honesto como los que siembran en el SAT sin pena) podrá realizar pruebas y certificaciones de productos de uso cotidiano, sin exigir reciprocidad con reglas equitativas que garanticen sostener el mercado interno.

Asimismo, aseguran que el reclamo podría llegar incluso a la Consejería Jurídica, de Julio Scherer, o incluso a manos del mismo Andrés Manuel López Obrador, pues la ventaja que esta nueva ley le da a firmas y organismos extranjeros, deja fuera de la jugada a empresas mexicanas, lo que propiciaría miles de desempleos adicionales a los 500 mil que ya se han generado bajo el poder de la cuatroté.

hiroshi@oem.com.mx