Recientemente, el Foro Económico Mundial confirmó que la pandemia de Covid-19 fue un duro golpe para muchos, pero para el contrabando y la piratería significó una oportunidad para fortalecer su presencia. Si en México el consumo de productos apócrifos era una problemática añeja, con la llegada del Covid este mercado se ha robustecido ante la ineficacia de las autoridades.
La mencionada situación tiene dos orígenes, y el primero es la crisis económica ocasionada por la pandemia pues, de acuerdo con cifras del Inegi, en 2020 se perdieron 12 millones de empleos y se registró una caída de 8.5 por ciento del PIB.
Adicionalmente, el ingreso laboral se redujo en casi 11 por ciento y, para empeorar el escenario, la gente padeció un aumento de la inflación no visto desde hace más de 20 años.
El segundo factor es el crecimiento de las operaciones delictivas tras la emergencia sanitaria. Por ejemplo, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes señala que, en tres de cada 10 municipios, los pequeños negocios han sido amenazados por el crimen para vender productos piratas, la mayoría de ellos cigarros y alcohol.
El presidente de la ANPEC, Cuauhtémoc Rivera, asegura que mediante esas prácticas de intimidación, los cárteles obtienen ganancias que duplican o triplican sus costos de inversión.
Mientras empresas como las del tabaco reportaron a mediados de 2020 pérdidas de hasta el 30 por ciento debido al mercado negro.
Hablamos de que se vendieron siete mil millones de cigarros que no sólo evadieron impuestos, sino que representan una amenaza grave para la salud, ya que no tienen ninguna advertencia sanitaria y, peor aún, son de pésima calidad.
En este entorno económico adverso, el costo es un factor decisivo para que las personas opten por la compra de piratería.
La Encuesta Nacional sobre Hábitos de Consumo de Piratería indica que el 66 por ciento de la población admite que ha recurrido a estos bienes, sobre todo para ahorrar. Por lo que la Canacintra asegura que nuestro país ocupa el deshonroso cuarto lugar mundial en consumo de piratería y contrabando, que se traduce en un daño a la Hacienda pública estimado en el 1.25 por ciento del PIB.
Pero no se trata sólo de cifras macroeconómicas, en términos palpables, el desarrollo social y la salud de la gente se ven comprometidos por esta práctica, además de que fortalece a los grupos criminales.
Para empresarios y comerciantes resulta preocupante que las autoridades no hayan puesto en marcha alguna campaña para desestimar el consumo de productos ilegales, o para llamar la atención sobre los riesgos que este tipo de bienes conlleva.
Con pérdidas en la recaudación, peligros para la salud, ingresos laborales insuficientes y marcos legales y de seguridad laxos, el panorama obliga a tomar medidas, pues esta situación podría estancar la todavía precaria recuperación económica y social del país.
