/ viernes 22 de julio de 2022

El Espectador | Los refuerzos incómodos de Alito

Acorralado por diversas denuncias de corrupción, lavado de di-nero y delitos electorales, y por un desprestigio mayúsculo que le dejan las grabaciones reveladas en los últimos meses, Alejandro

Moreno se convierte en un verdadero lastre para el PRI, con el potencial de llevar al otrora partido hegemónico a perder su registro en el 2024. De ahí que el político campechano, rechazado también por su propia militancia, decidió enrolar en su dirigencia a una serie de refuerzos que considera “de peso”, es decir, a un grupo de seis exgobernadores que, además de contar con esa experiencia de haber ocupado uno de los cargos más importantes de la administración pública, cargan con buenos resultados en el manejo de la estrategia electoral.

El problema para Alito y para el Revolucionario Institucional es que casi la totalidad de esas cartas, que a partir de esta semana ocupan importantes secretarías en el organismo político, han sido objeto también de señalamientos por corrupción y por otros tantos delitos. De hecho, algunos de ellos pertenecen a esa generación dorada de los “jóvenes gobernadores del PRI”, la que también integraban figuras como Javier y César Duarte o Roberto Borge.

Por ejemplo, el exgobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera, tuvo incluso que ampararse a su salida del cargo para evitar una orden de aprehensión. Se le acusó de derrochar el presupuesto del estado y de aumentar los pasivos del mismo.

Salvador Jara, exgobernador de Michoacán, fue señalado por la Secretaría de Contraloría de aquel estado, junto al también exgobernador de esta entidad Fausto Vallejo, por los delitos de peculado, desvío de recursos, abuso de atribuciones y fraude. Rolando Zapata, exmandatario de Yucatán, también enfrentó denuncias de la contraloría local.

Igualmente se encuentra manchado Miguel Alonso Reyes, ex del estado de Zacatecas, quien desvió según las denuncias más de 300 millones de pesos del presupuesto de su estado, a través de 24 empresas fachada, y qué decir del caso de Ignacio Peralta de Colima, el político que dicen no sólo hizo votar a los muertos durante su proceso electoral, sino que durante su administración mantuvo presuntos pagos onerosos de nómina a maestros que ya no están en este mundo.

Joaquín Hendricks sería el único que no cuenta con una trayectoria oscura evidente, quizá porque sus sucesores en Quintana Roo, también priistas, tocaron extremos nunca antes vistos; pero el halo de corrupción envuelve a todo este grupo y al partido, y como un hecho histórico lo pone al borde la extinción.

ENÓMINA REITERA

Apelando a su derecho de réplica, Gustavo Waldhelm Boletig, apoderado legal de eNómina, insiste: “Se reitera lo manifestado previamente por eNómina”, dice en una nueva misiva que por razones de espacio en esta ocasión se resume. “A la fecha, eNómina no tiene conocimiento de la existencia de denuncias en contra de Gustavo Boletig, ni en contra de eNómina, ni en contra de Renato Cesar Vieira Araujo, ni por parte de la Consusef, ni por parte de la CNBV, ni por parte de la Secretaría de Hacienda, ni por otra entidad”.

También reiteramos que este reportero tiene en su poder copia íntegra de la denuncia de carácter ciudadano en contra de eNómina SA de CV, Gustavo Waldheim Boletig y Renato Cesar Vieira Araujo, misma que fue interpuesta ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Procuraduría Federal del Consumidor, independientemente de que eNómina y sus representantes tengan conocimiento de la existencia de la misma o no.

Acorralado por diversas denuncias de corrupción, lavado de di-nero y delitos electorales, y por un desprestigio mayúsculo que le dejan las grabaciones reveladas en los últimos meses, Alejandro

Moreno se convierte en un verdadero lastre para el PRI, con el potencial de llevar al otrora partido hegemónico a perder su registro en el 2024. De ahí que el político campechano, rechazado también por su propia militancia, decidió enrolar en su dirigencia a una serie de refuerzos que considera “de peso”, es decir, a un grupo de seis exgobernadores que, además de contar con esa experiencia de haber ocupado uno de los cargos más importantes de la administración pública, cargan con buenos resultados en el manejo de la estrategia electoral.

El problema para Alito y para el Revolucionario Institucional es que casi la totalidad de esas cartas, que a partir de esta semana ocupan importantes secretarías en el organismo político, han sido objeto también de señalamientos por corrupción y por otros tantos delitos. De hecho, algunos de ellos pertenecen a esa generación dorada de los “jóvenes gobernadores del PRI”, la que también integraban figuras como Javier y César Duarte o Roberto Borge.

Por ejemplo, el exgobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera, tuvo incluso que ampararse a su salida del cargo para evitar una orden de aprehensión. Se le acusó de derrochar el presupuesto del estado y de aumentar los pasivos del mismo.

Salvador Jara, exgobernador de Michoacán, fue señalado por la Secretaría de Contraloría de aquel estado, junto al también exgobernador de esta entidad Fausto Vallejo, por los delitos de peculado, desvío de recursos, abuso de atribuciones y fraude. Rolando Zapata, exmandatario de Yucatán, también enfrentó denuncias de la contraloría local.

Igualmente se encuentra manchado Miguel Alonso Reyes, ex del estado de Zacatecas, quien desvió según las denuncias más de 300 millones de pesos del presupuesto de su estado, a través de 24 empresas fachada, y qué decir del caso de Ignacio Peralta de Colima, el político que dicen no sólo hizo votar a los muertos durante su proceso electoral, sino que durante su administración mantuvo presuntos pagos onerosos de nómina a maestros que ya no están en este mundo.

Joaquín Hendricks sería el único que no cuenta con una trayectoria oscura evidente, quizá porque sus sucesores en Quintana Roo, también priistas, tocaron extremos nunca antes vistos; pero el halo de corrupción envuelve a todo este grupo y al partido, y como un hecho histórico lo pone al borde la extinción.

ENÓMINA REITERA

Apelando a su derecho de réplica, Gustavo Waldhelm Boletig, apoderado legal de eNómina, insiste: “Se reitera lo manifestado previamente por eNómina”, dice en una nueva misiva que por razones de espacio en esta ocasión se resume. “A la fecha, eNómina no tiene conocimiento de la existencia de denuncias en contra de Gustavo Boletig, ni en contra de eNómina, ni en contra de Renato Cesar Vieira Araujo, ni por parte de la Consusef, ni por parte de la CNBV, ni por parte de la Secretaría de Hacienda, ni por otra entidad”.

También reiteramos que este reportero tiene en su poder copia íntegra de la denuncia de carácter ciudadano en contra de eNómina SA de CV, Gustavo Waldheim Boletig y Renato Cesar Vieira Araujo, misma que fue interpuesta ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Procuraduría Federal del Consumidor, independientemente de que eNómina y sus representantes tengan conocimiento de la existencia de la misma o no.