/ viernes 8 de julio de 2022

El Espectador | Ni de aquí ni de allá

Una nueva caravana migrante, conformada por más de dos mil personas en su mayoría originarias de Venezuela, se dirige a la frontera norte de México en la búsqueda del “sueño americano”, esto en la temporada en que la propia Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, así como el Instituto Nacional de Migración han registrado un flujo récord, pues al cierre del 2021 se tenía conteo de casi dos millones de indocumentados y en lo que va del año superan los 116 mil. Es en ese escenario en el que las autoridades de las ciudades fronterizas deben sortear la ola de desplazados y echar mano de programas al vapor para enfrentar la crisis. Tan solo en Tijuana, Baja California, el punto fronterizo más transitado del mundo, se han dispuesto 25 albergues para recibir a la población desplazada, pero sin protocolos de atención ni políticas de integración social, la operación de los mencionados refugios termina siendo un fracaso. Sin agua, luz, caminos, servicios médicos y con insumos finitos, los migrantes que no logran cruzar la frontera terminan engrosando las filas de los sin hogar.

La nula coordinación municipal, estatal y federal ha permitido que actualmente hayan alrededor de 500 menores de edad en los refugios de Tijuana que terminan a cargo de organizaciones civiles sin supervisión de las instituciones del Estado, como debería ser el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias. No hay registro, ni presupuesto, ni padrón, ni vigilancia de las niñas, niños y adolescentes que por algún motivo quedaron varados sin sus padres en el cruce más letal a nivel mundial, tras registrar mil 238 muertes durante el año pasado. De ahí que los empresarios de la región han tenido que asumir las funciones del Estado para evitar que la inseguridad se incremente en la región. Por convocatoria del regidor de Tijuana, Juan Carlos Hank, se organizan jornadas y donativos para equipar los albergues, para pagar sueldos de médicos que puedan atender a los desplazados e incluso que se otorguen asesorías legales para que los migrantes puedan gestionar diversos trámites, incluidos los de solicitar apoyo para volver a sus lugares de origen.

Además, el heredero del legado político de los Hank ha convocado a un foro internacional para que expertos, académicos, autoridades y exfuncionarios de municipios fronterizos y de países de origen y destino se sienten a la mesa a proponer programas y políticas públicas coordinadas que permitan afrontar la crisis pues, sin documentación, es imposible que los migrantes se integren a la sociedad tras no conseguir entrar a Estados Unidos, por lo que se quedan del lado mexicano en donde hay actualmente más de dos mil vacantes en sectores como el maquilero, el textil y el agropecuario, por mencionar algunos.

Una nueva caravana migrante, conformada por más de dos mil personas en su mayoría originarias de Venezuela, se dirige a la frontera norte de México en la búsqueda del “sueño americano”, esto en la temporada en que la propia Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, así como el Instituto Nacional de Migración han registrado un flujo récord, pues al cierre del 2021 se tenía conteo de casi dos millones de indocumentados y en lo que va del año superan los 116 mil. Es en ese escenario en el que las autoridades de las ciudades fronterizas deben sortear la ola de desplazados y echar mano de programas al vapor para enfrentar la crisis. Tan solo en Tijuana, Baja California, el punto fronterizo más transitado del mundo, se han dispuesto 25 albergues para recibir a la población desplazada, pero sin protocolos de atención ni políticas de integración social, la operación de los mencionados refugios termina siendo un fracaso. Sin agua, luz, caminos, servicios médicos y con insumos finitos, los migrantes que no logran cruzar la frontera terminan engrosando las filas de los sin hogar.

La nula coordinación municipal, estatal y federal ha permitido que actualmente hayan alrededor de 500 menores de edad en los refugios de Tijuana que terminan a cargo de organizaciones civiles sin supervisión de las instituciones del Estado, como debería ser el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias. No hay registro, ni presupuesto, ni padrón, ni vigilancia de las niñas, niños y adolescentes que por algún motivo quedaron varados sin sus padres en el cruce más letal a nivel mundial, tras registrar mil 238 muertes durante el año pasado. De ahí que los empresarios de la región han tenido que asumir las funciones del Estado para evitar que la inseguridad se incremente en la región. Por convocatoria del regidor de Tijuana, Juan Carlos Hank, se organizan jornadas y donativos para equipar los albergues, para pagar sueldos de médicos que puedan atender a los desplazados e incluso que se otorguen asesorías legales para que los migrantes puedan gestionar diversos trámites, incluidos los de solicitar apoyo para volver a sus lugares de origen.

Además, el heredero del legado político de los Hank ha convocado a un foro internacional para que expertos, académicos, autoridades y exfuncionarios de municipios fronterizos y de países de origen y destino se sienten a la mesa a proponer programas y políticas públicas coordinadas que permitan afrontar la crisis pues, sin documentación, es imposible que los migrantes se integren a la sociedad tras no conseguir entrar a Estados Unidos, por lo que se quedan del lado mexicano en donde hay actualmente más de dos mil vacantes en sectores como el maquilero, el textil y el agropecuario, por mencionar algunos.