/ jueves 19 de noviembre de 2020

El Espectador | Radiocomunicación a calzador

Comenzó sonando como un rumor y hoy truena como un caudaloso río después de lluvias que levanta a su paso preocupación en el primer círculo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien no se ha cansado de repetir que no tolerará la corrupción. Seguramente no estará de acuerdo con las suspicacias que generan contratos en seguridad pública, principal urgencia interna y de interés nacional. Hablamos de lo que ocurre con las redes de radiocomunicación, en donde municipios y estados se han esforzado por actualizar su infraestructura acorde con sus necesidades y presupuestos específicos cobijados por un mercado abierto, con múltiples proveedores y total libertad de elección.

Si bien en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) se impulsa esta sana dinámica para la actualización de la Red Nacional de Radiocomunicación (RNR), al interior del organismo que dirige Leonel Cota hay un grupo de funcionarios que ya sin pudor, apoyan abiertamente a un proveedor y operan con estados para “invitarlos” a elegir dicha opción mientras limitan la participación de otras empresas del sector. Lo preocupante es que no se trata de un contrato en específico, sino de todo un armado estructural que tiene la finalidad de imponer un monopolio bajo la argumentación de que dicha propuesta es la más viable y conveniente tanto tecnológica como financieramente, cuando no hay pruebas que lo sustenten.

Solo así se entendería la campaña que encabeza David Pérez Esparza, titular del Centro Nacional de Información (CNI), quien con bombo y platillo difundió el reciente contrato que Oaxaca, de Alejandro Murat, firmó con Motorola Solutions, acompañado de Manuel Vera, Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, quienes ante los medios de comunicación se han convertido en una especie de voceros de la compañía que comanda Alejandro Posadas.

Oaxaca pagó 60 millones de pesos por dos sitios Astro P25, y terminará pagando más de 600 millones por 20 más, mientras que Chihuahua, de Javier Corral, erogó 413 millones por 27 sitios Tetrapol, como cuestionó Mony de Swaan, último Comisionado Presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, a Pérez Esparza vía Twitter, quien no respondió a pesar de que el titular de la CNI se ha dedicado a desprestigiar todo texto que sale en la prensa que no sea pro P25.

También resulta extraña la cobertura mediática que tanto Manuel Vera como David Pérez han realizado sobre este contrato en Oaxaca cuando otras entidades y municipios han realizado importantes inversiones y esfuerzos por modernizar sus redes de radiocomunicación en los últimos años.

Pareciera que al no haber elegido Astro P25 no han sido merecedores de los halagos que los funcionarios han hecho por la adquisición de esta tecnología. Ante esto, expertos en la materia comienzan a cuestionarse los hurras gubernamentales cuando no hay ninguna prueba sobre su interoperatividad con otros protocolos abiertos, más cuando la intención del CNI es que toda la RNR migre a P25, lo que dejaría fuera a prácticamente todo el sector.

Comenzó sonando como un rumor y hoy truena como un caudaloso río después de lluvias que levanta a su paso preocupación en el primer círculo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien no se ha cansado de repetir que no tolerará la corrupción. Seguramente no estará de acuerdo con las suspicacias que generan contratos en seguridad pública, principal urgencia interna y de interés nacional. Hablamos de lo que ocurre con las redes de radiocomunicación, en donde municipios y estados se han esforzado por actualizar su infraestructura acorde con sus necesidades y presupuestos específicos cobijados por un mercado abierto, con múltiples proveedores y total libertad de elección.

Si bien en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) se impulsa esta sana dinámica para la actualización de la Red Nacional de Radiocomunicación (RNR), al interior del organismo que dirige Leonel Cota hay un grupo de funcionarios que ya sin pudor, apoyan abiertamente a un proveedor y operan con estados para “invitarlos” a elegir dicha opción mientras limitan la participación de otras empresas del sector. Lo preocupante es que no se trata de un contrato en específico, sino de todo un armado estructural que tiene la finalidad de imponer un monopolio bajo la argumentación de que dicha propuesta es la más viable y conveniente tanto tecnológica como financieramente, cuando no hay pruebas que lo sustenten.

Solo así se entendería la campaña que encabeza David Pérez Esparza, titular del Centro Nacional de Información (CNI), quien con bombo y platillo difundió el reciente contrato que Oaxaca, de Alejandro Murat, firmó con Motorola Solutions, acompañado de Manuel Vera, Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, quienes ante los medios de comunicación se han convertido en una especie de voceros de la compañía que comanda Alejandro Posadas.

Oaxaca pagó 60 millones de pesos por dos sitios Astro P25, y terminará pagando más de 600 millones por 20 más, mientras que Chihuahua, de Javier Corral, erogó 413 millones por 27 sitios Tetrapol, como cuestionó Mony de Swaan, último Comisionado Presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, a Pérez Esparza vía Twitter, quien no respondió a pesar de que el titular de la CNI se ha dedicado a desprestigiar todo texto que sale en la prensa que no sea pro P25.

También resulta extraña la cobertura mediática que tanto Manuel Vera como David Pérez han realizado sobre este contrato en Oaxaca cuando otras entidades y municipios han realizado importantes inversiones y esfuerzos por modernizar sus redes de radiocomunicación en los últimos años.

Pareciera que al no haber elegido Astro P25 no han sido merecedores de los halagos que los funcionarios han hecho por la adquisición de esta tecnología. Ante esto, expertos en la materia comienzan a cuestionarse los hurras gubernamentales cuando no hay ninguna prueba sobre su interoperatividad con otros protocolos abiertos, más cuando la intención del CNI es que toda la RNR migre a P25, lo que dejaría fuera a prácticamente todo el sector.