Autoridades de los tres niveles de gobierno coordinan acciones y programas para atender el grave problema que representan los vehículos irregulares que circulan en Baja California, cuyos propietarios son defraudados por vivales que ya han caído tras las rejas pero siguen haciendo de las suyas.
Desafiando abiertamente el imperio de la ley, los sujetos expiden placas con sus iniciales para que los incautos circulen en las unidades que de acuerdo a las investigaciones de las corporaciones policiacas, son usadas para cometer delitos.
Simplemente un conductor de esos automóviles choca a otro vehículo y se da a la fuga, sin responder por los daños ocasionados, ya que la charchina la adquirió a un costo bajo que no le importa perderla y le sale más caro reparar los perjuicios que provocó.
José Luis Vázquez Espinoza, César Cázares Trewartha, Gilberto Leyva Camacho y Eduardo Vázquez Bustamante, comerciantes de autos usados, durante las anteriores administraciones estatales emanadas del Partido Acción Nacional, denunciaron el negocio fuera de la ley de los llamados autos chocolate.
Sus palabras encontraron oídos sordos, y ahora esperan que el nuevo régimen que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, tome cartas en el asunto para meter en cintura a los pillos que lucran con la ignorancia y la necesidad de las personas.
LA POLÍTICA ES ASÍ
Jaime Bonilla Valdez, en el tema de la salud, sostiene que las unidades médicas móviles que contempla atenderán principalmente el llamado "sur profundo" de la entidad, además de que su gobierno, mediante un acuerdo de coordinación con el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), garantizará la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social.
Añade el gobernador Bonilla Valdez que su administración ofrecerá resultados a la ciudadanía, "pese a la postura negativa e irracional de grupos y actores políticos derrotados por su arrogancia e impericia política", que pretenden acallar las iniciativas y acciones para sacar de la bancarrota a Baja California.
Dice que quieren callar y pretenden hacer fracasar los compromisos de campaña, sólo que la ciudadanía ya no les cree porque no olvida que han sido cómplices de gobernantes corruptos, pero todavía piensan en recuperar el poder para seguirse enriqueciendo a costillas del pueblo, atentando contra la educación de nuestros jóvenes universitarios, la salud y la seguridad de las familias, frustrando los sueños de varias generaciones”.
En cuanto a las Jornadas por la Paz que lleva a cabo el gobierno estatal los fines de semana, revela que durante el pasado mes de enero se atendió a cinco mil 400 colonos en toda la entidad, con quienes se establecieron acuerdos concretos.
El hombre que tiene la confianza del presidente López Obrador, hace hincapié en el punto 16 de su programa de cien puntos específicos, respecto al empleo para jóvenes, afirmando que su gobierno tiene como objetivo la entrega de una cantidad económica anual, para cubrir seis meses de capacitación y otros seis meses para inserción al mercado de este sector de la población, mediante el programa Mi primer trabajo.
Sobre los desayunos escolares en los planteles de educación primaria en el estado, informa que a la fecha se entrega un total de 290 mil desayunos calientes y de calidad a igual número de menores, destacando la organización cada vez mejor de este programa con la participación de los propios padres de familia.
También recordó que durante su campaña se comprometió a mejorar la atención a la ciudadanía en los diferentes trámites que llevan a cabo en las oficinas del gobierno estatal, lo que es ya una realidad, verbigracia la licencia de conducir permanente, con lo cual se evitan gastos mayores a los contribuyentes.
Amador Rodríguez Lozano rechaza la afirmación de representantes del PAN en el sentido de que la actual administración estatal está ejerciendo terrorismo fiscal, por lo que el secretario general de Gobierno, establece que en contrapartida, los gobiernos del Partido Acción Nacional dejaron un estado quebrado.
“Entre más les buscamos más encontramos; hay una deuda de más de 32 mil millones de pesos, dejaron vehículos inservibles, equipo de cómputo obsoleto, y un sinfín de proveedores a los que no se les pagaba, pero sobre todo pagos pendientes en medicinas poniendo en peligro la salud de miles de personas”, asentó Rodríguez Lozano.
Responde a los señalamientos del blanquiazul recalcando que el gobierno de Jaime Bonilla Valdez ha actuado en responsabilidad, incrementando algunos gravámenes que no afectan al bolsillo de los ciudadanos, por ejemplo el impuesto a los casinos que en todos los estados pagan 900 millones de pesos al año y en Baja California, con la complacencia de los panistas tan sólo pagaban 200 millones al año.
Arturo González Cruz eliminó la deuda de 1,400 millones de pesos, que es la segunda más grande del Ayuntamiento de Tijuana, luego de los 2 mil millones del Programa Integral de Repavimentación (PIRE), y que otra empresa instale 1,500 cámaras nuevas de vigilancia, a fin de abatir delitos y los índices de violencia.
Para el alcalde de Tijuana, González Cruz fue un día muy importante para la ciudad, al haber logrado en base de la negociación solventar la segunda deuda más alta, pero además el monto generado por los intereses, daños y perjuicios.
Explica el primer edil que el compromiso se generó en 2006 por las cámaras que instalaron para vigilancia y foto-multas, y con las negociaciones desde octubre, se logró que la empresa firmara un documento donde renuncia, en su detrimento, al derecho del cobro del adeudo existente con el Ayuntamiento, así como a su demanda de restablecer las multas electrónicas.
González Cruz según los observadores, actúa de una manera juiciosa, para responder a la confianza de los tijuanenses, sin buscar el protagonismo de sus antecesores como Jorge Ramos al que acusan de pavimentar para obtener jugosas comisiones, aparte de vender calles alrededor de Palacio Municipal y el primer cuadro de la ciudad, entre otras maniobras oscuras.
Marco Aurelio Gámez Servín, encargado de la transición del Seguro Popular a Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), siguiendo las instrucciones del gobernador Jaime Bonilla Valdez y del secretario de Salud Alonso Pérez Rico, continúa promoviendo las bondades del nuevo esquema al pendiente de las necesidades de las personas que acuden a las clínicas y hospitales de Baja California.
David Gutiérrez Inzunza titular regional de Cofepris en Tijuana, Tecate y Rosarito, viene procediendo en contra de charlatanes que se publicitan con la venta de una vacuna contra el coronavirus, en respuesta a quejas de la población.
Mayra Yanin Rendón, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud en Tijuana, exhibió un gran poder de convocatoria en el festejo que ofreció a las enfermeras en su día, y hubo quienes comentaron que está perfilada para un puesto de elección popular abanderando a Morena.
Fátima Mendoza Sanabia, delegada en El Porvenir, demuestra una gran vocación de servicio atendiendo los planteamientos de la gente que felicita al presidente municipal de Ensenada, Armando Ayala Robles, por el trabajo que desarrolla la funcionaria cumpliendo con los postulados de la Cuarta Transformación.
Justo es anotar por otra parte, que Fátima agradeció la intervención del secretario de Salud del estado, Alonso Pérez Rico, para canalizar al Hospital General de Ensenada, a un joven de la comunidad de San José de la Zorra, que sufrió un accidente y requería atención médica urgente.
Víctor Manuel Hernández | Encargado del área de comunicación de la Secretaría de Salud de Baja California
Contacto: cambio29@hotmail.com
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