Enemigos de la Cuarta Transformación en Baja California, y por añadidura detractores del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, arremeten en contra de la administración estatal de Jaime Bonilla Valdez, quien al frente del Poder Ejecutivo sostiene con mano firme el timón ante la tempestad.
Dos primeras bajas en el equipo del gobernador Bonilla Valdez, alientan a los tiburones del Partido Acción Nacional que durante treinta años saquearon las arcas del gobierno, llevando a la entidad a un retroceso con abusos y corruptelas que hartaron a los electores.
Sin embargo, de acuerdo a los acuciosos y perspicaces observadores de la política, muy poco les puede durar el gusto a los panistas al perfilarse en breve varias denuncias formales por irregularidades en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Estatal, el Registro Público de la Propiedad y el Tribunal de Arbitraje de la Secretaría del Trabajo.
Oportunamente la presidenta y directora del DIF Estatal, Blanca Fabela, reveló que le dejaron un cochinero en la dependencia que representaba Brenda Ruacho de Vega, en tanto que en el Registro Público de la Propiedad descubrieron anomalías por las que eventualmente tendría que responder José Antonio Araiza.
Aseguran los enterados que en el Tribunal de Arbitraje con sede en Mexicali, desde hace tiempo los dirigentes del Sindicato de Burócratas, Genaro Díaz y Lázaro Mosqueda, destaparon la cloaca en la oficina de la entonces presidenta Ana Lourdes Ortega Ávila, quien trascendió, aparece embarrada en actos de corrupción con litigantes mexicalenses encabezados por Rodrigo Mejorada y Leonardo Martínez Delgado, quien era consejero jurídico del Ayuntamiento de Tijuana, todos vinculados al PAN.
Por eso, Guillermo Ruiz Hernández, fiscal general del estado, viene aceitando su maquinaria, el trabuco jurídico, para proceder conforme a la ley en cuanto el ángel de la muerte cumpla el destino fatal de los presuntos responsables, toda vez que la sociedad exige castigo ejemplar a quienes robaron del erario.
Mientras tanto, Héctor Mares Cossío, que ha pintado su pelo con la experiencia, rindió protesta como oficial mayor, y Laura Torres entró a dirigir la Secretaría de Bienestar Social.
Ambos, Mares y Torres, asumiendo el compromiso de responder a la confianza que en ellos depositó el jefe del Ejecutivo Estatal, Jaime Bonilla Valdez, enfrentando la adversidad sin temor.
Pues como decía José Martí, triste cosa es no tener amigos, pero más triste es no tener enemigos, porque quien enemigos no tenga, es señal de que no tiene ni talento que haga sombra, ni bienes que se le codicien, ni carácter que impresione, ni valor temido, ni honra de la que se murmure, ni ninguna cosa buena que se le envidie.
LA POLÍTICA ES ASÍ
Arturo Herrera, secretario de Hacienda, según la columna Templo Mayor del periódico Reforma, será el héroe anónimo en la aprobación del T-MEC en el Congreso de EU, con todo y que negociación la ha llevado la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque dicen que una maniobra a tiempo de la SHCP ayudó a destrabar un tema bastante espinoso.
Para que el acuerdo avanzara una condición fue solucionar una derrama de aguas residuales desde Tijuana hacia territorio de Estados Unidos, siendo un asunto que ya había sido tratado durante la negociación del TLCAN y se solucionó con obras que, 25 años después, están rebasadas.
Resulta que el staff de Herrera se puso las pilas para asignar en el presupuesto 2020 una partida de 260 millones de pesos para atender las 4 plantas de bombeo de Tijuana y crear un nuevo plan de saneamiento con visión al 2030.
Adolfo Gaspar y Yadira Hernández, miembros distinguidos del Grupo Político Tijuana que preside Salvador Kayachanian, entregaron a la presidenta y directora general del DIF Estatal, Blanca Fabela, varios regalos para los niños de los albergues que maneja la institución que dejaron en la quiebra las administraciones panistas.
Ildefondo Guajardo Villarreal, ex secretario de Economía de México, quedó muy contento por la respuesta del sector empresarial en su conferencia magistral intitulada Reconfigurando la relación con los Estados Unidos y las implicaciones del T-MEC, auspiciada por Carlos Bustamante Anchondo, David Saúl Guakil y Rufo Ibarra Batista.
Ya que acudieron a escuchar la disertación de Guajardo, los empresarios Salomón Cohen, Humberto Jaramillo, Karim Chalita, Felipe Pavlovich, así como los directivos de organismos de la sociedad civil Carlos Hernández González, Héctor García y Olegario Miller entre otros personajes.
Con sensibilidad social, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, instruyó al director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), Rigoberto Laborín Valdez, suspender en este mes de diciembre el anunciado Programa de Racionamiento en el Uso de Agua.
Bonilla lo hizo en reconocimiento a la buena respuesta ciudadana durante las semanas previas en las que la paraestatal implementó la agenda de suspensiones en la distribución por secciones, a fin de dar tiempo a la recuperación del embalse por bombeo del Acueducto Río Colorado Mexicali-Tijuana y los arrastres pluviales de las cuencas en arroyos de la región.
Precisamente el director de la CESPT confirmó lo anterior al indicar que ya se había anunciado el racionamiento de este mes, siguiendo con lo programado, pero el mandatario estatal optó por la cancelación del mismo, considerando que la ciudadanía y los comerciantes demandan tranquilidad y seguridad en estas fechas decembrinas, por lo que se actuó en consecuencia.
"Es una forma de corresponder a la buena disposición mostrada por los usuarios de la CESPT, en un esfuerzo ejemplar del cuidado del agua, que nos favoreció en la recuperación de niveles en la presa El Carrizo; confiamos en que seguiremos contando con el apoyo ciudadano en este plan", dijo Laborín Valdez.
Por otra parte, Jaime Bonilla Valdez, se reunió con las empresas involucradas en la habilitación del Servicio Médico Forense (Semefo) en Tijuana y llegó a un acuerdo de pago para concluir las obras que resolverán el problema de los malos olores que aquejan a vecinos de las colonia Cacho y Juárez.
Durante la entrevista, el mandatario estatal explicó “que el problema de contaminación en el medio ambiente, está rebasado desde hace mucho tiempo, causando grandes afectaciones a las personas que viven en los alrededores, mermando su salud por los olores de los cuerpos en descomposición y las chimeneas de los crematorios, lo que ha provocado el malestar ciudadano”.
En ese contexto, Bonilla pidió la revisión de los contratos con las empresas responsables del proyecto de acondicionamiento adecuado, mismos que se hicieron a través de Oficialía Mayor de la anterior administración, a fin de subsanar las deficiencias operativas del Servicio Médico Forense (Semefo).
La primera empresa es Crime-lab, fabricante y proveedor de los suministros de equipo forense, que se encarga de la instalación de cuartos de refrigeración e instalaciones eléctricas apropiadas para el buen funcionamiento de la institución: y la segunda, es una empresa constructora que diseña los nuevos espacios para la distribución de los equipos.
Justo es anotar que en esta reunión, tanto funcionarios públicos como representantes comerciales, expusieron al gobernador Bonilla Valdez, los puntos importantes que hay que resolver a la brevedad. El primero es que en la actualidad se reciben aproximadamente 30 cuerpos diarios en las instalaciones de Semefo y el cuarto frío existente no tiene la capacidad para mantenerlos, además ya está en desuso.
Víctor Manuel Hernández | Encargado del área de comunicación de la Secretaría de Salud de Baja California
Contacto: cambio29@hotmail.com
