Un pasivo superior a los 30 mil millones de pesos dejan en la administración estatal de Baja California, los gobernantes que militan en el Partido Acción Nacional, al terminar tres décadas de abusos y corruptelas que hartaron a la gente que hoy reclama justicia, demandando un castigo ejemplar a los saqueadores del erario público.
Son los panistas que ha señalado el gobernador Jaime Bonilla Valdez, y muchos que le faltó mencionar como Jesús González Reyes, Jorge Ramos Hernández y Héctor Osuna Jaime, que sumieron en el retroceso a Tijuana.
Gente del PAN que llegó al gobierno con una mano atrás y otra adelante, habitantes de los desarrollos habitacionales Alfa Panamericano, Infonavit del Río y Torres del Lago, donde estaban hacinados con sus familias, por lo que al entrar a cobrar en el sector público su único propósito fue servirse para salir de pobres.
Así, al concluir una nueva etapa de gobierno en Baja California, las administraciones surgidas del Partido Acción Nacional heredan, luego de treinta años de gestión, un pasivo superior a los 30 mil millones de pesos, cuando en enero de 1989, el gobernador Xicoténcatl Leyva Mortera entregó un balance con ceros pasivos en deuda pública, sin adeudos con la banca, ni de pasivos de ejercicios anteriores.
Maestros y burócratas gozaban de los beneficios del ISSSTECALI que hoy está en quiebra, y las familias de los bajacalifornianos disfrutaban del Parque Morelos y del Parque de la Amistad que luego cercenaron los del blanquiazul para hacer negocio con los terrenos.
También a través del Programa Estatal de Fraccionamientos Populares se entregaron terrenos con servicios públicos a las clases populares, y se resolvió de manera integral el problema de agua y drenaje en la Zona Costa.
¿Qué hicieron los siguientes titulares del Poder Ejecutivo del Estado?, se preguntan los críticos y perspicaces observadores -aludiendo desde Ernesto Ruffo, Alejandro González Alcocer, Eugenio Elorduy, José Guadalupe Osuna Millán y Francisco Vega de Lamadrid-, pues enriquecerse, contestan.
Porque en 30 años construyeron las mentadas pichoneras para llenar sus costales de dinero, mediante la venta de casas, en tanto que los servicios de agua, drenaje y alumbrado público son deficientes al estar ellos ocupados en sus trapacerías sin importarles las necesidades de la gente.
De ahí que el gobernador Jaime Bonilla Valdez recalque las condiciones en que recibe el estado, basándose en un balance publicado el 4 de enero de 1989, firmado por el entonces secretario de Finanzas del estado, Humberto Tessada Romero, dando cuenta de disponibilidad en bancos, cuentas por cobrar a la Federación.
Además, documentos por cobrar y otros rubros, por más de 27 mil millones de pesos (cifra actual de esa fecha antes de la eliminación de tres ceros a la moneda nacional). En el mismo documento se observa que en el cuadro de pasivo, no hay deuda pública, ni prestaciones y adeudos con la banca, ni de otros pasivos de administraciones y ejercicios anteriores.
Los apartados correspondientes a pasivos acumulados, retenciones al personal, depósitos en garantía, participaciones a los municipios y acreedores diversos, aparecen en cero. Mientras que de acuerdo con datos de la Auditoría Superior de la Federación, la deuda pública interna generada por los gobiernos posteriores hasta el presente año 2019, es de hasta por 32 mil millones de pesos, es decir más de un mil millones por año.
Conforme a los reportes de la Secretaría de Hacienda, solo en la administración del gobierno de Francisco Vega de Lamadrid, se desviaron 4 mil 600 millones, se ocultaron 802 en deuda y se pagaron intereses sin razón.
LA POLÍTICA ES ASÍ
A propósito de las raterías blanquiazules, el secretario del Trabajo y Previsión Social del estado, Sergio Moctezuma Martínez, recibió instrucciones del gobernador Jaime Bonilla Valdez para destapar la cloaca del Tribunal de Arbitraje del Estado, donde Ana Lourdes Ortega Ávila hizo un mercado para vender laudos a diestra y siniestra, según denuncias de burócratas y maestros afectados por la dama de marras.
José Ignacio Monge Rangel, representante de la Secretaría de Gobernación, acudió al aeropuerto de Mexicali para recibir a su jefa Olga Sánchez Cordero, quien acudió a la toma de protesta del gobernador Jaime Bonilla Valdez, llevando la representación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Con Nacho Monge también estuvo en la terminal aérea, Mario Escobedo como representante del mandatario estatal.
El gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis felicitó ampliamente a su procurador de justicia Daniel de la Rosa Anaya, por su aportación para reducir el índice delictivo, pidiendo un aplauso para el servidor público que responde con hechos a la confianza del mandatario estatal sudcaliforniano.
Organismos de la sociedad civil, colegios y barras de abogados, respaldan la demanda de juicio político contra el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello y sus colaboradores que se entrometen en los asuntos de Baja California, violando flagrantemente la soberanía del estado.
Salvador Kayachanian, presidente del Grupo Político Tijuana, dijo que en ese contexto avalan las declaraciones de Tirso Adolfo Liévano Hernández, ex presidente de la Federación Estatal de Abogados, para solicitar juicio político a los funcionarios del INE.
El empresario y presidente del organismo de la sociedad civil, agregó que los bajacalifornianos están apoyando a su gobernador Jaime Bonilla Valdez para que sirva al frente del Ejecutivo Estatal por cinco años de acuerdo a la iniciativa del diputado local Víctor Manuel Morán Hernández, aprobada por el Congreso del Estado.
Kayachanian manifestó que los abogados y catedráticos Jorge Escárcega, Esteban Tinajero, José Antonio Serratos y Carlos Flores, vienen deliberando para que a nivel gremial se les ponga un hasta aquí a esa gente que le hace el caldo gordo al Partido Acción Nacional.
Lorenzo Córdova, Marco Antonio Baños, Ciro Murayama y Pamela San Martín, utilizan las siglas del INE para estar despotricando al intentar confundir a la opinión pública cuando ni siquiera viven en Baja California.
Son personajes que sirven de paleros al PAN, junto con Gustavo de Hoyos Walther de la Coparmex, y otros vividores de la política que se han beneficiado del sistema neoliberal que por 30 años abusó del poder en la entidad, hasta que la ciudadanía se cansó de tantas corruptelas de los panistas y los repudió en las urnas.
Es que se está pidiendo juicio político contra el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello y otros consejeros, que violando sus propios lineamientos, se han inmiscuido en la vida política del estado libre y soberano de Baja California.
A sabiendas que sólo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinará la ampliación o no del ejercicio del Ejecutivo del estado, consejeros del Instituto Nacional Electoral, opinan y critican sobre la decisión del Congreso de Baja California, sin revelar el interés o grupo que los mueve.
De ahí que el expresidente del Colegio de Abogados de Tijuana, y de la Federación Estatal de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de Baja California, Tirso Adolfo Liévano Hernández, demanda juicio político contra los representantes del INE, pues los consejeros encabezados por Lorenzo Córdova, están violando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se señala en el artículo 41, fracción V, apartado A, en cual dice que los principios rectores de este órgano son "La certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad", lineamientos que no están respetando.
Tirso Adolfo Liévano, establece que estos consejeros electorales no tienen ninguna facultad para estar opinando acerca de una decisión soberana de una entidad federativa so pena de ser sometidos a un juicio político.
Los otros consejeros, que junto con Córdova Vianello, se han dedicado a criticar la soberanía de Baja California, son Marco Antonio Baños Martínez, Ciro Murayama Rendón y Pamela San Martín Ríos y Valles.
Liévano sostiene que México es un país de leyes y la ampliación del término del ejercicio del Ejecutivo Estatal, fue impugnado y como indica la Constitución Federal, en estos momentos lo está analizando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que como máximo órgano de impartición de justicia en el país, es el único facultado para conocer y resolver este asunto.
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