Esta semana, aprobamos en la Cámara de Diputados una reforma al Código Penal Federal para aumentar de 60 a 65 años de prisión y una multa de hasta 130 mil pesos para quien cometa el delito de feminicidio. También se aumentaron las sanciones para el abuso sexual de menores, la tipificación del acoso sexual, y agravantes si se trata de algún funcionario.
La iniciativa, obvia decirlo, es positiva. Difícilmente podríamos oponernos a castigar más severamente a los feminicidas. Sin embargo, el combate a este crimen y su propagación, jamás podrá ser efectivo, o por lo menos disminuido, si no hay detenidos y sentenciados. No avanzaremos mientras la sociedad no observe que nuestras instituciones encargadas de impartir justicia lo hacen.
Sin investigaciones profesionales, sin personas detenidas, jueces que sentencian y una sociedad que sabe que quien se atreva a cometer un delito probablemente lo pague, no importará cuanto aumentemos las penas. En Baja California, no estamos exentos de esa sensación de impunidad que permea en torno a la desaparición de mujeres y sus asesinatos.
Aunque gran parte del foco nacional ha estado puesto en los casos de la niña Fatima e Ingrid, en Tijuana estamos viviendo una racha de feminicidios, y que afortunadamente no ha pasado desapercibida para la sociedad. En ese sentido, podríamos hablar ya de una especie de epidemia nacional.
Durante 2019, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, fueron asesinadas poco más de mil mujeres por causas de género, aunque dicha cifra es conservadora en comparación con las calculadas por algunas organizaciones. Es un delito que ha aumentado hasta en un 130 por ciento.
En el 2019 en Baja California se cometieron 239 homicidios en contra de mujeres, de los cuales 23 fueron tipificados como feminicidios. Ocupamos el deshonroso cuarto lugar a nivel nacional.
Las marchas del pasado 15 de febrero son apenas un síntoma de que en la sociedad tijuanense el tema de la violencia de género y feminicidio ya comienzan a permear y a ser debatidos, lo cual, hay que decirlo, llega tarde.
Desde hace ya varios años, en Baja California varias asociaciones dedicadas a la protección de los derechos de la mujer han estado pujando para que sea activada la alerta de género. La indiferencia del anterior gobernador, Francisco Vega, y de la Procuradora, Perla del Socorro, eran habituales. Sencillamente ni escuchaban ni veían.
La actual Fiscalía tiene en sus manos la oportunidad de iniciar un cambio en la forma que este delito ha sido tratado. El gobierno estatal ha expresado su disposición para respaldar la emisión de una alerta de género, lo cual en sí ya es un cambio en cuanto a la anterior administración.
Pero no basta con eso: únicamente la presentación de resultados en las investigaciones de los feminicidios darán cuenta de si hay o no verdadero interés en resolver y atender el problema.
Claro, las causas del problema son diversas y complejas. Pero mientras mantengamos los niveles de impunidad en un estado que ha visto a 19 mujeres asesinadas durante los últimos dos meses pero que solo cuatro fueron clasificados como feminicidios, no habrá diferencia real entre quienes estuvieron antes y quienes están ahora en las instituciones de justicia.
Hasta el momento, el Estado se ha visto ineficiente, incapaz y estancado para llevar ante la justicia a los presuntos responsables de los homicidios, por ejemplo, de Marbella, Genoveva o Maritza.
A título personal, y como legislador, me he dado la tarea de hacer lo posible para que la alerta de género sea por fin emitida en el estado, y así, cambien los protocolos con los que la autoridad actúa en caso de un feminicidio.
Próximamente, una asociación local presentará ante el Secretariado Ejecutivo la solicitud para que sea emitida la alerta. Hay que resaltar aquí que la Ley es explícita sobre quienes pueden solicitar dicha alerta: solamente las Comisiones de Derechos Humanos -nacional o local-, u organismos civiles.
Ante la indiferencia y silencio que la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha tenido sobre el tema, será, pues, un organismo de la sociedad quien tome la iniciativa, pues ni el poder Ejecutivo ni Legislativo local tienen dicha facultad.
