/ viernes 7 de febrero de 2020

En Perspectiva | Cubrir una ilegalidad con otra, o el despropósito del padrón de autos chocolates

En octubre pasado, en el Congreso de la Unión aprobamos incluir en la Ley de Ingresos 2020 el articulo Décimo Quinto Transitorio del proyecto de decreto en materia de autos chocolate que establecía la legalización de unos 18 millones de automóviles de importación; sin embargo, en el Senado de la República se votó en sentido contrario a nuestra propuesta, a pesar de la unanimidad con la que pasó en la Cámara baja.

En Baja California el uso de autos chocolate es añejo, e incluso es aceptado en buena parte de los estratos de la sociedad fronteriza, donde ha sido la forma común de obtener un vehículo. Es, me atrevo a decir, una práctica que se ha heredado de generación en generación, donde el primer carro de la familia fue irregular y ahora el de los hijos, o hasta nietos, también.

Para quien haya utilizado el transporte público, particularmente el de Tijuana, entenderá el infierno que es; y que entre la opción de utilizarlo o comprar un carro 'chocolate', prefieren naturalmente lo segundo. Para muchos ciudadanos no se trata de un dilema moral ni ético. Vaya, ni siquiera legal. Para los millones de personas que circulan en carros chocolate se trata de decidir entre un transporte público que roza en lo mortal o tener un carro propio.

No intento justificar a quienes los utilizan, más bien es un llamado a la empatía. Claro, en un sistema donde la ilegalidad es más redituable, muchos han hecho de este su modo de vida; han creado su propio sistema ilegal a costa de un sistema defectuoso.

Organizaciones como Anapromex u Onapafa nunca debieron siquiera existir. Su presencia y florecimiento solo puede ser explicado por un Estado que no solo tolera la ilegalidad, sino que se alía con ella a conveniencia.

Peor aún, el crimen organizado y los delincuentes entendieron que los autos anónimos, sin placas ni dueños identificables, son herramientas excepcionales para cometer sus fechorías. Es decir, la cuestión de los autos chocolate trascendió de lo social a ser un asunto de seguridad pública.

Esto fue explotado hasta el cansancio por el exgobernador Kiko Vega, y replicado por los alcaldes, como una excusa para las nulas detenciones en flagrancia de los delincuentes.

Una vez más, el uso de estos autos para cometer delitos forma parte del discurso oficial; pero ahora no para justificar los malos resultados, sino para impulsar una reforma a las leyes locales.

En este sentido, queda claro mi respaldo a la necesidad de una regularización masiva. Sin embargo, lo propuesto por los diputados locales, con el espaldarazo del gobernador Jaime Bonilla, para crear un padrón, con su respectiva cuota recaudatoria, me parece un serio despropósito.

Para mí, el problema de esta propuesta radica en la forma en que se ha comunicado al ciudadano, pues percibo un lenguaje y maneras que inducirían a pensar que se trata de una regularización, no de un simple censo.

El asunto de los autos irregulares corresponde exclusivamente al ámbito federal. A nadie más. Por ello la importancia de la propuesta de octubre pasado y posterior discusión tienen para el ámbito nacional. Tras la inflexibilidad mostrada por los Senadores, solo queda esperar un decreto presidencial.

Sin embargo, lo que me motiva a tratar el asunto, es la intención de tapar una ilegalidad con otra ilegalidad. En la práctica, se estaría institucionalizando lo que las organizaciones 'patito' han hecho por décadas: el engañar al ciudadano con un papel y falsas esperanzas.

Peor aún: la medida es de carácter coercitivo, es decir, obligarán a los usuarios a pagar el monto, tentativo de mil pesos, o de lo contrario será multados con hasta seis veces la cantidad. O sea, me pagas por qué me pagas. Una ilegalidad obvia, y de un matiz autoritario.

Cuando el ciudadano salga a la calle, tras cubrir el costo de suscribirse al padrón, y circule por la ciudad, y se encuentre a un retén del SAT o de la Policía Federal, y estos, con toda la autoridad, le recojan su vehículo, ¿a quién acudirá? ¿Al Instituto de Movilidad? ¿No es esto lo que ya ocurre con los carros de Anapromex cuando son requisados? ¿Estamos ante la institucionalización de una práctica mafiosa?

No podemos juzgar como ingenuos a quienes manejen tranquilos creyendo que se han regularizado después de registrarse en el padrón estatal, pues quien ha promovido el desconocimiento y esta ilegalidad ha sido el propio gobierno.

La tarde de este jueves, al reunirse con transportistas, el gobernador Bonilla anunció que de momento no avanzará la puesta en marcha del Instituto de Movilidad, mientras se reconsidera su Ley interna.

Propongo, pues, aprovechar para planear un empadronamiento gratuito. Un censo profesional y bien hecho, donde quede claro al público la naturaleza y alcances de este, sin engaños, sin discursos mañosos ni dobles intenciones.

En octubre pasado, en el Congreso de la Unión aprobamos incluir en la Ley de Ingresos 2020 el articulo Décimo Quinto Transitorio del proyecto de decreto en materia de autos chocolate que establecía la legalización de unos 18 millones de automóviles de importación; sin embargo, en el Senado de la República se votó en sentido contrario a nuestra propuesta, a pesar de la unanimidad con la que pasó en la Cámara baja.

En Baja California el uso de autos chocolate es añejo, e incluso es aceptado en buena parte de los estratos de la sociedad fronteriza, donde ha sido la forma común de obtener un vehículo. Es, me atrevo a decir, una práctica que se ha heredado de generación en generación, donde el primer carro de la familia fue irregular y ahora el de los hijos, o hasta nietos, también.

Para quien haya utilizado el transporte público, particularmente el de Tijuana, entenderá el infierno que es; y que entre la opción de utilizarlo o comprar un carro 'chocolate', prefieren naturalmente lo segundo. Para muchos ciudadanos no se trata de un dilema moral ni ético. Vaya, ni siquiera legal. Para los millones de personas que circulan en carros chocolate se trata de decidir entre un transporte público que roza en lo mortal o tener un carro propio.

No intento justificar a quienes los utilizan, más bien es un llamado a la empatía. Claro, en un sistema donde la ilegalidad es más redituable, muchos han hecho de este su modo de vida; han creado su propio sistema ilegal a costa de un sistema defectuoso.

Organizaciones como Anapromex u Onapafa nunca debieron siquiera existir. Su presencia y florecimiento solo puede ser explicado por un Estado que no solo tolera la ilegalidad, sino que se alía con ella a conveniencia.

Peor aún, el crimen organizado y los delincuentes entendieron que los autos anónimos, sin placas ni dueños identificables, son herramientas excepcionales para cometer sus fechorías. Es decir, la cuestión de los autos chocolate trascendió de lo social a ser un asunto de seguridad pública.

Esto fue explotado hasta el cansancio por el exgobernador Kiko Vega, y replicado por los alcaldes, como una excusa para las nulas detenciones en flagrancia de los delincuentes.

Una vez más, el uso de estos autos para cometer delitos forma parte del discurso oficial; pero ahora no para justificar los malos resultados, sino para impulsar una reforma a las leyes locales.

En este sentido, queda claro mi respaldo a la necesidad de una regularización masiva. Sin embargo, lo propuesto por los diputados locales, con el espaldarazo del gobernador Jaime Bonilla, para crear un padrón, con su respectiva cuota recaudatoria, me parece un serio despropósito.

Para mí, el problema de esta propuesta radica en la forma en que se ha comunicado al ciudadano, pues percibo un lenguaje y maneras que inducirían a pensar que se trata de una regularización, no de un simple censo.

El asunto de los autos irregulares corresponde exclusivamente al ámbito federal. A nadie más. Por ello la importancia de la propuesta de octubre pasado y posterior discusión tienen para el ámbito nacional. Tras la inflexibilidad mostrada por los Senadores, solo queda esperar un decreto presidencial.

Sin embargo, lo que me motiva a tratar el asunto, es la intención de tapar una ilegalidad con otra ilegalidad. En la práctica, se estaría institucionalizando lo que las organizaciones 'patito' han hecho por décadas: el engañar al ciudadano con un papel y falsas esperanzas.

Peor aún: la medida es de carácter coercitivo, es decir, obligarán a los usuarios a pagar el monto, tentativo de mil pesos, o de lo contrario será multados con hasta seis veces la cantidad. O sea, me pagas por qué me pagas. Una ilegalidad obvia, y de un matiz autoritario.

Cuando el ciudadano salga a la calle, tras cubrir el costo de suscribirse al padrón, y circule por la ciudad, y se encuentre a un retén del SAT o de la Policía Federal, y estos, con toda la autoridad, le recojan su vehículo, ¿a quién acudirá? ¿Al Instituto de Movilidad? ¿No es esto lo que ya ocurre con los carros de Anapromex cuando son requisados? ¿Estamos ante la institucionalización de una práctica mafiosa?

No podemos juzgar como ingenuos a quienes manejen tranquilos creyendo que se han regularizado después de registrarse en el padrón estatal, pues quien ha promovido el desconocimiento y esta ilegalidad ha sido el propio gobierno.

La tarde de este jueves, al reunirse con transportistas, el gobernador Bonilla anunció que de momento no avanzará la puesta en marcha del Instituto de Movilidad, mientras se reconsidera su Ley interna.

Propongo, pues, aprovechar para planear un empadronamiento gratuito. Un censo profesional y bien hecho, donde quede claro al público la naturaleza y alcances de este, sin engaños, sin discursos mañosos ni dobles intenciones.