“El poder tiende a corromper, y el poder absoluto tiende a corromper absolutamente todo”. -John Acton.
El psicólogo estadounidense Stanley Milgram diseñó uno de los experimentos más reconocidos dentro del campo de la psicología social, con el cual buscó determinar si el ciudadano común era capaz de cometer actos de brutalidad y crueldad en contra de otros desconocidos. A casi 60 años de dicho experimento vemos que las conclusiones siguen teniendo vigencia siendo prácticamente las mismas; la más conocida es que el ser humano es malvado por naturaleza, pero en este caso nos centraremos en dos conclusiones igual de importantes y su relación con la actual Administración de Morena en el Municipio de Tijuana: Primero, el sujeto siempre tiende a justificarse a sus actos inexplicables; y segundo, la Teoría de la Cosificación, aún cuando surja la pregunta sobre qué relación tienen estos conceptos psicológicos con la actualidad política que se vive en la actual administración de Arturo González Cruz y su Cabildo, es necesario poner en el ojo público las decisiones de una administración, más si estas son contrarias al Estado de Derecho e incluso atentan contra el Pacto Federal.
Hecho inédito es que el Alcalde de Tijuana sea el primer mandatario emanado de la izquierda, hecho de tal trascendencia que representó una posible mejoría en la política municipal; más aún la esperanza generada por Andrés Manuel López Obrador, le permitió prácticamente no hacer campaña y llegar gracias a la ola que generaba el movimiento liderado por AMLO. Al tomar protesta de su cargo, el alcalde prometió que su administración tendría sustento en cuatro ejes prioritarios: Seguridad, Transparencia, Bienestar, Desarrollo y Movilidad. González Cruz decía en aquel 30 de septiembre de 2019 que, como elemento político de su gestión, sería el reforzar el apego a la política de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Hoy, a casi un año de su llegada al poder, eso han sido solo palabras. La realidad es otra, y como toda realidad, ya alcanzó a la actual administración y las consecuencias las padecemos con un manejo sumamente cuestionable de las medidas que en el ámbito de su competencia el Ayuntamiento de Tijuana debió establecer por la emergencia sanitaria que representó el Covid 19; Tijuana llegó a ser una de las ciudades con mayor índice de contagios. De igual manera en el rubro de la seguridad pública Tijuana sigue siendo una de las ciudades más violentas del mundo, con un promedio registrado de siete personas asesinadas al día y con una baja marginal del 0.35% durante este año en comparación con 2019. Las cifras son frías y crueles y la falta de una política real en materia de seguridad pública es evidente; (La Jornada Baja California, 17 de Julio 2020).
Menciono sólo el tema de seguridad en razón que habitualmente es el parámetro que más atención tiene y el que se supondría tiene el mayor impacto en la vida diaria; aunado a ser uno de los principales puntos de referencia de la sociedad para medir el desempeño de un alcalde, pero lamentablemente el actual Ayuntamiento de Tijuana suma otro “dato negro” que lo coloca a nivel nacional como un mal ejemplo de lo tóxico que resulta la cercanía del poder político con el poder económico.
Cité al psicólogo Milgram por ser el referente perfecto para entender las actuaciones del Alcalde de Tijuana que cada día son más inexplicables. Milgram sostenía que: “No es tanto el tipo de persona que es un hombre, como el tipo de situación en que se encuentra el que determina cómo actuará”, es decir, las condiciones del entorno definen de alguna manera la conducta del individuo, lo que nos hace suponer que al ser alcalde, los principios que guían el servicio público estarán a flor de piel, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público en cualquier ámbito de gobierno deberían ser palpables; en los hechos ni uno solo de los principios citados se le puede reconocer al alcalde Arturo González Cruz en lo que va de su gestión.
Siguiendo con la base del análisis, las teorías del Psicólogo Stanley Milgram sostenía que “Lo esencial de la obediencia consiste en el hecho de que una persona se ve a sí misma como un instrumento para llevar a cabo los deseos de otra persona y, por lo tanto, ya no se considera a sí misma como responsable de sus acciones”; es decir si el Alcalde Arturo González Cruz no considera a los habitantes de Tijuana como el sustento de su mandato, ¿entonces a quién le rinde cuentas?, ¿para quién están encaminadas sus decisiones? La respuesta es sencilla: los interés del Alcalde son económicos, no de beneficio social. Hay que decirlo claro y fuerte: Arturo González Cruz ve fincadas sus posibilidades de gobernar el Estado de Baja California no en el voto popular, sino en el poder económico.
Parafraseando a Milgram, “Es fácil ignorar la responsabilidad cuando uno es solo un eslabón intermedio en una cadena de acción”, y eso precisamente es lo que en realidad es el alcalde de Tijuana: un peón. En toda esta estructura que ha permitido sostener el perverso monopolio del gas en el Estado y la ciudad de Tijuana, si buscáramos ejemplificar la Teoría de la Cosificación, el alcalde Arturo González Cruz es el más reciente mejor ejemplo de la citada teoría que hace referencia a que la esencia de la obediencia consiste en que la persona se percibe únicamente como un instrumento para la realización de los deseos de la otra persona y por ende, no se considera como responsable de sus actos, es decir el alcalde está para obedecer lo que otros le ordenen, de ahí que él cumple su cometido como eslabón.
No es cosa menor el tipo de actuaciones del Ayuntamiento donde por un lado se violenta la Ley, se usan atribuciones que no se tienen y se realizan actos en contra del Pacto Federal; pero igual de cuestionable es que el círculo de la corrupción en el caso del alcalde Arturo González Cruz, tiene una variante muy perniciosa, un círculo vicioso de la corrupción y la impunidad que se inicia con el financiamiento de campañas electorales. No podemos asegurar que así haya sido en el caso que nos ocupa, lo que sí es un acto inexplicable son los contratos millonarios adjudicados de manera directa a la empresa Gas Silza; lo cual genera la sospecha de qué manera se pagará ese favor considerando que por los montos se sobrepasan los límites previstos en la ley para una adjudicación directa; esto aunado a la “nueva” reglamentación aprobada por el Ayuntamiento de Tijuana, la cual disfrazada de una medida de carácter urbanístico y encuadrada en un falso discurso de transparencia, atenta severamente contra la industria de los hidrocarburos, siendo un claro ejemplo de generación de condiciones ficticias que garantizan un territorio de influencia a los establecimientos ya existentes.
Seamos claros: la nueva reglamentación aprobada por el Ayuntamiento es prácticamente un certificado de exclusividad territorial, la Suprema Corte de Justicia ha emitido criterios en el sentido que el establecimiento de distancias mínimas entre negociaciones similares o comercios de un mismo giro, u otro tipo de edificaciones podría inhibir la entrada de competidores al mercado; lo cual tiene como consecuencia limitar el derecho del consumidor de acceder a una oferta más amplia y seleccionar la opción que más le convenga en función de precio, calidad, conveniencia y ubicación.
Lo anterior denota en sospecha, ya que se generan dos vías de ingresos para la empresa Gas Silza, donde por un lado se le da dinero público y por el otro se le asegura una presencia hegemónica en la ciudad, donde se le crea un mercado cautivo. Lo hecho por el alcalde y su cabildo es una terrible falta a la obligación que como autoridad se tiene como responsable de mantener las condiciones estructurales y normativas que permitan el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto.
En entornos donde la corrupción se encuentra desbordada y se percibe como una conducta institucionalizada, el ciudadano concluye que todos los políticos se comportan de la misma manera, hecho muy peligroso que trastoca la solidaridad social y la defensa de los intereses generales, de ahí la importancia de tratar estos temas y buscar que el ciudadano tenga la suficiente información para que pueda hacer sus propias conclusiones.
El experimento de Milgram representa uno de los experimentos de la psicología social de mayor interés al hablar de la fragilidad de los valores humanos ante la obediencia a la autoridad. Arturo González como objeto de estudio bien podría ser una variante a las conclusiones derivadas del estudio, esto cuando la “autoridad” es una empresa.
