De acuerdo a la organización YouthBuild en México tan sólo durante el mes de marzo el 70% de los que fueron dados de baja en el IMSS, es decir quienes tenían trabajos formales, son jóvenes de hasta 29 años de edad. El desempleo a quien más le está pegando es a los más jóvenes. El escenario de precariedad laboral para ellos, aunque no es reciente, se ha agravado durante la pandemia, pues llevamos arrastrando al menos una década de deterioro de los derechos laborales.
La pandemia de Covid-19 y sus consecuencias económicas está transformando las formas en las que trabajamos y en el cómo utilizamos la tecnología como herramienta que permite suplantar la presencia física por la digital. Así, las plataformas digitales de entrega a domicilio y transporte, como Uber, Didi y Rappi, se convirtieron no sólo en vías esenciales para que negocios, especialmente restaurantes, mantuvieran un mínimo de ingresos. También se convirtieron en la opción de muchos jóvenes para seguir trabajando.
Basta con darnos una vuelta por alguna tienda de autoservicio o por las avenidas principales de la ciudad: la motocicletas tripuladas por repartidores con mochilas al hombro de estas plataformas circulan constantemente. En zonas gastronómicas se les puede observar en grupos mientras esperan pedidos. El factor denominador entre la gran mayoría de ellos es su juventud.
Por ello, las reciente regulaciones aprobadas por el Congreso del Estado y el Instituto de Movilidad y Transporte que criminalizan a quienes no tengan suficiente dinero para cumplir con el pago de la concesión impuesta, afectan principalmente a los jóvenes que a falta de trabajos tradicionales han encontrado en estas plataformas un medio de sustento.
Castigar con dos meses a dos años de prisión a quienes no cumplan con las regulaciones sacadas de la manga es sencillamente un acto de irresponsabilidad legislativa y de mínima consideración a la población, pues criminalizar de esta manera a quienes en su gran mayoría laboran mediante estas plataformas por necesidades económicas sencillamente es jalarle las piernas al ahorcado.
Y no sólo son los conductores los afectados, también lo son los dueños de los vehículos, los negocios que dependen de ellos para entregar sus productos debido a la contingencia sanitaria, sus familias, y la industria automotriz, que verá como aumenta su cartera de clientes morosos que ahora se han quedado sin ingresos para cumplir con las mensualidades. El ecosistema económico que las plataformas digitales crearon, desde las autopartes a quienes las utilizan a diario para ir a sus trabajos, será seriamente dañada.
Las motivaciones que el gobierno del estado a dado para imponer esta regulación no están del todo claras, sin embargo la complicidad entre el gremio de taxistas y algunos funcionarios es evidente. La regulación aplastante sobre estas plataformas tiene, evidentemente, un trasfondo electoral y de interés por cumplir con acuerdos políticos con los gremios del transporte público.
Resulta preocupante la indiferencia con la que los diputados de Baja California continúan legislando. Su agenda durante los últimos meses se han caracterizado por aprobar iniciativas que lejos de realmente mejorar las condiciones de la población, tienen como objetivo principal la recaudación impositiva. Los nuevos impuestos a combustibles y a las plataformas digitales se han dado precisamente en medio de la crisis sanitaria y económica por la que atraviesa el estado.
Lamentablemente, la actual legislatura en el Congreso local continúa comportándose como rebaño ante lo que padrinos políticos les indican aprobar.
Como he señalado en otras ocasiones, las sobrerregulaciones que han aprobado los diputados solo alentarán la informalidad y la corrupción. La excusa constante ha sido la obtención de recursos para la administración estatal, pero resulta obvio que estas iniciativas resultarán contraproducentes, pues quienes hasta hace unos días pagaban impuestos mediante las plataformas pasarán a pagar cero ingresos al mudarse a la irregularidad.
Mientras Tijuana continúa siendo una de las ciudades con uno de los peores sistemas de transporte público, nuestros representantes han decidido quitarles la competencia para después cobrar el favor en la próximas elecciones. Queda claro que para la gran mayoría de los diputados en su cabeza sólo existe una prioridad: el 2021 y sus proyectos políticos.
De momento, el Instituto de Movilidad ni siquiera ha publicado las leyes secundarias ni los procedimientos para las plataformas, sin embargo, ya comienzan a darse casos de extorsiones y detenciones de conductores y repartidores.
El escenario económico inmediato es sumamente oscuro, particularmente para las clases medias y bajas. Con medidas como las aprobadas por el Congreso de Baja California el emprendimiento, la formalidad y el crecimiento se ven aún más difíciles.
