“Con respecto al tema de los famosos ‘autos chocolate’, lo primero que les quiero decir es que no se trata de un delito de contrabando. En segundo lugar, los retenes que se han instalado para decomisar estos vehículos son ilegales y, por lo mismo, deben suspenderse inmediatamente. Yo creo que las autoridades deben ser más sensibles con la población y, en vez de perseguir a los automovilistas, como si fueran unos delincuentes, mejor deberían otorgarles facilidades, para importar sus vehículos”.
Esas palabras no provienen del líder de alguna asociación dedicada a tramitar amparos para ‘autos chocolate’. Son, ni más ni menos, palabras de Jaime Bonilla Valdez. Las pronunció el 20 de octubre de 2015, en su canal de televisión, PSN, durante una de las editoriales que transmitía en esa frecuencia.
Cuatro años, tres meses y siete días después, el poder le provocó amnesia o bipolaridad al ahora mandatario, quien, en el marco de la celebración por el “Asalto a las Tierras”, llevada a cabo en el Valle de Mexicali, anunció que todos los ‘autos chocolate’ “se van a decomisar desde ya”.
Así, el desgobierno que impera en Baja California, desde la llegada de la administración estatal morenista, escribe una nueva página.
Como en anteriores ocasiones, las decisiones de gobierno se toman de acuerdo a una sola máxima: aquello que más convenga o haga feliz al grupo en el poder. En esta idea, se atisba la mano de Mario Jesús Escobedo Carignan, secretario de Economía Sustentable y Turismo, quien siempre ha sido enemigo de los ‘autos chocolate’… porque así le conviene, dado que pertenece a la Canaco, donde se encuentran agremiados todos los lotes que venden autos usados. La lógica que usan es simple: si las familias no pueden comprar ‘autos chocolates’, no tendrán de otra más que comprar en esos lotes.
Y esos lotes venden autos usados a precios leoninos y con las peores condiciones. Autos de peor calidad que los ‘chocolates’. Van a los remates en California y compran vehículos chocados o en pésimas condiciones mecánicas. Les dan una ‘manita de gato’, con la peor pintura y las peores autopartes. Y luego, un automóvil que les costó 30 mil pesos, vienen y lo venden en 80 mil. Como lógicamente son muy pocas personas quienes pueden pagar de contado esa cantidad, se asocian con “financieras” agiotistas, por lo cual, al final, una familia termina pagando 100 o 120 mil pesos, a crédito, por una de esas chatarras con ruedas. Habitualmente, los dueños de esos lotes dan una garantía máxima de un mes, tiempo en el cual tapan todas las fallas mecánicas y de hojalatería de esos vehículos. Luego, empiezan a salir, y a los 100 o 120 mil pesos hay que sumarles el costo de reparar todo eso. Ese es el negocio que Escobedo y sus amigos de la Canaco buscan acrecentar y perpetuar.
La otra alternativa es, simplemente, inalcanzable. Para millones de familias, comprar un automóvil nuevo, aún a crédito, es imposible. La mensualidad del vehículo más modesto, con un crédito a seis años –el plazo máximo–, no baja de 4 mil pesos.
Tal y como lo dijo Bonilla hace cuatro años, las autoridades deberían ser más sensibles con este tema. Pero eso lo decía el ingeniero cuando aún no estaba en el poder. Ahora que ya es usufructuario del mismo, piensa diferente.
Escobedo, por su parte, con absoluto cinismo, dice que la razón para decomisar los autos ‘chocolates’ es porque contaminan, debido a que, “muchos de ellos” no traen catalizador. Preocupadísimo Mario por la polución del aire, pero no ha sancionado a una sola industria en su gestión como secretario, pese a que está facultado para hacerlo.
Desde el gobierno estatal se afirma que harán “gestiones” –una palabra favorita de los políticos– a fin de que las autoridades federales implementen un programa de regularización para los autos ‘chocolates’, algo que lleva años diciéndose y nunca ha ocurrido. Y si es verdad que ahora si sucederá, entonces ¿por qué empezar con los decomisos ahora y no hasta que el programa esté en marcha? La respuesta se infiere: porque se trata de quitarle su vehículo a cientos de miles de familias, para que no tengan otra que acudir a los lotes de autos usados… que son propiedad de los amigos de Escobedo.
Para cuando ese programa de regularización exista, si es que llega a existir, van a quedar muy pocos autos ‘chocolates’, porque, lógicamente, los vehículos que el gobierno le arrebate a las familias, no se los devolverá.
Peor aún la idea de crear el Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la Corrupción, con el fin de que el gobierno estatal le dé engomados a los ‘autos chocolates’, a cambio de mil pesos. Engomados que tendrían vigencia de un año solamente –es decir, de aquí hasta las próximas elecciones ¿Ya lo notaron?–. Eso es el colmo, porque, brincándose todas las normas fiscales y jurídicas, el gobierno estatal pretende hacer su propio Anapromex. Es como si las autoridades estatales dijeran “me pagas mil pesos y te doy chance de infringir la ley”. Más todavía: el gobierno morenista quiere recaudar con un trámite que “autoriza” a infringir la ley.
Esta ha sido otra característica del morenismo gobernante: doblar la ley a su conveniencia. No importa que las elecciones hayan definido un periodo de dos años, con la ayuda de un Congreso corrupto y corruptible, pues lo extendemos a cinco. Pero, como ya dijimos en un texto anterior, si ese gobierno y esos diputados tienen tantísimo poder, es porque nosotros, con nuestro voto, les dimos mayoría absoluta y sin oposición. Por eso no hay que votar por el mismo partido en todas las boletas.
El programa de regularización que se plantea tampoco es una solución. Se habla de un costo de 600 dólares por vehículo –más o menos 11 mil 400 pesos por automóvil–. Si hay personas que no pueden pagar la revalidación de las placas, que cuesta 2 mil o 3 mil pesos, ¿de dónde van a sacar los dueños de autos ‘chocolates’, que muchas veces viven al día, esos 11 mil 400 pesos? Porque deben ser 11 mil 400 pesos que no necesiten, que les sobren, ¿a quién le sobran?
Tercer país seguro: Francamente lamentable la explicación que dio la Secretaría de Relaciones Exteriores, para justificar que Estados Unidos nos envíe no solamente deportados de Centroamérica, sino ahora, también, brasileños: Que les estamos “dando chance”. La realidad es que México se arrodilló y aceptó ser “tercer país seguro”. Prepárense, luego llegarán chinos, indios, coreanos, argentinos y todo lo que nos quieran echar.
