Durante el fin de semana, circuló en redes y grupos de Whatsapp la copia de una iniciativa para modificar, nuevamente, el artículo transitorio Octavo de la constitución estatal, a fin de que se altere, otra vez, el periodo de tiempo que el gobernador de Baja California durará en el cargo.
La iniciativa en comento plantea que el sucesor del ingeniero esté en el cargo del 1 de noviembre de 2021 al 31 de octubre de 2024, a fin de que se homologuen las elecciones de gobernador con las presidenciales.
Luego, el gobernador electo en 2024 estaría en su cargo del 1 de noviembre de ese año al 31 de agosto de 2030. Y el gobernador que llegue al cargo en ese año, tomaría posesión el 1 de septiembre.
El documento no circuló entero, pero, en la primera de las dos hojas que se filtraron, aparece una parte, la última, de la exposición de motivos, donde se alude a la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para anular la Ley Bonilla.
Textualmente, dice: “(los) bajacalifornianos estaban de acuerdo en que la transformación que se está llevando a cabo se extendiera cuando menos a 2024. Por esa razón, ante la determinación tomada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se hace necesario que los ciudadanos tengan la oportunidad de expresar en las urnas si desean que esta transformación continúe por el tiempo que la mayoría deseaba o bien se interrumpe como lo determinó el máximo tribunal de nuestro país”.
Ese párrafo es revelador porque deja claras tres cosas: Una, para el actual gobierno estatal, la “transformación” solamente puede ser encarnada por el grupo político que bordea al mandatario estatal. Olvídense de Marina, Arturo u otro. Solo ellos son la “transformación” que “los bajacalifornianos estaban de acuerdo” en extender “cuando menos a 2024”.
Dos, que esta reforma es una sacada de lengua a la Corte, pues le avisan que, si no permitieron que el actual gobernador perdurara por cinco años, uno de los suyos lo hará por esos tres que, considera su grupo, le impidieron tener (sobra decir que, en todo momento, parecen hablar del estado y de la gubernatura como un objeto que es de su propiedad por esos cinco años).
Tres, puntualizan que esa “transformación” se llevará a cabo “cuando menos hasta 2024”. Es decir, esos cinco años serían la primera parte de un pretendido Maximato. Otra vez, se atisba la idea de una serie de gubernaturas ostentadas por miembros de ese mismo grupo político y la exclusión de personajes como Marina y Arturo. Ellos no son parte de la “transformación”, a las claras.
La reforma es un golpe maquiavélico, por supuesto, aunque se debe reconocer su cuño magistral. Es un caramelo que no rechazarían Arturo y Marina, porque también, aparentemente, es lo mejor para ellos, pues su capital político está malherido por la pandemia, que ha abrasado a sus municipios sin clemencia. Y les pintarán la esperanza de reelegirse y recuperar lo perdido, para luego volver por la grande en tres años.
Es, igualmente, la mejor forma de desactivar la amenaza de Jorge Hank, sin disparar un solo tiro, ni usar al aparato de justicia. Saben que el ingeniero tricolor no está interesado en mini gubernaturas. Y, sin Arturo, Marina, ni Hank en el horizonte, Jaime Martínez Veloz, presunto candidato de una alianza opositora, no parece ser el mejor rival para descarrilar el proyecto bonillista.
Además, no se descarte que la reforma lleve implícita una suerte de “limpieza” destinada a los rivales del grupo en el poder, dado que, en su concepto particular, solamente ellos encarnan la “transformación” y pretenden continuarla más allá de 2024.
¿Qué tal si, en Tijuana, Julián Leyzaola ganara las elecciones de 2021, dejando fuera de combate a González Cruz? ¿Qué tal si, en Mexicali, Elí Topete, viejo amigo de Fernando Castro Trenti, fuese lanzado por Movimiento Ciudadano y, en una elección dividida en tercios, venciera a Marina y, con ello, terminara con sus posibilidades para 2024? Así, el grupo en el poder limpiaría su camino y les guste o no a Marcelo y Mario, el candidato a la gubernatura en 2024 tendría que ser un bonillista… porque ya no habría otro. Y, para la presidencia municipal de Tijuana, en ese mismo año, ¿qué tal Montserrat? ¿No será que el amago a Leyzaola fue para plegarlo a ese plan? Son preguntas, lo aclaramos.
Así que la lucha, para 2021, se dará entre ese grupo, el que bordea como un cinturón de asteroides a Jaime Bonilla. Cinco serían los aspirantes tenidos en cuenta, con el siguiente orden: el presidente municipal de Ensenada, Armando Ayala; el diputado local Víctor Morán; el secretario de Desarrollo Sustentable y Turismo, Mario Escobedo; el representante del gobierno estatal en la Ciudad de México, Fernando Jorge Castro Trenti, quien sería, además, como lo adelantamos aquí a inicios de mes, el autor de esta idea; y el ya mencionado Rodríguez.
El principal criterio para elegir al ganador de la candidatura sería su lealtad al actual mandatario. Y ahí, nadie como Morán, incapaz de levantar la mano a Bonilla, siquiera de contradecirlo. Mucho menos de traicionarlo, una vez que esté en la silla, uno de los grandes temores del ingeniero, muy preocupado de algo como lo que le pasó a Salinas con Colosio y Zedillo. El que se quede es para obedecerlo y honrarlo, no para desconocerlo.
Claro que, si llegan Ayala, Morán o Castro Trenti, el compromiso es dejar en sus cargos a Rodríguez, Escobedo y al fiscal general Guillermo Ruiz. Faltaba más.
La reforma para crear otra mini gubernatura sería votada en el Congreso en junio, antes de que se implemente la “Nueva Normalidad” en Baja California, para así evitar cualquier protesta.
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