El pasado 15 de abril, el secretario ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Baja California, Luis Ramón Irineo Romero, estuvo a punto de ser detenido por agentes de la policía municipal de Mexicali. Al final, solamente fue destituido, por negarse, de acuerdo con el gobierno estatal, a una auditoria.
Pero ¿Irineo realmente es un titular probo? ¿El SEA auténticamente se dedica a combatir la corrupción?
A continuación, la respuesta a esas preguntas:
Aunque el Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Baja California no ha atrapado a un solo corrupto en toda su existencia, que comenzó, operativamente, el 13 de noviembre de 2018, las 17 personas que están en su nómina, pagada con dinero público, reciben salarios que suman 7 millones 260 mil 624 pesos al año.
El SEA se ha convertido en una especie de ‘Arca de Noé’ panista, pues 15 de sus 17 empleados trabajaron la mayor parte de su vida laboral en gobiernos blanquiazules, cuatro son miembros activos de ese partido y uno lo fue.
Además, dos tuvieron labores relacionadas directamente con manejo presupuestal en el sexenio de “Kiko” Vega, durante ejercicios fiscales en los cuales se detectaron irregularidades.
El salario más alto lo tiene, precisamente, Irineo Romero, quien goza de 65 mil mensuales como pago.
Irineo, además, se llevó a laborar con él a dos antiguas colaboradoras, de nombre Victoria Guerrero y Tamara Figueroa.
El 7 de abril pasado, Irineo argumentó que la falta de trabajo se debía a la contingencia sanitaria por el Covid-19 y a la falta de quórum en las sesiones del SEA.
También dijo que había enviado a todo el personal a trabajar desde su casa.
Irineo tiene una dilatada carrera laborando para gobiernos panistas. Fue director de Contabilidad Gubernamental en el sexenio de José Guadalupe Osuna Millán; al concluir este, fue nombrado director jurídico de la Sindicatura Municipal en el 21 Ayuntamiento de Mexicali, que encabezaba Jaime Rafael Díaz Ochoa. Y, a la par de este cargo, fue representante de la candidatura independiente de Gastón Luken Garza a la presidencia municipal de Tijuana, durante el proceso electoral 2015-2016.
Por debajo de Irineo, hay tres salarios de 50 mil pesos al mes, que obtienen la directora jurídica, Victoria Eugenia Guerrero Urquídez, el director de atención a la comisión Ejecutiva y al Comité Coordinador, Jorge Antonio Esquerra Sauceda, así como la directora de Administración y Servicios, Yolanda Isabel Fierro Valenzuela.
Guerrero, quien era subdirectora jurídica en el gobierno de Díaz Ochoa, cuando Irineo era director, es decir, su jefe, también hizo toda su carrera en administraciones del Partido Acción Nacional, que comenzó en la entonces Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas.
Además, Guerrero es miembro activo del Partido Acción Nacional, desde el 7 de mayo de 2014; es decir, se afilió cuando era subordinada de Irineo.
Sauceda fue el otro finalista en el proceso de selección que la 22 legislatura, de mayoría panista, hizo para elegir al titular de la secretaría ejecutiva del SEA.
Hasta 2018, Sauceda fue militante del PAN, de acuerdo con el oficio IEE/CGE/2087/2018 que, en su momento, fue exhibido por el empresario Rodrigo Llantada Ávila.
Antes, Sauceda laboró en la secretaría general de Gobierno, durante el sexenio de Francisco Vega de Lamadrid.
Fierro, por su parte, fue directora de Fiscalización e Inversión de la Obra Pública en el mismo gobierno de “Kiko”.
La semana próxima, continuaremos detallando la nómina del SEA. Ya verá.
P.D.: Si algo nos pasa, es que desean callarnos...
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