/ jueves 21 de octubre de 2021

Expediente Confidencial | Y el SEA, ¿para cuándo?

A lo largo de este año, en esta columna se ha dado cuenta de los múltiples problemas que han impedido el correcto funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción, donde, paradójicamente, insultantemente, se ha encontrado corrupción.

Daniela Elena Ramírez Cuevas, bióloga, activista y directora general de Tierra Colectiva, se halla encabezando un esfuerzo, desde la sociedad civil, para que las diputadas y los diputados de la 24 legislatura se pongan a trabajar y resuelvan la situación del SEA, a fin de que sirva para lo que fue creado.

El Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California, recuerda Daniela, fue creado a partir de la publicación de la ley del mismo nombre, el 17 de agosto de 2017, después de un proceso de consulta y exigencia ciudadana. Sin embargo, desde su creación han existido una serie de omisiones y vacíos que han derivado en un funcionamiento deficiente y poco transparente

A la exigencia de Daniela se han sumado Cheryl Álvarez, de Vigilancia Ciudadana BC; César Andrés Leyva de Ciudadanía Activa ENS; Martin Vera, coordinador de la Licenciatura en Administración Pública y Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Baja California; Bibiana Maciel López, coordinadora del Observatorio de Transparencia y Buen Gobierno, así como los activistas Christian Hernández Murillo, Michael Velázquez y Roberto Romero, apoyados, todos, por 24 organizaciones de otras latitudes de México.

Son cinco las solicitudes que hacen al Poder Legislativo:

1.- Realizar las reformas pendientes a la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California actual, en atención a la resolución de la Acción de inconstitucionalidad 119/2017 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), emitida el 14 de enero 2020 y publicada el 20 de mayo de 2021, mediante un proceso de parlamento abierto;

2.- Se emita convocatoria y se efectúe la designaci6n de la Comisión de Selección (CS) del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del SEA BC;

3.- Se vigile que el proceso de convocatoria para integrantes del CPC, sea apegado a los principios de transparencia, máxima publicidad, perspectiva de género y participación ciudadana

4.- Se cumpla con la designación de la secretaria técnica de la Secretaría Ejecutiva del SEA BC y el órgano interno de Control de esta.

5. Se designe a la/el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción y el/la Magistrada/o Anticorrupción del Tribunal de Justicia Administrativa

El lunes, Daniela y los citados abajofirmantes presentaron las mencionadas peticiones en el Palacio Legislativo, dejándole una carta al presidente del Congreso local, Juan Manuel Molina, que dice lo siguiente:

“Anteponiendo un cordial saludo, quienes aquí firmamos conocemos las instituciones y el trabajo del funcionariado público, y confiamos en que en el desempeño del cargo de representación que ostenta por el voto ciudadano, honre su palabra impulsando las acciones que se requieren para reactivar el Sistema Estatal Anticorrupción.

“Por lo tanto, le proponemos un ejercicio de parlamento abierto entre usted y las y los legisladores que estime pertinentes, con la red ciudadana que representamos, para discutir y acordar medidas para atender lo expuesto en el documento anexo.

“Quedamos atentas a la confirmación de la fecha y hora en que podamos conversar al respecto”.

Ayer por la tarde, Daniela nos comentó, en la misiva que nos hizo llegar: “El grupo ciudadano no ha recibido respuesta de parte del legislativo, en específico del diputado Juan Manuel Molina, presidente de la Mesa Directiva del Congreso”.

Nos quedamos con la frase que Daniela y los demás activistas utilizaron para concluir su misiva a los legisladores: “Es imperativo que sean provistas las condiciones básicas y esenciales para un combate efectivo a la corrupción, por el bien de las y los bajacalifornianos”.

Y las diputadas y los diputados, ¿van a tener el valor o les vale?

P.D.: Si algo nos pasa, es para callarnos

Comentarios: gerardofm2020@gmail.com

A lo largo de este año, en esta columna se ha dado cuenta de los múltiples problemas que han impedido el correcto funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción, donde, paradójicamente, insultantemente, se ha encontrado corrupción.

Daniela Elena Ramírez Cuevas, bióloga, activista y directora general de Tierra Colectiva, se halla encabezando un esfuerzo, desde la sociedad civil, para que las diputadas y los diputados de la 24 legislatura se pongan a trabajar y resuelvan la situación del SEA, a fin de que sirva para lo que fue creado.

El Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California, recuerda Daniela, fue creado a partir de la publicación de la ley del mismo nombre, el 17 de agosto de 2017, después de un proceso de consulta y exigencia ciudadana. Sin embargo, desde su creación han existido una serie de omisiones y vacíos que han derivado en un funcionamiento deficiente y poco transparente

A la exigencia de Daniela se han sumado Cheryl Álvarez, de Vigilancia Ciudadana BC; César Andrés Leyva de Ciudadanía Activa ENS; Martin Vera, coordinador de la Licenciatura en Administración Pública y Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Baja California; Bibiana Maciel López, coordinadora del Observatorio de Transparencia y Buen Gobierno, así como los activistas Christian Hernández Murillo, Michael Velázquez y Roberto Romero, apoyados, todos, por 24 organizaciones de otras latitudes de México.

Son cinco las solicitudes que hacen al Poder Legislativo:

1.- Realizar las reformas pendientes a la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California actual, en atención a la resolución de la Acción de inconstitucionalidad 119/2017 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), emitida el 14 de enero 2020 y publicada el 20 de mayo de 2021, mediante un proceso de parlamento abierto;

2.- Se emita convocatoria y se efectúe la designaci6n de la Comisión de Selección (CS) del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del SEA BC;

3.- Se vigile que el proceso de convocatoria para integrantes del CPC, sea apegado a los principios de transparencia, máxima publicidad, perspectiva de género y participación ciudadana

4.- Se cumpla con la designación de la secretaria técnica de la Secretaría Ejecutiva del SEA BC y el órgano interno de Control de esta.

5. Se designe a la/el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción y el/la Magistrada/o Anticorrupción del Tribunal de Justicia Administrativa

El lunes, Daniela y los citados abajofirmantes presentaron las mencionadas peticiones en el Palacio Legislativo, dejándole una carta al presidente del Congreso local, Juan Manuel Molina, que dice lo siguiente:

“Anteponiendo un cordial saludo, quienes aquí firmamos conocemos las instituciones y el trabajo del funcionariado público, y confiamos en que en el desempeño del cargo de representación que ostenta por el voto ciudadano, honre su palabra impulsando las acciones que se requieren para reactivar el Sistema Estatal Anticorrupción.

“Por lo tanto, le proponemos un ejercicio de parlamento abierto entre usted y las y los legisladores que estime pertinentes, con la red ciudadana que representamos, para discutir y acordar medidas para atender lo expuesto en el documento anexo.

“Quedamos atentas a la confirmación de la fecha y hora en que podamos conversar al respecto”.

Ayer por la tarde, Daniela nos comentó, en la misiva que nos hizo llegar: “El grupo ciudadano no ha recibido respuesta de parte del legislativo, en específico del diputado Juan Manuel Molina, presidente de la Mesa Directiva del Congreso”.

Nos quedamos con la frase que Daniela y los demás activistas utilizaron para concluir su misiva a los legisladores: “Es imperativo que sean provistas las condiciones básicas y esenciales para un combate efectivo a la corrupción, por el bien de las y los bajacalifornianos”.

Y las diputadas y los diputados, ¿van a tener el valor o les vale?

P.D.: Si algo nos pasa, es para callarnos

Comentarios: gerardofm2020@gmail.com