/ viernes 14 de agosto de 2020

Momento Corporativo | Ferromex, ¿y el Estado de derecho?

Suman 10 días de los nuevos bloqueos de las vías ferroviarias de Sonora y de una de las carreteras internacionales más importantes procedentes de Estados Unidos que tienen detenidos miles de productos básicos y materias primas que afectan no sólo el abasto sino también a diversas cadenas productivas que tratan de retomar sus actividades después del cese obligado de operaciones.

Sólo en el caso del ferrocarril ya hay como mil 200 carros detenidos en las vías de la empresa Ferromex provocando millonarias pérdidas en momentos en que se requiere todo lo contrario para tratar de amortiguar los efectos que provocó la contingencia sanitaria del coronavirus.

La pregunta es ¿de qué sirvió la reunión entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y los gobernadores Yaquis? Sencillamente de nada, a pesar de las declaraciones optimistas de ambas partes para alcanzar una supuesta solución a un conflicto que hoy tiene paralizada la actividad de uno de los corredores fundamentales para el comercio nacional y binacional con Estados Unidos, el destino principal de las exportaciones nacionales.

Un bloqueo que además afecta a los propios pueblos que no se manifiestan en conjunto u organizados, sino más bien es un grupo de activistas que insisten en las costosas medidas porque parece que no logran todavía sus propósitos individuales.

TRIPLE AFECTACIÓN

El Congreso de Oaxaca fue el primero que prohibió la venta de alimentos y bebidas con alto contenido calórico a menores de 18 años, y la amenaza de ampliar, no sólo geográficamente, dicha medida es cada vez más latente porque existen por lo menos cuatro iniciativas que buscan limitar la comercialización en el canal moderno y tradicional; aplicar sanciones económicas e incluso la suspensión temporal de los negocios; pero además una de las propuestas incluso quiere aumentar el IEPS, que no es la mejor manera de desalentar el consumo de ciertos productos, y además los impuestos que se recauden no serán etiquetados para programas específicos sino más bien para las arcas del gobierno federal ahora que requiere todavía más recursos.

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), que encabeza Cuauhtémoc Rivera, advirtió que el conjunto de medidas afectarán todavía más la situación de uno de los principales canales de distribución en México, con 1.2 millones de tienditas que ya padecen por menores ventas ante las medidas de confinamiento social y la crisis económica.

Además, las propuestas legislativas amenazan con aumentar la informalidad, porque la demanda de este tipo de productos no sólo se mantendría sino que subiría y fomentaría la corrupción por las visitas de inspección; pero todavía más grave es la amenaza al consumo popular que estará todavía más limitado por un aumento de precios que no resolverá ningún problema porque la solución debe ser integral y estructural

Suman 10 días de los nuevos bloqueos de las vías ferroviarias de Sonora y de una de las carreteras internacionales más importantes procedentes de Estados Unidos que tienen detenidos miles de productos básicos y materias primas que afectan no sólo el abasto sino también a diversas cadenas productivas que tratan de retomar sus actividades después del cese obligado de operaciones.

Sólo en el caso del ferrocarril ya hay como mil 200 carros detenidos en las vías de la empresa Ferromex provocando millonarias pérdidas en momentos en que se requiere todo lo contrario para tratar de amortiguar los efectos que provocó la contingencia sanitaria del coronavirus.

La pregunta es ¿de qué sirvió la reunión entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y los gobernadores Yaquis? Sencillamente de nada, a pesar de las declaraciones optimistas de ambas partes para alcanzar una supuesta solución a un conflicto que hoy tiene paralizada la actividad de uno de los corredores fundamentales para el comercio nacional y binacional con Estados Unidos, el destino principal de las exportaciones nacionales.

Un bloqueo que además afecta a los propios pueblos que no se manifiestan en conjunto u organizados, sino más bien es un grupo de activistas que insisten en las costosas medidas porque parece que no logran todavía sus propósitos individuales.

TRIPLE AFECTACIÓN

El Congreso de Oaxaca fue el primero que prohibió la venta de alimentos y bebidas con alto contenido calórico a menores de 18 años, y la amenaza de ampliar, no sólo geográficamente, dicha medida es cada vez más latente porque existen por lo menos cuatro iniciativas que buscan limitar la comercialización en el canal moderno y tradicional; aplicar sanciones económicas e incluso la suspensión temporal de los negocios; pero además una de las propuestas incluso quiere aumentar el IEPS, que no es la mejor manera de desalentar el consumo de ciertos productos, y además los impuestos que se recauden no serán etiquetados para programas específicos sino más bien para las arcas del gobierno federal ahora que requiere todavía más recursos.

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), que encabeza Cuauhtémoc Rivera, advirtió que el conjunto de medidas afectarán todavía más la situación de uno de los principales canales de distribución en México, con 1.2 millones de tienditas que ya padecen por menores ventas ante las medidas de confinamiento social y la crisis económica.

Además, las propuestas legislativas amenazan con aumentar la informalidad, porque la demanda de este tipo de productos no sólo se mantendría sino que subiría y fomentaría la corrupción por las visitas de inspección; pero todavía más grave es la amenaza al consumo popular que estará todavía más limitado por un aumento de precios que no resolverá ningún problema porque la solución debe ser integral y estructural