/ lunes 23 de noviembre de 2020

¿Una nueva cooperación antidrogas Estados Unidos-México? 

La coyuntura de la relación México-Estados Unidos se caracteriza por las implicaciones de la detención y luego la liberación de cargos al Gral. Salvador Cienfuegos por la juez Carol B. Annon. La petición gubernamental a la Corte Federal en Nueva York se fundamentó entre otros elementos: “se solicita a la Corte que desestime los cargos porque hay sensibles e importantes consideraciones de política exterior que pesan más que el interés del Gobierno en perseguir el juicio contra el acusado”. (Joint Statement by Attorney General of the U.S. William P. Barr and Fiscalía General of Mexico Alejandro Gertz).

La relación de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) con los Estados Unidos se ha fortalecido en el marco del Grupo de Alto Nivel en Seguridad (GANSEG) desde el año de 2012. Incluso en la actual administración federal mexicana renovó tal mecanismo. Este marco respalda la relación bilateral militar en tres niveles y cuatro perfiles: Seguridad Cooperativa, Militar-Militar, Político-Militar e Interagencial. De esta manera la SEDENA se vincula con cerca de nueve oficinas federales estadounidenses.

En ese marco se podrían esperar las siguientes acciones mexicanas en el contexto de la relación militar binacional actual:

Por un lado, se podría esperar la detención y extradición de algunos de los más importantes narcotraficantes mexicanos, según las prioridades de la DEA. Adicionalmente, se seguirán fortaleciendo los decomisos de drogas en especial metanfetaminas, cocaína y fentanilo en territorio y en la frontera con Estados Unidos. La reciente legalización medicinal de mariguana en México envía un mensaje acerca de nuevas opciones para erradicar el tráfico de drogas, siguiendo algunas prácticas legales en Estados Unidos. Y finalmente, se seguirán fortaleciendo las acciones de control de cuentas bancarias de los grupos delictivos, mediante la política de control de la Unidad de Política Financiera.

En el caso de Estados Unidos, la estrategia antinarcóticos de la Política Nacional de Control de Drogas contempla el financiamiento de programas de asistencia policiaca, militar y técnica. Con ello se pretende que el actual gobierno federal no “interrumpa las actividades de organizaciones criminales trasnacionales y reducir la producción y tráfico” de las principales drogas en territorio mexicano.

Con el ascenso de una nueva administración demócrata con Joseph Biden, algunos escenarios en materia de política antidrogas binacional que se podrían esperar serían los siguientes:

1) Una mayor presión del Congreso estadounidense y en especial del Comité de Relaciones Exteriores a cargo del senador demócrata Bob Menendez por Nueva Jersey y presidente del Comité de Relaciones Exteriores, para que México aumente la cooperación antidrogas, particularmente considerando que en opinión del senador: México “es esencial para proteger nuestra seguridad nacional y esos lazos bilaterales deben construirse en el respeto mutuo a nuestro Estado de derecho y al debido proceso” (NYT, 18 noviembre 2020).

2) Los cambios en DEA, CIA y FBI bajo una nueva administración federal estadounidense, provocarán interés por una mayor colaboración binacional de dichas agencias con avances concretos en la política antidrogas mexicana.

3) El papel del Departamento de Justicia bajo una nueva administración demócrata cambiará los matices en su relación con México. Se podría exigir una mayor eficacia en la política antidroga mexicana y en especial fortalecer las investigaciones antidrogas con un renovado Estado de derecho. Las prioridades seguirán siendo las mismas: control del tráfico de drogas (fentanilo, heroína y metanfetaminas ) y en segundo término el tráfico de armas y el lavado de dinero.

4) La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado podría fortalecer la supervisión de los avances antidrogas de la política mexicana. Adicionalmente, se podría fortalecer una agenda social, de prevención y para el desarrollo a través de USAID hacia México y América Latina.

5) El Departamento de Defensa bajo una nueva administración demócrata seguirá promoviendo la relación con México en el marco del GANSEG. Aquí se podría promover un enfoque de derechos humanos, de asistencia social en casos de desastres naturales y de ejércitos de paz. Dichas perspectivas le darían otra imagen a las Fuerzas Armadas mexicanas tanto en el contexto nacional como latinoamericano.

5) El nuevo gobierno demócrata podría fortalecer la relación con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), con la finalidad de asegurar por una doble vía: internacional y bilateral, la efectividad de la política antidroga mexicana y en general de América Latina.

En suma, en estos dos meses de la administración federal estadounidense se esperarían acciones concretas en la política antidrogas, bajo el pragmatismo que caracteriza la relación bilateral. En ese contexto, la próxima administración demócrata evaluará los avances de dicha colaboración.

La coyuntura de la relación México-Estados Unidos se caracteriza por las implicaciones de la detención y luego la liberación de cargos al Gral. Salvador Cienfuegos por la juez Carol B. Annon. La petición gubernamental a la Corte Federal en Nueva York se fundamentó entre otros elementos: “se solicita a la Corte que desestime los cargos porque hay sensibles e importantes consideraciones de política exterior que pesan más que el interés del Gobierno en perseguir el juicio contra el acusado”. (Joint Statement by Attorney General of the U.S. William P. Barr and Fiscalía General of Mexico Alejandro Gertz).

La relación de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) con los Estados Unidos se ha fortalecido en el marco del Grupo de Alto Nivel en Seguridad (GANSEG) desde el año de 2012. Incluso en la actual administración federal mexicana renovó tal mecanismo. Este marco respalda la relación bilateral militar en tres niveles y cuatro perfiles: Seguridad Cooperativa, Militar-Militar, Político-Militar e Interagencial. De esta manera la SEDENA se vincula con cerca de nueve oficinas federales estadounidenses.

En ese marco se podrían esperar las siguientes acciones mexicanas en el contexto de la relación militar binacional actual:

Por un lado, se podría esperar la detención y extradición de algunos de los más importantes narcotraficantes mexicanos, según las prioridades de la DEA. Adicionalmente, se seguirán fortaleciendo los decomisos de drogas en especial metanfetaminas, cocaína y fentanilo en territorio y en la frontera con Estados Unidos. La reciente legalización medicinal de mariguana en México envía un mensaje acerca de nuevas opciones para erradicar el tráfico de drogas, siguiendo algunas prácticas legales en Estados Unidos. Y finalmente, se seguirán fortaleciendo las acciones de control de cuentas bancarias de los grupos delictivos, mediante la política de control de la Unidad de Política Financiera.

En el caso de Estados Unidos, la estrategia antinarcóticos de la Política Nacional de Control de Drogas contempla el financiamiento de programas de asistencia policiaca, militar y técnica. Con ello se pretende que el actual gobierno federal no “interrumpa las actividades de organizaciones criminales trasnacionales y reducir la producción y tráfico” de las principales drogas en territorio mexicano.

Con el ascenso de una nueva administración demócrata con Joseph Biden, algunos escenarios en materia de política antidrogas binacional que se podrían esperar serían los siguientes:

1) Una mayor presión del Congreso estadounidense y en especial del Comité de Relaciones Exteriores a cargo del senador demócrata Bob Menendez por Nueva Jersey y presidente del Comité de Relaciones Exteriores, para que México aumente la cooperación antidrogas, particularmente considerando que en opinión del senador: México “es esencial para proteger nuestra seguridad nacional y esos lazos bilaterales deben construirse en el respeto mutuo a nuestro Estado de derecho y al debido proceso” (NYT, 18 noviembre 2020).

2) Los cambios en DEA, CIA y FBI bajo una nueva administración federal estadounidense, provocarán interés por una mayor colaboración binacional de dichas agencias con avances concretos en la política antidrogas mexicana.

3) El papel del Departamento de Justicia bajo una nueva administración demócrata cambiará los matices en su relación con México. Se podría exigir una mayor eficacia en la política antidroga mexicana y en especial fortalecer las investigaciones antidrogas con un renovado Estado de derecho. Las prioridades seguirán siendo las mismas: control del tráfico de drogas (fentanilo, heroína y metanfetaminas ) y en segundo término el tráfico de armas y el lavado de dinero.

4) La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado podría fortalecer la supervisión de los avances antidrogas de la política mexicana. Adicionalmente, se podría fortalecer una agenda social, de prevención y para el desarrollo a través de USAID hacia México y América Latina.

5) El Departamento de Defensa bajo una nueva administración demócrata seguirá promoviendo la relación con México en el marco del GANSEG. Aquí se podría promover un enfoque de derechos humanos, de asistencia social en casos de desastres naturales y de ejércitos de paz. Dichas perspectivas le darían otra imagen a las Fuerzas Armadas mexicanas tanto en el contexto nacional como latinoamericano.

5) El nuevo gobierno demócrata podría fortalecer la relación con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), con la finalidad de asegurar por una doble vía: internacional y bilateral, la efectividad de la política antidroga mexicana y en general de América Latina.

En suma, en estos dos meses de la administración federal estadounidense se esperarían acciones concretas en la política antidrogas, bajo el pragmatismo que caracteriza la relación bilateral. En ese contexto, la próxima administración demócrata evaluará los avances de dicha colaboración.