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El Poder

  • Víctor Manuel Hernández

Inmersos en las faenas partidistas de cara a la sucesión presidencial, los actores políticos en Baja California han encontrado en el tema del agua una veta para tratar de posicionarse ante los electores.

Xicoténcatl Leyva Mortera, siendo gobernador del estado, dejó sentadas las bases para la solución integral del problema del servicio de agua y la red de drenaje con fondos de organismos financieros nacionales e internacionales.

Prácticamente, Xicoténcatl le dejó la mesa servida a Ernesto Ruffo Appel, el primer mandatario estatal del PAN, según los suspicaces observadores de la política, gracias a las concerta-cesiones del entonces presidente de la república, Carlos Salinas de Gortari, para legitimarse en el poder.

En aquel equipo técnico de Leyva Mortera figuraban su ahijado, José Guadalupe Osuna Millán, sumando esfuerzos con los ingenieros Fidel Pérez Velarde, Carlos Rubio Espinoza, Manuel Becerra Lizardi, el abogado Víctor Arturo Alcocer Ahedo y el contador público Gerardo Mora Quiñones.

Hoy la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del estado, a cargo de Manuel Guevara Morales, sostiene que, para fortalecer el suministro de agua, se recurre a las asociaciones público-privadas en aras de impulsar el desarrollo de fuentes de abastecimiento.

De esa manera, se combinan las habilidades y los recursos de ambos sectores compartiendo riesgos y responsabilidades en la operación de desaladoras en la zona costa de Baja California.

Precisamente en las estimaciones del crecimiento demográfico en Tijuana, Tecate, Rosarito y Ensenada, hacia 2050, la demanda del vital líquido no podrá atenderse con el acueducto río Colorado.

La Sidue resalta que Tijuana supera al año la cuota asignada y debe comprar más derechos haciendo notar la vulnerabilidad de supeditarse a una sola fuente de abastecimiento.

“Es un acto necesario y de responsabilidad emprender hoy acciones que garanticen que la zona costa de Baja California contará con el suministro de agua suficiente para asegurar su crecimiento y desarrollo, así como la calidad de vida de sus habitantes”, enfatiza.

Para la administración del gobernador Francisco Vega de Lamadrid, la alternativa es la instalación de desaladoras, ya que en la última década el costo de operación es accesible a la conjugación de acciones entre el gobierno y la iniciativa privada.