/ lunes 22 de febrero de 2021

El Espectador | David Colmenares desnuda a la secretaría de la función pública

Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), parece que la semana pasada comenzó a trabajar su mensaje y a hacerse visible con comunicados de prensa, fotos de acompañamiento bien retocadas y frases de combate a la corrupción que suenan contundentes. “Para la actual Función Pública la fiscalización es un elemento esencial para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las irregularidades, por lo cual representa un verdadero ejercicio integral que contribuye al mejoramiento de la gestión pública y de la vida diaria del pueblo”, aseguró en su página web la SFP el viernes pasado.

“La titular de la Función Pública subraya que ha encomendado a los OIC (Órganos Internos de Control) que inhiban y castiguen las malas prácticas administrativas que en el pasado dañaron a las instituciones”, dice su boletín del 19 de febrero del 2021.

“De acuerdo con la resolución, la ex servidora pública sancionada deberá pagar una multa de 110 millones 323 mil 810 pesos, además de cumplir con una inhabilitación por 10 años”, agrega destacando el golpe de la SFP. “Fue responsable de provocar recargos al pago de impuestos del AICM por recursos manejados a través de un fideicomiso”.

Hay más boletines que destacan el trabajo de Irma Eréndira, uno de mascarillas N95 y otro en donde incluso se habla de Odebrecht. “Esta nueva resolución da cuenta de la firme convicción con la que estamos trabajando para acabar con la impunidad, la cual durante muchos años fue tolerada y no se tocaba a las empresas corruptas”.

Pero la percepción es que la SFP no está haciendo mucho, más allá de apoyar políticamente a la familia de su titular en puestos de más poder. Y claro, sirviendo como un departamento de persecución e intimidación al servicio del líder de la Cuatroté.

“Por lo que se refiere a las investigaciones de evolución patrimonial de los servidores públicos que la SFP practicó durante el ejercicio 2019, éstas ascendieron a 92, que representó únicamente el 0.02% del total de las declaraciones patrimoniales presentadas; comprendieron a servidores públicos de 35 de las 296 instituciones registradas y el 50.0% se concentró en cinco entes públicos. Es de destacar que las investigaciones fueron realizadas en su totalidad por la Dirección General de Información e Integración de la SFP; con lo que se concluyó que los OIC y las demás autoridades investigadoras previstas en el Reglamento Interior de la SFP fueron omisas en el ejercicio de las atribuciones que la Ley General de Responsabilidades Administrativas les confiere”, revela la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que encabeza David Colmenares Páramo.

Pero va más allá en su informe liberado el fin de semana: “La SFP no dispuso de una política, lineamiento o metodología que justificara la selección de los servidores públicos sujetos a investigación y las técnicas y métodos de investigación, propiciando condiciones favorables para la realización de actos de discrecionalidad en la selección de los servidores públicos sujetos a investigación en 2019, ya que cinco de las 10 investigaciones de evolución patrimonial se relacionaron con el contenido y temporalidad de diversas notas periodísticas publicadas a lo largo del ejercicio fiscal, y sólo tres de ellas fueron sugeridas por el Área de Quejas del OIC y por las Unidades de Responsabilidades”.

Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), parece que la semana pasada comenzó a trabajar su mensaje y a hacerse visible con comunicados de prensa, fotos de acompañamiento bien retocadas y frases de combate a la corrupción que suenan contundentes. “Para la actual Función Pública la fiscalización es un elemento esencial para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las irregularidades, por lo cual representa un verdadero ejercicio integral que contribuye al mejoramiento de la gestión pública y de la vida diaria del pueblo”, aseguró en su página web la SFP el viernes pasado.

“La titular de la Función Pública subraya que ha encomendado a los OIC (Órganos Internos de Control) que inhiban y castiguen las malas prácticas administrativas que en el pasado dañaron a las instituciones”, dice su boletín del 19 de febrero del 2021.

“De acuerdo con la resolución, la ex servidora pública sancionada deberá pagar una multa de 110 millones 323 mil 810 pesos, además de cumplir con una inhabilitación por 10 años”, agrega destacando el golpe de la SFP. “Fue responsable de provocar recargos al pago de impuestos del AICM por recursos manejados a través de un fideicomiso”.

Hay más boletines que destacan el trabajo de Irma Eréndira, uno de mascarillas N95 y otro en donde incluso se habla de Odebrecht. “Esta nueva resolución da cuenta de la firme convicción con la que estamos trabajando para acabar con la impunidad, la cual durante muchos años fue tolerada y no se tocaba a las empresas corruptas”.

Pero la percepción es que la SFP no está haciendo mucho, más allá de apoyar políticamente a la familia de su titular en puestos de más poder. Y claro, sirviendo como un departamento de persecución e intimidación al servicio del líder de la Cuatroté.

“Por lo que se refiere a las investigaciones de evolución patrimonial de los servidores públicos que la SFP practicó durante el ejercicio 2019, éstas ascendieron a 92, que representó únicamente el 0.02% del total de las declaraciones patrimoniales presentadas; comprendieron a servidores públicos de 35 de las 296 instituciones registradas y el 50.0% se concentró en cinco entes públicos. Es de destacar que las investigaciones fueron realizadas en su totalidad por la Dirección General de Información e Integración de la SFP; con lo que se concluyó que los OIC y las demás autoridades investigadoras previstas en el Reglamento Interior de la SFP fueron omisas en el ejercicio de las atribuciones que la Ley General de Responsabilidades Administrativas les confiere”, revela la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que encabeza David Colmenares Páramo.

Pero va más allá en su informe liberado el fin de semana: “La SFP no dispuso de una política, lineamiento o metodología que justificara la selección de los servidores públicos sujetos a investigación y las técnicas y métodos de investigación, propiciando condiciones favorables para la realización de actos de discrecionalidad en la selección de los servidores públicos sujetos a investigación en 2019, ya que cinco de las 10 investigaciones de evolución patrimonial se relacionaron con el contenido y temporalidad de diversas notas periodísticas publicadas a lo largo del ejercicio fiscal, y sólo tres de ellas fueron sugeridas por el Área de Quejas del OIC y por las Unidades de Responsabilidades”.