Contra quien resulte responsable de robo de agua y complicidad en este delito, procederá legal y penalmente la Secretaría de Honestidad y Función Pública, detalló la titular, después de darse a conocer la investigación a 400 cuentas y grandes empresas por uso irregular del agua en Baja California.
“Yo no diría que fueron omisos, diría que estuvieron en actos de corrupción en que beneficiaron a ciertas empresas que sabemos no han pagado incluso hasta derechos de conexión”, dijo Vicenta Espinoza Martínez, secretaria de Honestidad y Función Pública.
Las acciones van dirigidas no solo contra los funcionarios de la Comisión Estatal de Servicios Públicos (CESPT), que actuaron en contubernio para beneficiar a empresas y en beneficio propio, sino también contra las mismas empresas, precisó la funcionaria estatal. “Las acciones legales que se tengan que hacer, finalmente hay un robo a la nación”, comentó.
La secretaría ya inició las acciones administrativas contra funcionarios de la Comisión Estatal de Servicios Públicos, que participaron en estos fraudes, dijo Espinoza Martínez, contemplando que los implicados pudieran haber ejercido cargos directivos en los más recientes gobiernos panistas, “una o dos administraciones, porque nos vamos a ir a la fecha de los contratos”.
En caso de que resulten acciones de fraude, se dará parte al Ministerio Público por parte de la Secretaría de Honestidad y Función Pública para que se inicien las acciones penales, explicó Vicenta Espinoza.
La acción penal no se detendrá al pago de la deuda de las empresas señaladas, porque las investigaciones arrojan que estuvieron robando agua durante diferentes periodos, señalado como un delito grave a la nación.
Los procedimientos ya iniciaron, señal de ello, es que se han recuperado 300 millones de pesos de un total de mil 150 millones de pesos de grandes cuentas que tenían adeudos con la CESPT, concluyó Espinoza Martínez.