Los escurrimientos de aguas residuales que cruzan de México a Estados Unidos por el Río Tijuana podrían recibir una inversión norteamericana para disminuir el impacto ambiental en ese país, mientras las autoridades estatales esperarán hasta el próximo año para atender el problema que surge en suelo mexicano.
La Agencia de Protección del Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés), dijo que continúa analizando aumentar la capacidad de la Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales (ITP, por sus siglas en inglés).
El recurso para eso vendría de los 300 millones de dólares autorizados por el Congreso de Estados Unidos a finales del 2019 para atender la contaminación transfronteriza en la cuenca del Río Tijuana.
“Sí, estamos haciendo una revisión ambiental para un proyecto que duplicaría la capacidad del ITP”, respondió la EPA a un cuestionario enviado por escrito.
Actualmente la planta Binacional, ubicada en suelo estadounidense, trata mil 200 litros de aguas negras por segundo producto de los escurrimientos que llegan a la canalización del lado mexicano por las fallas en la infraestructura hidráulica.
“El 95% de los cierres de las playas en San Diego es por los escurrimientos de las aguas negras en el Río Tijuana”, señaló la activista Fay Crevoshay, directiva de la organización norteamericana Costa Salvaje (Wild Coast).
Esos cierres han provocado tensión entre autoridades norteamericanas y mexicanas, como ocurrió durante la administración del ex gobernador Jaime Bonilla Valdez, quien prometía resolver el problema en los primeros seis meses de su gobierno.
Su sucesora, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, también prometió en campaña poner fin al daño ambiental.
“Vamos a evitar el derrame diario de mil 800 litros por segundo de aguas residuales que se vierten sin tratamiento”, dijo Marina del Pilar Ávila Olmedo la entonces candidata desde el desembarque de Punta Bandera, el pasado 12 de mayo del 2021, algo que hoy no parece prioridad.
Porque la inversión del gobierno de EU para duplicar la capacidad de la ITP no sería suficiente para resolver el problema, dijo la EPA.
“Todavía habrá necesidad de una planta de tratamiento más pequeña en Punta Bandera para manejar los flujos en los cañones y a lo largo de la costa. Tenemos entendido que México está planeando construir una planta de este tipo”, contestó la autoridad norteamericana.
El gobierno de Baja California confirmó que contempla esa obra, pero apenas iniciará a finales de año el procedimiento de licitación para reparar la planta que hoy vierte diariamente al mar miles de litros de agua sin tratar.
“Va a haber más de 300 millones de pesos a fondo perdido y a fines de año se empieza el proceso de licitación para ya resolver de manera definitiva”, dijo Armando Samaniego, nuevo titular de la Secretaría del Manejo, Saneamiento y Protección del Agua del Estado (Seproa).
Esta semana, la gobernadora dijo que la demora en la solución está relacionada con un problema de recursos.
Para un futuro, aseguró por otro lado la EPA, estudian la posibilidad de una inversión adicional por 600 millones de dólares para una barrera de basura en el canal principal del río, además de una línea de retorno para enviar aguas residuales tratadas a Tijuana desde la ITP, pero eso dependerá de la aprobación de fondos adicionales por parte del Congreso de Estados Unidos.
Actualmente, el congreso de Estados Unidos autorizó 300 millones de dólares para solucionar el problema de contaminación transfronteriza, sin embargo, faltaría 600 millones adicionales para un plan integral que sea reutilizada agua tratada
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