El Albergue para niñas, niños y adolescentes ubicado en la Tercera Etapa del Río Tijuana, ya contaba con un expediente de investigación abierto por parte de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC).
Esto después de que en noviembre del año pasado varios niños y jóvenes se manifestaron y escaparon de las instalaciones.
Durante la noche del viernes 06, un grupo de alrededor diez menores volvieron a manifestarse saliendo al techo del albergue.
Entre sus demandas solicitaron ser atendidos por abogados, y acelerar sus procesos de egreso.
Visitadores de la CEDHBC acudieron a las instalaciones del albergue a monitorear la integridad de los infantes durante la manifestación, informó el organismo.
“Se ha buscado la mejor atención, se mejoró las quejas que tenían los niños, niñas y jóvenes que están ahí”, comentó Catalino Zavala Márquez, Secretario General de Gobierno de Baja California.
Desde la primera manifestación en el 2021, Zavala comentó que se han hecho mejoras en atención psicológica, médica, y que han estado acompañados de la CEDHBC para supervisar el proceso.
Comentó que el número de menores incrementa rápidamente, ya que las instalaciones alojan a infantes migrantes y a quienes son canalizados de los Juzgados Familiares, entre otros procesos.
“El Estado no está rebasado, sí tiene la capacidad de atención”, aseguró Zavala Márquez.
Indicó que para solucionar las problemáticas expuestas anteriormente por los menores ampliarán las instalaciones y contratarán más personal.
Explicó que el albergue cuenta con un espacio reducido, por lo que varios jóvenes están siendo trasladados a Ensenada y Mexicali.
Zavala mencionó que muchos de los infantes cuentan con problemas de desintegración familiar y violencia intrafamiliar.
Mediante un comunicado el DIF Baja California informó que la postura de los menores es tener respuestas rápidas en el plano judicial.
Mencionaron que se realizará una revisión de todos los expedientes para establecer un diagnóstico de la situación jurídica.
La gobernadora Marina del Pilar declaró que hay un “rezago histórico” en el DIF estatal, y que por el momento no tiene conocimiento de que ningún funcionario haya sido suspendido.