La gobernadora electa de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, señaló que no coincide con el gobernador Jaime Bonilla Valdez por la forma en que se municipalizaron los organismos del agua, y tampoco en el intento para ampliar el mandato del fiscal general hasta el 2028.
“Siempre vamos a trabajar en coordinación con el gobierno actual para que la transición se lleve de manera ordenada, pero hay temas en los cuales evidentemente no coincidimos”, dijo.
Esta es la primera vez que la alcaldesa y diputada federal con licencia se pronuncia en contra de las decisiones de Bonilla Valdez, y reveló que le ocultaron información desde el gobierno estatal.
“Fue sorpresiva la iniciativa, porque solicitamos una lista a la Secretaría General de Gobierno de cuáles iniciativas estaban pendientes en el Congreso, y esa iniciativa no estaba dentro de esa lista. Nos enteramos un viernes, sábado, para un lunes ya estaba en comisión. Tuvieron dos días para hacer un análisis tan profundo de un tema tan importante”, comentó. Se dijo a favor de municipalizar el servicio del agua, pero consideró que la reforma no fue correctamente analizada.
“Hay muchas posibilidades de que se caiga por las formas. No se cumplieron con términos procesales parlamentarios y hay algunas inconsistencias que no cumplen con el 115 constitucional”, apuntó.
Sobre la empresa Fisamex, subcontratada por el estado para determinar adeudos de agua potable, dijo que “se va” porque ha cobrado comisiones, pero no ha hecho bien su trabajo.
“Está recibiendo millones de pesos de comisión y debería responder por no hacer bien su trabajo y estar perdiendo los amparos. Están poniendo en riesgo las finanzas públicas estatales”, agregó.
En esto, la próxima gobernadora cambió de opinión, pues el pasado 18 de febrero durante una Jornada de la Paz dijo que apoyaba los cobros.
En seguridad pública, reiteró que regresará la Secretaría de Seguridad Estatal, pues Baja California es el único estado del país que no cuenta con esa dependencia.
Explicó que con esta modificación, la Fiscalía General Estatal (FGE) continuaría con la investigación de delitos.
También indicó que no está de acuerdo con reformar el artículo 70 de la Constitución local para extender el periodo del fiscal Guillermo Ruiz Hernández hasta el 2028.
Señaló que ya hay criterios judiciales a nivel nacional para que el periodo de los fiscales sea de cuatro años con la posibilidad de ser electo una vez más.
“Cumplir con el periodo con el que tiene actualmente, es lo mejor, y lo estaremos platicando con él en su momento. No estamos de acuerdo con la ampliación y tampoco en los tiempos con los que se da”, respondió la gobernadora electa.
La transición del gobierno estatal inicia este lunes, de acuerdo con la gobernadora electa
