La construcción del viaducto elevado, que conectará aeropuerto-garita de San Ysidro-Playas de Tijuana, enfrenta una demanda de la empresa que ganó la licitación lanzada por el ex gobernador Francisco Vega en 2017.
Pero de acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (SIDURT), ese proyecto bajo el esquema de Asociación Público Privada (APP) no tendría porque afectar la construcción que ahora estará a cargo del gobierno federal.
“Hay una demanda que está en proceso legal, pero no tiene nada que ver, no afecta a esta obra porque aquella era una APP y esta es una obra pública”, afirmó el secretario Arturo Espinoza Jaramillo.
Explicó que la demanda es porque se asignó la obra en el proceso de licitación pública, y aunque no se firmó un contrato, “ellos sienten derechos sobre la obra”.
“Entonces, según los abogados (del gobierno estatal) no hay una afectación, no debería”, añadió.
En concreto son tres empresas las que presentaron demanda al gobierno del estado, por lo que se trata de “un proceso legal que será a largo plazo”, detalló Espinoza Jaramillo.
Según una publicación del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), representantes legales de Viaducto Express Tijuana S.A. de C.V., y la Subprocuraduría de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal del Estado sostuvieron una audiencia por esa denuncia el pasado 22 de mayo del 2022. \u0009\u0009
Las empresas demandan al gobierno del estado argumentando que les quitaron una obra donde recibirían utilidades, detalló Espinoza Jaramillo.
La empresa Viaducto Express Tijuana, que llevaría a cabo la obra bajo el esquema APP, está conformada por otras tres: Cointer Concesiones México S.A de C.V., Cointer Concesiones Sociedad Limitada y Constructora Ramher S.A de C.V., esta última propiedad del ex senador panista por Mexicali, Víctor Hermosillo.
“Estamos tratando de defendernos lo más que se pueda para que no tengamos ninguna afectación a los recursos públicos”, agregó el titular de SIDURT.
La obra otorgada por el gobierno de Francisco Vega es diferente, insistió, pues el viaducto elevado que construirá el gobierno federal es una obra 100% pública con una longitud mayor a 11 kilómetros y sin costo de peaje para los automovilistas.
En cambio el proyecto anterior tendría un peaje de 10 pesos para vehículos y 25 para transporte pesado, sería privado durante 30 años antes de ser entregado al estado, y tendría una longitud de menos de cuatro kilómetros.
El año pasado, el ex gobernador Jaime Bonilla entregó en concesión la obra del viaducto elevado a una empresa, la cual no presentó denuncia, finalizó el funcionario.
Después de dos intentos fallidos por concretar la obra, una asignada bajo APP y otra por concesión, este año se iniciarán los trabajos para concretar el viaducto elevado y terminarlo en el 2024
