Utilizar recursos de los ayuntamientos para pagar deuda estatal representa un abuso de poder por parte del gobernador Jaime Bonilla Valdez, calificó Vicente Sánchez Munguía, investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte (Colef).
“Es una violación flagrante a la ley, pero además es un abuso de poder de parte del ejecutivo estatal hacia los ayuntamientos”, subrayó el académico, respecto al préstamos de 414 millones de pesos solicitados por Bonilla a los municipios de Tijuana y Playas de Rosarito.
Consideró incongruente que después de haber retenido las participaciones federales, en el caso del municipio de Tijuana, solicité recursos a este ayuntamiento para pagar deuda, hechos por los que los municipios afectados debieron de haber interpuesto un recurso legal para no ser castigados de esa manera, consideró.
Respecto al ofrecimiento del gobernador de pagar los préstamos a los municipios con obra pública, servicios o inmuebles, Vicente Munguía indicó que esas acciones debieron ser ejecutadas antes de pedir los préstamos.
“Lo que estamos viendo en Baja California es que los servicios públicos en los municipios están quebrados, no hay obra pública y a nivel estatal tampoco se ve dónde están aplicando esos créditos que se han autorizado”, dijo al recordar el crédito de tres mil millones de pesos que el Congreso del estado le aprobó al gobernador Bonilla.
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Los municipios tienen un margen de autonomía constitucional que le permite ser el primer respondiente de servicios públicos ante la ciudadanía, por lo que el gasto de su hacienda la deben priorizar en proveer servicios a los habitantes, no en dar préstamos al estado, dijo.
Con ello, “el municipio como entidad de gobierno está siendo afectado, pero en el fondo quién está siendo afectado es la ciudadanía porque no se le está cumpliendo con los servicios a los que tiene derecho y por los cuales está pagando sus impuestos”, agregó.
El asunto es, agregó, que no hay un informe del gobierno del estado para aclarar hacia dónde se gastaron esos recursos, dónde fueron a parar, para que se usaron, lo que genera suspicacias particularmente cuando los créditos han sido solicitados antes y después de un proceso electoral.
“Podría perfectamente la ciudadanía sospechar que hubo ahí algo de manejo no muy claro, por no decir que turbio”, señaló.
