Tijuana.- Organismos de la sociedad civil presentaron un amparo contra la terna para designar al titular de la Comisión Estatal Integral de Atención a Víctimas, pues acusan que viola la ley al ser integrada por funcionarios públicos, y así este jueves será votada en el Congreso del estado.
“Presentamos el amparo la tarde del miércoles en los juzgados federales para que deshaga todo, pues está violando la Ley General de Víctimas para ser partícipes y ocupar el cargo”, acusó Angélica Ramírez, del colectivo Una Nación Buscando-T.
“Aunque la terna llegue al Congreso, se elija a una persona para ser designada, con este amparo se tiene que deshacer todo”, agregó.
En el proyecto del orden del día para la primera sesión del Congreso de Baja California a celebrarse este jueves aparece en los puntos a tratar la elegibilidad e idoneidad de la terna como dictamen 21, y de ser aprobada, la Junta de Coordinación Política determinará después el procedimiento de votación para elegir.
El lunes pasado, la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales de la XXIV Legislatura local, sesionó y aprobó la elegibilidad de la terna enviada por la gobernadora Marina del Pilar Ávila, el pasado 24 de diciembre.
“Esta comisión advierte de manera objetiva que las ciudadanas María Alejandra Basaldua, Areli Lourdes Vera, como también Manuel González Millán, reúnen los requisitos para ocupar el cargo de comisionado o comisionada (..) Por lo tanto resultan elegibles”, expuso Daniel Cabrera, director de la consultoría legislativa.
ACCEDE A NUESTRA EDICIÓN DIGITAL ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!
Especificó que el titular tendrá la facultad de crear políticas públicas, así como proponer y supervisar las directrices, servicios planes, programas, proyectos y programas institucionales, para la protección, ayuda, asistencia y reparación de atención a víctimas.
El pasado lunes 27, organismos civiles denunciaron manipulación de la terna, pues señalaron que María Alejandra Basaldua y Manuel González Millán son funcionarios públicos, situación que prohíbe ser elegibles para el cargo, según el artículo 85 de la Ley General de Víctimas de Baja California.
El abogado José Ángel Peñaflor Barrón explicó que el amparo se interpuso bajo varios argumentos, porque no hubo consulta pública de la sociedad civil y grupos desaparecidos como marca la ley, los escogidos para la terna son empleados activos del gobierno del estado, no hubo dictamen para el resto de los participantes, que viola el principio legal de transparencia.
“Cualquiera de los escogidos podría tener lazos de sumisión con el ejecutivo”, opinó.
