El Impuesto Ambiental por la Emisión de Gases a la Atmósfera recién aprobado en el Congreso del Estado, a la par de perjudicar al sector de venta de gasolina, gas, y con ello a la población, carece de certeza técnica, por lo que será impugnado en tribunales federales.
El doctor en derecho fiscal, Adolfo Solís, fue quien refirió lo anterior, indicando que este nuevo impuesto se uniría a otros tres federales que ya existen, más dos estatales que entraron en vigor en este año, de los cuales uno ya contempla un gravamen por contaminación.
"Este impuesto ambiental es para emisión de gases a la atmósfera, es lo mismo. Es una réplica sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, ahí se ve la falta de técnica". A su vez, menciona que la reforma se apoya en un precepto que no está vigente.
"En esta ley que es nueva, dicen que van a seguir con un procedimiento de Pemex conforme al artículo 21 del reglamento de la Ley del Impuesto a las Gasolinas, y esa desapareció en 1981", subrayó.
A su vez, precisa que no es claro el impuesto al no señalar a qué sustancias se refiere como contaminantes, dejándolo a la discrecionalidad y con ello, abriendo la posibilidad al amparo una vez que sea publicado el nuevo gravamen.
En la actualidad, más del 90% de las estaciones de servicio de gasolina mantienen en tribunales federales solicitudes de amparo por los dos impuestos aprobados a finales del año pasado. En ese sentido, volverán a interponer uno más por lo aprobado en este abril.
Para Solís, la posibilidad que los dueños de gasolineras ganen el recurso legal en proceso y el que se avecina, es grande, lo que ocasionaría repercusiones económicas para las finanzas del país.
"Van a revertir la norma y el gobierno va a tener que reembolsar en un par de años todo el dinero que hoy está recolectando. Entonces si vamos a tener una crisis de estado, porque vamos a quebrar las finanzas públicas para regresar dinero que no era nuestro", sostuvo.
Por último, reprobó el actuar de los diputados que votaron a favor el impuesto. "Esta legislatura va a pasar a la historia como una de las más deficientes en técnica legislativa".
"Están dando la última estocada a los ciudadanos cuando están prácticamente caídos, sin capacidad económica, de consumo, sin que las empresas tuvieran mayor potencial de pago".
El gravamen contempla preceptos que ya desaparecieron, por lo que es muy probable que un futuro se declare como inconstitucional
