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La empresa Consolidated Water, acudió al Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), pues manifiestan que se les debe 51 millones de dólares, indicó Juan José Pon Méndez, consejero jurídico del Poder Ejecutivo.
Dicha empresa 2016 tenía un contrato con el gobierno del estado bajo la modalidad de Asociación Público Privada, con el propósito de construir financiar y operar una planta desalinizadora en el municipio de Playas de Rosarito. Posteriormente, en 2020 la Comisión Estatal del Agua junto a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), determinaron cancelar dicho contrato.
La empresa Consolidated Water considera que deben recibir 51 millones de dólares, dichos gastos según el consejero jurídico del gobierno de Baja California no son reembolsables, y debido a esta situación que se ha convertido en un asunto internacional, quien debe comparecer es el estado federal, mencionó Pon Méndez.
“En este caso la Secretaría de Economía, con quien ya tenemos comunicación constante y cercana para efecto de resolver esta temática”, agregó.
El consejero también destacó que además de estar en comunicación con la Secretaría de Economía, su dependencia también ha establecido reuniones con la Consejería Jurídica Federal.
“Esta para efecto de generar una ruta a seguir y estamos en un etapa de análisis de los gastos que ellos argumentan que han realizado”, detalló.
El consejero jurídico recordó que dicha desalinizadora buscaba beneficiar a la región de Tijuana y Playas de Rosarito, logrando favorecer a más de un millón 728 mil habitantes.
“En síntesis no era viable financiar una atención a los costos del volumen de producción, la empresa considera que se le deben algunos gastos no reembolsables (...) La empresa recurrió al Ciadi para llevar a cabo un arbitraje internacional”, concluyó.
“Estamos en un etapa de análisis de los gastos que ellos argumentan que han realizado” Juan Pon Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo
