Tijuana.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) está a favor de la seguridad sin guerra en México, sumándose a los pronunciamientos manifestados por Organismos Públicos Autónomos de Derechos Humanos, así como organizaciones de la sociedad civil en México.
Ante el anuncio de la creación de la Guardia Nacional del Gobierno de la República que entrará en funciones este primero de diciembre, la CEDHBC expresa de manera enfática que ninguna ley puede hacer explícita la violación a los derechos humanos, promover la ilegalidad o contravenir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El Estado mexicano, requiere instituciones sólidas y un marco jurídico que no deje lugar a dudas sobre las funciones que habrán de llevar a cabo los organismos encargados constitucionalmente de llevar a cabo las tareas de Seguridad Pública.
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California se pronuncia a favor de un México en paz, en el que se coloque a las personas en el centro de las políticas públicas y se escuche el sentir y las necesidades de quienes día a día sufren los embates de la inseguridad.
La militarización de la seguridad pública representa un riesgo para el reconocimiento, respeto y protección de los derechos humanos. Asimismo, debe evitarse el uso discrecional de las Fuerzas Armadas en acciones de combate al crimen organizado.
La creación de la Guardia Nacional dejaría de lado la necesidad de que las autoridades de gobierno emprendan acciones coordinadas y efectivas para favorecer los recursos y capacidades de las policías civiles.
La Ombudsperson subrayó que la seguridad, la seguridad humana y la seguridad ciudadana no son conceptos estáticos, sino que se han venido redimensionando con base en las necesidades y los hechos sociales, y se van complementado entre sí y con otra serie de conceptos que están interrelacionados, y nos permitirán a través de su estudio en conjunto, con el apoyo de las personas expertas que nos brindaran su conocimiento, generar las aportaciones y propuestas más adecuadas para combatir y prevenir conductas que afectan la seguridad ciudadana.
En ese sentido, informó que la seguridad ciudadana es una situación social tendiente al bienestar de las y los ciudadanos, entendiéndose como la ausencia de riesgos y daños a la integridad física y psicológica, donde el Estado debe garantizar que el desempeño de los cuerpos de seguridad se desarrolle con respeto a los derechos humanos, a través de la preservación de las libertades del individuo. Aunado a ello, la sociedad en su conjunto debe ser partícipe desde el ámbito de sus competencias, pues la seguridad ciudadana también es un tema de corresponsabilidad.
Puntualizó que las condiciones de la seguridad humana se mejoran mediante el pleno respeto de la dignidad, los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas, así como mediante la promoción del desarrollo económico y social, la inclusión social, la educación y la lucha contra la pobreza, las enfermedades y el hambre.
“La seguridad ciudadana es una de las dimensiones de la seguridad humana y por lo tanto del desarrollo humano e involucra la interrelación de múltiples actores, condiciones y factores entre los cuales se cuentan la historia y la estructura del Estado y la sociedad; las políticas y programas de los gobiernos; la vigencia de los derechos económicos, sociales, culturales; y el escenario regional e internacional”, agregó.
Olvera Rodríguez señaló que la seguridad ciudadana se ve amenazada cuando el Estado no cumple con su función de brindar protección ante el crimen y la violencia social, lo cual interrumpe la relación básica entre gobernantes y gobernados, por ello la importancia de que el tema sea analizado en un foro en el que converjan la academia y la sociedad civil.
