Tijuana.- Alrededor de 450 empresas y/o empresarios en Baja California se han manifestado inconformes por los cobros de los organismos del agua, por lo que algunos ya han presentado acciones legales, entre amparos y denuncias penales ante la Fiscalía General Estatal (FGE).
En conferencia de prensa, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) manifestó la intención de las empresas en realizar acciones individuales, debido a que consideran han sido sujetos de cobros indebidos y acciones coercitivas para el pago de adeudos por derechos y servicios que la autoridad no ha demostrado.
El asesor jurídico del CCE, Adolfo Solís Farías, mencionó que el gobierno de Baja California, a través de estas acciones de Fisamex, está incurriendo en la violación al Estado de Derecho debido a que está realizando “acciones de cobro por lo indebido”.
El abogado fiscalista augura que la Hacienda Pública en los futuros gobiernos tendrá que regresar y con intereses el dinero ahora recaudado por las acciones de Fisamex, debido a que no está utilizando los mecanismos existentes en la Ley del Agua para el cobro de adeudos.
Recordó y exhortó a los empresarios a “agruparse y presentar los recursos legales necesarios” para evitar ser sometidos a procesos ilegales de cobros.
El presidente del CCE en Tijuana, Gabriel Camarena Salinas, dijo que el organismo está volviendo a solicitar la cordura y diálogo con la autoridad para conocer los mecanismos por los cuales se están dictaminando los adeudos de las empresas.
El también presidente del CTE de los CCE en Baja California aclaró que están de acuerdo en que quienes adeudan a los organismos del agua paguen, sin embargo, la forma en que se aplican las acciones de cobro, sin dar oportunidad a las empresas de defenderse, es lo que se ha cuestionado desde meses atrás.
Rodrigo Llantada Ávila, presidente CCE Mexicali, manifestó el derecho de las empresas y empresarios a conocer los criterios que la autoridad está utilizando para las auditorías, así como la metodología, puesto que han encontrado variantes en el transcurrir de los meses, “necesitamos un puente de comunicación porque existe mucha desinformación entre los empresarios y el gobierno”.
“Primero había una norma técnica, y se cobraba por litros por segundo por hectárea, hoy hay casos en donde se están cobrando por metro cuadrado, sobre todo en el sector industrial”, dijo el presidente del organismo en Mexicali, además de mencionar que se deben establecer mecanismos de pagos si existe la responsabilidad de un adeudo por parte de las empresas.
En Ensenada, la situación preocupa a los empresarios debido a las implicaciones para el clima de inversiones, desde lo local hasta la internacional, “se están cuestionando seriamente las carteras de inversión debido a que se sienten extorsionados por los organismos del agua”, dijo Sergio Guevara, vicepresidente del CCE en el puerto.
