/ viernes 30 de julio de 2021

Comercio informal debe regularizarse, dice Contreras Valenzuela

El comercio formal se encuentra en desventaja, pues estos negocios pagan contribuciones que no realiza el comercio informal

Tijuana.- El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), señala que Baja California destaca por sus bajos niveles de comercio informal con 34.1%, a pesar de estos números bajos, José Luis Contreras Valenzuela, miembro del Colegio Nacional de Economistas, opinó que lo adecuado es la regularización de estos negocios ambulantes.

“Todos tenemos el derecho a buscar el sustento. El comercio informal es una manera lícita de ganar el sustento de la cual viven muchas familias de Tijuana. Lo que se debe hacer es que se regule dándoles permiso de operación pagando contribuciones, para también así ofrecer ciertas garantías que puedan darle mayor estabilidad y seguridad”, indicó.

El comercio formal se encuentra en desventaja, pues estos negocios pagan contribuciones que no realiza el comercio informal, señaló el economista, tales como pago de renta, servicios públicos, entre otros.

“Se considera que es una competencia desleal, pues no pagan una serie de servicios o contribuciones que el comercio establecido si hace. La informalidad no paga seguro social, servicios o renta, omite muchos costos que el comercio formal si paga como las contribuciones formales y el pago de derecho de operación, eso pone en desventaja al comercio formal.

Además, Contreras Valenzuela mencionó el peso político y social que tienen los comercios informales, y cómo son utilizados en las campañas electorales por los candidatos, y a su vez esto limita una posible regularización.

“En esas redes de comercios informales se han mezclado intereses de otro género, y operan planes muy cerrados y tienen un peso político importante. Tienen mecanismo de presión sobre las autoridades, pues han jugado el papel de gestores del desorden, y se oponen a la regulación. Las mismas instituciones públicas no han podido poner orden por la fuerza social que representan y que obstruye la posibilidad de poner orden (...) Para ello se necesita voluntad política, no hacer compromisos previos en las campañas y no ver a los vendedores ambulantes como botín político”, concluyó.

Tijuana.- El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), señala que Baja California destaca por sus bajos niveles de comercio informal con 34.1%, a pesar de estos números bajos, José Luis Contreras Valenzuela, miembro del Colegio Nacional de Economistas, opinó que lo adecuado es la regularización de estos negocios ambulantes.

“Todos tenemos el derecho a buscar el sustento. El comercio informal es una manera lícita de ganar el sustento de la cual viven muchas familias de Tijuana. Lo que se debe hacer es que se regule dándoles permiso de operación pagando contribuciones, para también así ofrecer ciertas garantías que puedan darle mayor estabilidad y seguridad”, indicó.

El comercio formal se encuentra en desventaja, pues estos negocios pagan contribuciones que no realiza el comercio informal, señaló el economista, tales como pago de renta, servicios públicos, entre otros.

“Se considera que es una competencia desleal, pues no pagan una serie de servicios o contribuciones que el comercio establecido si hace. La informalidad no paga seguro social, servicios o renta, omite muchos costos que el comercio formal si paga como las contribuciones formales y el pago de derecho de operación, eso pone en desventaja al comercio formal.

Además, Contreras Valenzuela mencionó el peso político y social que tienen los comercios informales, y cómo son utilizados en las campañas electorales por los candidatos, y a su vez esto limita una posible regularización.

“En esas redes de comercios informales se han mezclado intereses de otro género, y operan planes muy cerrados y tienen un peso político importante. Tienen mecanismo de presión sobre las autoridades, pues han jugado el papel de gestores del desorden, y se oponen a la regulación. Las mismas instituciones públicas no han podido poner orden por la fuerza social que representan y que obstruye la posibilidad de poner orden (...) Para ello se necesita voluntad política, no hacer compromisos previos en las campañas y no ver a los vendedores ambulantes como botín político”, concluyó.

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