Mexicali.- El exgobernador del Estado, Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid, acudió durante la mañana del viernes a las instalaciones del Centro de Justicia en Mexicali, a comparecer ante una denuncia que existe en su contra.
Pedro Ariel Mendivil García, fiscal regional en Mexicali, indicó que dicha carpeta fue producto de la denuncia presentada por el gobernador, Jaime Bonilla Valdez, a través de la Secretaria General de Gobierno, el pasado mes de noviembre.
“El día de hoy estaba citado comparecer uno de los imputados, en este caso el exgobernador, y comparece en compañía de su defensor particular, a quien designa y nombra, haciendo uso de su derecho constitucional de reservarse a declarar”, dijo.
De acuerdo a la carpeta de investigación con NUC 0202-2019-42685 se investiga el presunto delito de enriquecimiento ilícito, ejercicio indebido del servidor público, abuso de autoridad, peculado, negociaciones ilícitas, entre otros.
Así mismo se informó que dicha denuncia también es contra al menos once exfuncionarios de la anterior gestión estatal, donde hasta el momento solamente cinco de estos han sido citados ante la autoridad.
Estos son Loreto Quintero, Remigio Salcido, Antonio Valladolid, Bladimiro Hernández, Miguel Ángel López, Miguel Ángel Rodríguez, Edgar Castillo, Artemisa Mejía, Álvaro Ledezma, Isauro López, Silvia Lara, Juan Romero, Reynando Sandoval.
Señaló Mendivil García que hasta el momento se cuentan con 47 datos de prueba en la carpeta de investigación, donde aún se espera de información que fue solicitada a la Comisión Nacional Bancaria.
“Tenemos datos de prueba que nos dan un punto definido en la investigación, tenemos que verificar el tema de los manejos de las cuentas de las empresas y de las trasferencias de Gobierno del Estado, para deslindar responsabilidades”, detalló.
Una vez obtenido la información es que a través de la Unidad de Investigación de Delitos Patrimoniales comenzará con las líneas de investigación.
Manifestó que dicha carpeta es compleja lo cual es un tema de recursos, tanto el origen como los destinos, así como servicios que supuestamente se prestaron por 99 empresas fantasmas.
En la investigación se establece que ante la Oficialía Mayor se recibían facturas, donde ahí se capturaba y ordenaba el pago en menos de 24 horas, sin ninguna documentación que sustentara esto.
En total en las cerca de 273 operaciones fraudulentas se presume desviaron un total de 1 mil 586 millones 150 mil 299 pesos.
