Uriel Saucedo
Tijuana.- El director del Centro Binacional de Derechos Humanos (CBDH), Víctor Clark Alfaro, manifestó que la incidencia de homicidios no podrá resolverse únicamente con la reforma al código penal sobre la portación de armas de fuego sino hasta que se refuercen los programas de prevención; sin embargo, señaló que es uno de los temas en los que menos se ha observado que invierta el municipio, el estado y la federación.
“En el ámbito de la prevención, los recursos federales hace mucho tiempo que dejaron de canalizarse. Los recursos que tiene le ayuntamiento para programas de prevención, hay una disparidad y una enorme contradicción cuando son aproximadamente 800 mil pesos anuales para prevención, mientras que, para publicidad, la cifra es mayor”, señaló el también antropólogo, quien, además, indicó que con tal recurso no se logra un impacto en los programas de prevención.
En el caso del gobierno del estado, observó que la falta de pago a la Policía Ministerial y a los ministerios públicos es un factor que propicia que los trabajadores dejen de hacer su trabajo como corresponde.
Destacó que el crimen organizado, con el paso de los años, ha logrado consolidarse y expandirse por todo el estado. Comentó que, a diferencia de los años 90, cuando la pelea era por la ruta hacía Estados Unidos, actualmente la lucha es por mantener el mercado regional.
Además, indicó que no solo es la problemática del enfrentamiento entre los cárteles de los Arellano Félix, el de Sinaloa, y el Jalisco Nueva Generación, sino que, de esos grupos, han salido otras células o subgrupos que están buscando controlar una parte de dicho mercado.
Manifestó que el combate contra el narcomenudeo por parte de las autoridades, en los últimos 20 años, no ha podido eliminarlo o contenerlo; ha propiciado que logre expandirse, y podría haber autoridades y empresarios involucrados en cuestiones de corrupción y lavado de dinero.
