Las mujeres y menores de edad que solicitan dádivas en las calles de Tijuana, en su mayoría son desplazadas por la violencia en sus comunidades, mencionó Cristina Solano Díaz, presidenta de la Asociación de Mediadores Bilingües Interculturales de Baja California.
Actualmente la asociación civil está realizando un censo para conocer cuántas personas se encuentran en esta situación, y los primeros reportes indican que la mayoría son desplazados y provenientes de la comunidad Tsotsil de Chiapas, indicó Solano Díaz.
Apuntó que han habido varios casos en donde las personas, en especial las mujeres con sus hijas e hijos, han sido detenidas por autoridades y los menores llevados al Sistema DIF, por solicitar dinero en la calles.
El más reciente ocurrió en Mexicali, donde tuvo que intervenir la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEHDBC) y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), debido a que la madre fue llevada a la Fiscalía General del Estado (FGE), y le fue negado el acceso a un intérprete para defender su caso.
Jorge Álvaro Ochoa Orduño, titular de la CEHDBC, mencionó que el organismo está integrando un expediente respecto al caso, en el cual la policía municipal de Mexicali detuvo en un crucero a una madre, junto con su bebe e hijo de cinco años, quien sufrió una lesión al ser atropellado durante la detención.
“Hemos demandado a las instituciones, a las autoridades, que es muy importante que primero se reconozca el derecho colectivo de las personas indígenas de ser asistidos por un intérprete”, expresó Solano Díaz.
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También hizo un llamado para detener la violencia y la persecución que viven las personas, por parte de autoridades estatales y municipales, así como de cámaras empresariales en contra de quienes están en las calles.
