Tijuana.- Una nueva denuncia de abuso policiaco y detención arbitraria ha salido a la luz.
Esta vez fue hecha por Salvador Blanco Romero, un empresario de Tijuana, y es en contra de elementos de la ahora llamada Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana de Baja California.
“Abusaron de mí y me robaron, me torturaron siendo una persona inocente; por lo cual estoy muy molesto, estoy muy dolido. Tengo algo de miedo porque me amenazaron con que iban a ‘reventar’ la casa de mi mamá”, declaró en entrevista semanas después del incidente.
El denunciante, nativo de esta frontera y con ciudadanía estadounidense, es propietario de dos negocios en Tijuana. Uno de ellos, un bar en la zona centro al que se metieron los agentes estatales mientras a él lo tenían retenido, según versiones de testigos.
“Se metieron a mi oficina y arrancaron las memorias (del sistema de videovigilancia). A mi empleada la toquetearon”, contó Salvador.
Su viacrucis empezó el 21 de mayo cuando se dirigía a su trabajo y fue intervenido por los uniformados.
“Se bajaron los policías estatales apuntándome y, ’¡Baja los vidrios y bájate del carro!’. Amenazándome, y lo que hice fue pues, no tengo problemas, nada. Bajé las ventanas del carro, me bajé del carro”, recuerda.
Asegura que trató de razonar con los oficiales, pero siguieron maltratándolo y además le pidieron cinco mil dólares.
“Les dije: Te voy a enseñar las cuentas de mi banco, en mi teléfono tengo las cuentas de mi banco, te voy a enseñar que no tengo los cinco mil dólares. ¿Y a quién le voy a hablar ahorita para decirle; Préstame cinco mil dólares para pagarle al señor porque me tiene detenido? Sí yo tuviera problemas con la policía, ¿tú crees que no en ese mismo instante te hubiera ofrecido dinero?”.
Sentado en su negocio contó que mientras lo tenían esposado en la patrulla, un grupo de policías “sembró” una pistola en su camioneta para después decirle que lo entregarían a la Fiscalía General de la República (FGR), por posesión de arma.
“No me di cuenta cuando la pusieron en el carro pero duraron alrededor de una hora, más de una hora en ponerla, porque cuando eso pasó yo estaba atrás del pick up esposado. Ya había pasado todo lo de que me habían amenazado y miré cómo unos cinco o seis oficiales venían caminando en bolita, se arrimaron a mi carro. Entonces (me dijeron): ¡Ah no cabrón! ¿No que no tenías un arma?”, mencionó.
Pero antes de presentarlo a las autoridades federales, los agentes lo llevaron a unas instalaciones en el este de la ciudad que no logró identificar, donde asegura que siguieron hostigándolo hasta que decidió aceptar las acusaciones por temor.
“La verdad lo que pensé en ese momento es que me iban a desaparecer. Dije: Todo lo que me digan: ‘Sí señor…esto… sí sí señor es mi arma. Sí, sí, sí, yo la tengo, yo todo lo que quiera’. En ese momento era porque estaba en una celda, solo”, comenta.
MALOS ANTECEDENTES
No es la primera vez que se presentan denuncias contra la actuación de la policía que forma parte de la administración estatal de Baja California.
Esa corporación, junto con la policía de Tijuana, disputa el nada honroso primer lugar por el número de quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC)
En lo que va del 2022, ese organismo ha registrado 18 quejas en contra de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la cual depende la ahora llamada Fuerza Estatal.
En una comunicación por mensajería telefónica, esa oficina que dirige Carlos Mora Marrufo informó que durante el año en curso los principales derechos humanos vulnerados fueron los siguientes: Derecho a la Seguridad Jurídica, a la legalidad, a la propiedad o posesión y a la Libertad.
Previamente, durante el 2021, la CEDHBC recogió 45 quejas en contra de la que entonces se llamaba Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI).
Ese año, el segundo de la gestión de Jaime Bonilla Valdez como gobernador, los principales derechos humanos presuntamente vulnerados por elementos de la corporación fueron el derecho a la seguridad jurídica, a la legalidad, a la integridad y seguridad personal, además del derecho al trato digno.
Las quejas en contra de la corporación estatal significaron un incremento con relación al 2020, cuando la ciudadanía interpuso 40 quejas por supuestas violaciones similares.
Los números indican que si bien hasta ahora no hay un incremento en el número de denuncias por presuntos abusos, tampoco hay evidencia de que estén disminuyendo.
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La policía estatal, creada durante los gobiernos panistas, no es ajena a las controversias a pesar de las transformaciones que ha vivido en épocas recientes.
La actual Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana fue creada el primero de enero del 2022 con la llegada de Marina del Pilar Avila Olmeda como gobernadora de Baja California.
Antes de eso su predecesor, el también morenista Jaime Bonilla, había desaparecido la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), de la cual dependía la Policía Estatal Preventiva (PEP)
Esa secretaría fue una de las varias eliminadas por Bonilla Valdez bajo el argumento de reducir el aparato burocrático y crear ahorros en el presupuesto.
La PEP, como se le conocía comúnmente, ya era notoria. En algunos casos porque durante un tiempo era prácticamente la única dependencia que enfrentaba y perseguía a las células delincuenciales afiliadas a los cárteles de la droga que operan en esta frontera.
Los ‘’pepos’’, como los llamaban algunas personas, lograron importantes capturas de peligrosos criminales asociados con la delincuencia organizada que llegó a corromper muchas de las instituciones del estado.
Su rol de policía antinarcóticos le costó varias vidas a la corporación, particularmente cuando la dirigió el teniente coronel retirado, Julián Leyzaola Pérez.
Y en distintas épocas, esa policía estatal también se ha visto involucrada en escándalos por tortura, abusos policíacos y en algunos casos más recientes ha enfrentado acusaciones de presuntas ejecuciones extrajudiciales.
Con todos esos antecedentes, la nueva Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana dice en su página web que su misión es, “en un marco de irrestricto respeto a los derechos humanos, garantizar la convivencia armónica y la seguridad ciudadana de los bajacalifornianos, salvaguardando su integridad, su patrimonio’’.
Cuestionado recientemente durante una de las conferencias que el gobierno ‘marinista’’ llama “Impunidad Cero’’, Gilberto Landeros Briseño, el General en retiro que encabeza la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la que depende la Fuerza Estatal dijo que hasta ahora investigan a 15 oficiales de esa corporación por malas conductas y ya han dado de baja a 4 agentes que venían de administraciones anteriores.
Pero Landeros Briseño también reconoció que la Contraloría, el órgano de vigilancia interna de la Secretaría, tiene apenas unos meses de haberse constituido.
LIBRE, PERO CON PROBLEMAS
A pesar de que un juez federal calificó como ilegal la detención de Salvador Blanco hecha por los agentes estatales, sus problemas no terminaron ahí.
A más de un mes después del incidente y de su liberación por falta de pruebas, aún no le regresan su dinero, sus pertenencias ni su camioneta. Ésta última se encuentra bajo resguardo en la delegación de la FGR.
“Fui paciente, lo más paciente que pude, pero salir y que me sigan con más trabas y más trabas, siento que es muy frustrante», dijo el hombre que mantiene un trabajo en Estados Unidos mientras intenta sacar adelante sus negocios en Tijuana.
Blanco Romero, quien fuera por mucho tiempo entrenador de equipos escolares de fútbol soccer en San Diego, California, mostró que incluso pidió una carta a las autoridades norteamericanas que confirman que es el legítimo propietario del vehículo que aún no le regresan.
“Sé que al declarar, al llevar la denuncia o al salir esto a las noticias, es algo bien riesgoso y que me van a andar buscando. Pero es que no soy un cobarde, y así como ellos tienen valor para hacer sus cosas, uno también tiene valor para denunciar las cosas. Sé que ha mejorado mucho estos años la justicia y que van a hacer justicia. Tengo que luchar y demostrar que soy inocente, que hay bandidos dentro de la policía”, comentó.
Asegura no tener problemas con la ley ni en México, ni en Estados Unidos y tras dar a conocer su denuncia, la Secretaría de Seguridad Ciudadana se puso en contacto con él para recabar la información necesaria y actuar en consecuencia.
Al mismo tiempo, como medida de precaución, Salvador considera pedir el acompañamiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
