Las concesiones para el servicio de arrastre y almacenamiento de vehículos no han sido licitadas desde 2008, pese a las continuas quejas contra las empresas que administran los "corralones", dijo Rafael Leyva, titular de la Sindicatura Procuradora de Tijuana.
Señaló que durante estos 14 años el Ayuntamiento solo ha otorgado prórrogas de las concesiones sin que hasta ahora hayan localizado documentos de la renovación de contratos.
Rafael Leyva dijo que estarán revisando los argumentos con los que fueron aprobadas esas prórrogas y la calidad del servicio de arrastre y almacenamiento que ofrecen las concesionarias.
"Cuando a una empresa se le da una prórroga es porque el servicio ha sido excelente, porque no hay necesidad de pasar por un proceso de licitación", apuntó.
Sin embargo, añadió, tras una inspección física a miles de vehículos en las siete concesionarias detectaron posibles irregularidades, algunas de muchos años atrás que no fueron atendidas por pasadas administraciones municipales .
"Encontramos que en los corralones a algunos vehículos les faltaban partes, en otros con golpes, tenemos la evidencia de las fotografías que se toman para registrar cómo ingresó el automóvil", dijo Rafael Leyva.
Mencionó que hay otras observaciones como la falta y el no funcionamiento de cámaras de vigilancia, una obligación estipulada en el contrato firmado por el Ayuntamiento de Tijuana y las empresas que prestan el servicio.
"A quien no subsane esas observaciones se le revocará la concesión", afirmó el funcionario municipal.
Añadió que también investigarán la actuación de funcionarios que pudieran tener alguna responsabilidad en la otorgación de esas prórrogas.
El pasado 12 de diciembre, Rafael Leyva anunció el inicio de un proceso que puede terminar en revocación de las siete concesionarias que actualmente prestan el servicio en las nueve delegaciones municipales.
"Si no se subsanan las observaciones por parte de alguna de las concesionarias, sigue el proceso hasta perder la concesión, cuyo proceso puede durar dos meses'', explicó.
El pasado viernes 16 de diciembre las empresas fueron notificadas de manera formal sobre este procedimiento.
Añadió que el Cabildo de Tijuana es la autoridad que decidiría al final si una concesión se debe revocar o no, luego de presentar la documentación que lo justifique.
El síndico dijo que tampoco es toda la culpa de la concesionarias, sino han sido parte de "malas administraciones" que en lugar de corregir los problemas nada más extienden prórrogas para que 'sigan las cosas funcionando como siempre"
