Desvío de recursos en dependencias como recaudación de rentas y las comisiones del servicio de agua potable, así como la usurpación de funciones por parte del ex gobernador Jaime Bonilla Valdez, forman parte de los 160 expedientes de investigación que dejó sin solventar la pasada administración, informó Rosina del Villar, secretaria de Honestidad y Función Pública de Baja California (SHFP).
A la fecha, detalló que 28 expedientes ya fueron concluidos en su integración y presentado el informe de presunta responsabilidad administrativa.
Seis más se encuentran en vía de notificar responsabilidades y 126 se mantienen activos, en integración.
Entre los hechos investigados, dijo, se encuentra el seguimiento a una denuncia interpuesta en contra del ex gobernador Jaime Bonilla Valdez por usurpación de funciones, quién se ha ostentado como ingeniero, sin contar con cédula que lo acredite como tal.
La Secretaría de Planeación y Finanzas, Recaudación de Rentas y las Comisiones de Servicios Públicos de Tijuana, Ensenada y Mexicali, son las dependencias de gobierno con mayor cantidad de investigaciones abiertas y las más observadas por la ASF, expuso.
En el caso de recaudación de Rentas, el cobro por la expedición de licencias sin presentar examen, es una de las principales anomalías que se encuentran bajo investigación.
En el caso del municipio de Ensenada, para la liberación de estas licencias, los encargados hacían firmar los documentos de liberación a prestadores del servicio social.
En el caso de las comisiones del agua, una práctica recurrente ha sido la realización de servicios de reparación de instalaciones que ameritan cobro, sin que el recurso se ingrese a la dependencia.
De las averiguaciones de 2021, se destaca una investigación que involucra al actual diputado de Morena, Isaías Bertín Sandoval, por ocupar cargos a nivel federal y estatal al mismo tiempo.
La ocupación de doble plaza sin cumplir con requisitos, es una práctica también detectada en Cobach, la cual también se investiga.
De las irregularidades de 2020 destaca la falta de documentos que comprueben los ingresos por venta de gas avión y turbosina, del Aeropuerto de San Felipe.
Así como anomalías incurridas por el Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda (Indivi) a invasores, instancia que cobró 5 mil pesos por expedición de constancias que reconocían la propiedad de terrenos invadidos.
“No voy a dejar ninguno sin investigar”, garantizó la funcionaria.
No obstante, aclaró que en aquellos en los que no se encuentren elementos suficientes, se van a reservar, sin que ello signifique que se les dará “carpetazo”.
Cuando surjan nuevos elementos, anotó, serán reintegrados a los expedientes, acotó.