Tijuana. – En relación al fallecimiento de una persona en custodia de la Policía Municipal y jueza de la delegación Mesa de Otay, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) emitió la Recomendación 2/2020, dirigida al Ayuntamiento de Tijuana.
El presidente del Organismo, Miguel Ángel Mora Marrufo, informó, en comunicado de prensa, que este pronunciamiento fue emitido por un caso de violaciones a los derechos a la seguridad jurídica y a la vida, en agravio de un hombre, y atribuidos a una jueza calificadora y a dos elementos policiales adscritos a la actual Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal.
En los hechos registrados el 17 de julio de 2017, la víctima fue detenida por dos policías y trasladada a las instalaciones de la Delegación Mesa de Otay, para posteriormente ser presentada ante la jueza calificadora en turno. Dicha servidora pública estableció sanción de arresto de diez horas. Familiares del detenido advirtieron que su condición física requería atención médica, por lo que solicitaron apoyo tanto a la jueza, como a los policías. La petición les fue rechazada y el detenido murió al interior de las celdas de la delegación.
Por lo anterior y derivado del análisis, la CEDH BC solicita a la autoridad emitir un protocolo o manual de actuación institucional para que policías y jueces municipales aseguren la plena protección de la salud de las personas bajo su custodia: para que tomen las medidas inmediatas de proporcionar atención médica cuando se precise; y, asimismo, para designar personal médico en todas las delegaciones de Tijuana o bien, que todas las personas detenidas sean certificadas por un perito médico antes de ser presentadas ante el juez municipal.
El ombudsperson subrayó que, en este, así como en todos los pronunciamientos del Organismo Público Autónomo, se enfatiza la importancia de que las autoridades responsables reparen de manera integral los daños ocasionados a las víctimas y realicen las gestiones para que sean indemnizadas en los términos dispuestos por las Leyes General y Local de Víctimas.
El Ayuntamiento de Tijuana está obligado a notificar a la CEDHBC las constancias que acrediten el cumplimiento de la Recomendación, misma que ya fue debidamente notificada.
En caso de no ser aceptada, la CEDHBC, de acuerdo con sus atribuciones, podrá solicitar al Congreso del Estado la comparecencia de la autoridad a efecto de que expliquen el motivo de su negativa.
