Tijuana.- Migrantes mexicanos y centroamericanos fueron enviados por el gobierno mexicano a refugios con víveres limitados para sus necesidades básicas luego de desalojarlos del campamento de la garita El Chaparral, la madrugada del domingo 6 de febrero.
Quienes habitaban el campamento migrante, instalado en ese puerto fronterizo durante casi un año, aseguran que se alojaban más de 800 personas.
Pero, de acuerdo a la alcaldesa de Tijuana, fueron retirados del sitio un total de 381 personas entre menores de edad, hombres y mujeres.
De esa cantidad, el director de Atención al Migrante, Enrique Lucero Vázquez, reportó que solo 162 fueron distribuidos a los albergues Proyecto Salesiano, Refugio para Mujeres Don Bosco, además de Jardín de Las Mariposas, Embajadores de Jesús y Carmen Serdán.
De estos cuatro sitios, solo el albergue Carmen Serdán obtiene recursos gubernamentales para su sostenimiento, los demás dependen de donativos de particulares, toda vez que el gobierno del estado les retiró todo tipo de ayuda desde hace tres años.
“Así funcionamos desde que comenzó este gobierno y el anterior. Desde que cambió el color, por así decirlo, la asociación civil no hemos recibido nada, pero nosotros seguimos en el trabajo”, compartió Claudia Portela, responsable del Refugio para Mujeres Don Bosco.
Durante un recorrido por albergue, los integrantes de las familias reubicadas manifestaron pasar hambre y frío, al no contar con comida, ropa y calzado suficiente.
En tanto, las personas llevadas al albergue Carmen Serdán dijeron que son objeto de trato arbitrario desde el momento en el que son ingresados porque les retiran los teléfonos celulares, dejándolos incomunicados.
Además de ser advertidos que solo pueden salir del lugar un día a la semana.
Por ello muchos optaron por no ingresar en los albergues, y entre los que ingresaron a refugios como el Don Bosco, Carmen Serdán y Jardín de Las Mariposas, han reportado haber abandonado esos refugios.
COMPROMISO INCUMPLIDO
“Si quieren quedarse en Tijuana, van a vivir de manera digna, el gobierno se compromete a apoyarlos con los programas de mujeres emprendedoras, de niñez, algunas oportunidades laborales”, para evitar que tengan que estar en las calles, expresó Montserrat Caballero, presidenta municipal de Tijuana, el mismo día que el campamento de El Chaparral fue desalojado y derrumbado.
Descartó la posibilidad de solicitar apoyo a la federación para atender a los migrantes, y sostuvo que daría ayuda a los albergues para garantizar una estancia indefinida de los desalojados de El Chaparral.
A pregunta expresa de si habría apoyo a los albergues, respondió: “Si claro, porque la estancia no tiene una fecha de caducidad”.
A casi una semana de la reubicación, la ayuda prometida no ha sido canalizada a los albergues.
“Solo nos preguntaron si teníamos espacio y nos dijeron que traerían a esas familias, pero no hemos recibido ayuda”, compartió Claudia Portela, responsable del Refugio para Mujeres Don Bosco.
Ahí fue llevada María Regina Alvarado Villanueva, quien durante tres días calzó solo unas sandalias de plástico y portó la misma ropa con la que fue desalojada.
“Por los nervios solo pude tomar unos documentos y dos cambios de ropa para mi hijo. Ya pedía al menos un pantalón, pero aquí dicen que no hay de mi talla”, comentó.
Ella y su hijo Josué Othoniel, de 11 años, son originarios de Honduras, país del que huyeron después de que el hijo mayor de María desapareciera y ella fuera amenazada de muerte.
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REFUGIO PARA MIGRANTES SOLO POR UN MES
Sin la garantía de un apoyo, la estancia de los migrantes en albergues como el Refugio para Mujeres Don Bosco no puede comprometerse en forma indefinida.
“No lo puedo asegurar, pero cuando menos les garantizamos que el primer mes, aquí pueden estar”, indicó Claudia Portela.
Durante ese periodo se evaluará el estatus legal y la razón por la que se desplazaron a Tijuana.
El refugio daba albergue a 23 personas antes del arribo de los 44 migrantes de El Chaparral, de los cuales 20 son mujeres y 24 menores de edad.
Desde su apertura, en diciembre de 2021, y hasta la fecha, se sostiene con donativos y apadrinamiento de particulares.
Claudia rememoró que antes del arribo de los gobiernos de Morena, el estado disponía de un fondo que destinaba una vez al año para gastos operativos de las casas que trabajan para migrantes.
“El monto dependía de las personas que llegaran a tener, podía ser de 800 mil hasta un millón de pesos, y era para cubrir gastos operativos, insumos, medicamentos, o servicios de agua y luz”, comentó.
Al retiro del apoyo gubernamental, estos espacios enfrentan también la disminución de los donativos que derivó de la pandemia por coronavirus.
“Hay mucha limitación”, expuso al comprometerse a apoyar “en la medida de las posibilidades”.
RECHAZO A REFUGIOS ESTABLECIDOS
Con problemas de salud, síntomas de gripa y fiebre, pero sobre todo en depresión por la forma en como fueron desalojados de El Chaparral, así llegaron las personas reubicadas de El Chaparral al refugio Don Bosco, compartió la sicóloga Alejandra Medina.
Las personas retiradas del campamento del puerto fronterizo sostienen que recibieron mal trato durante el desalojo.
Tras ser despertados a las 3:00 de la madrugada del domingo, la mayoría salió de sus casas de campañas para ver qué sucedía, encontrándose rodeados por personas armadas (elementos de la Guardia Nacional, Seguridad Pública estatal y municipal, que participaron en el operativo), detalló Jorge Alberto, joven de 20 años.
“Llegaron de una manera muy agresiva, dicen que nos dieron tiempo, pero no nos dejaban sacar ni lo indispensable, solo pude sacar un cambio”, contó.
“Ha sido puro sufrimiento, por una parte no queríamos salir de nuestro país, pero era obligado que lo hiciéramos porque corría riesgo nuestra vida”, expuso quien, junto con sus padres y cinco hermanos, huyó de Honduras desde hace cuatro años.
La resistencia a permanecer en un albergue establecido es la constante en la comunidad desplazada de El Chaparral.
También se les observa molestos por lo que consideran “el despojo de nuestras pertenencias”, asentó Uberlinda Rivas Vázquez, quien se desplazó de El Salvador, con su hijo de 10 años.
“Un día recibimos despensas y compramos huevos, todo quedó allá, pedimos oportunidad de sacar las cosas y no nos dejaron”, lamentó.
Por su parte, la hondureña Keyla, quien llegó a Tijuana con una bebé de 10 meses y un niño de 8 años, dijo que lo imprevisto del desalojo le impidió sacar lo suficiente para ella y sus hijos.
“O tomábamos a nuestros hijos o agarrábamos nuestras pertenencias, por eso pedimos volver y no nos dejaron, a mi hijo lo saqué descalzo, nos dijeron que aquí nos darían lo que necesitáramos, pero no nos han dado nada, al niño le tuve que poner unos zapatos míos, así anda”, anotó.
Keyla apuntó que en un recorrido de la alcaldesa Montserrat Caballero por el campamento les prometió que no serían desalojados.
“Nos pidieron firmas para que manifestaran si queríamos quedarnos en el campamento o irnos a algún albergue, la mayoría firmamos para quedarnos y en lugar de ello nos sacaron”, agregó.
Y aunque reconoce que en días de lluvia les iba pésimo, dijo preferir volver a El Chaparral que estar en los albergues.
“Ahí me sentía como en familia, aquí nos tratan como si tuviéramos lepra”, acotó.
PRESENTAN QUEJA ANTE CNDH
En representación de los migrantes desalojados de El Chaparral, Albert Rivera Colón, encargado del albergue Ágape, presentó el jueves una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), con sede en Tijuana, en contra de las autoridades que participaron en esta acción.
Antes de presentar la queja, decenas de migrantes realizaron una manifestación exigiendo justicia, respeto a sus derechos y trato humanitario.
En la denuncia, asentaron que los habitantes del campamento fueron retirados bajo un trato arbitrario, además de ser despojados de sus pertenencias y desalojados en contra de su voluntad.
A pesar de que en ese lugar se ubicaban personas que han presentado denuncias al ser víctimas de trata y violencia, Albert Rivera señaló que las autoridades no dispusieron de un protocolo de seguridad para ellas.
Sostuvo que los migrantes reubicados fueron amenazados con ser deportados si no subían a los camiones, situación que también dijo haber asentado en la denuncia que hará extensiva ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
SIN RECURSOS, BUSCAN COORDINAR APOYO A MIGRANTES
Autoridades de Baja California y Michoacán iniciaron el pasado jueves mesas de trabajo para coordinarse en la atención al desplazamiento forzado del estado sureño, de donde son originarios la mayoría de los migrantes mexicanos que habitaban el campamento de El Chaparral.
Sin embargo, autoridades de ambos gobiernos se dijeron sin recursos presupuestados para brindar apoyo a los migrantes que buscan atender.
Brenda Fraga Gutiérrez, titular de la Secretaría del Migrante en Michoacán, dijo tener la encomienda de “fortalecer lo que ya se está haciendo en los albergues” de Tijuana, pero admitió no tener un presupuesto para ello.
Por su parte, Adriana Minerva Espinoza Nolasco, subsecretaria de Asuntos Migratorios de Baja California, reconoció que brindar atención a las personas desplazadas “se sale de nuestras manos, de nuestro presupuesto”.
Por ello, consideró importante la coordinación de acciones entre el gobierno bajacaliforniano y de las entidades en las que la violencia está generando el éxodo de migrantes.
