Tijuana.- Con la aprobación de la Ley para la Prevención, Gestión Integral y Economía Circular de los Residuos, por parte del congreso local, el pasado 10 de febrero, Baja California ahora tiene una normativa ambiental vanguardista, que establece los lineamientos para desvincular el crecimiento económico de la generación de residuos y del excesivo consumo de recursos naturales.
Mediante esta norma, también se reemplazarán los plásticos nuevos, denominados “vírgenes”, por otros reciclados, en artículos como envases o productos desechables.
De igual manera, se fomentará la sustitución de tales artículos por productos retornables, al tiempo que se vedarán aquellos que causan un impacto ambiental considerable en el estado.
Emanada de una iniciativa presentada por el diputado Fausto Gallardo García, del PVEM, dicha ley busca prolongar la vida útil de los productos, generando beneficio en el aspecto ambiental, económico y social.
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En lo ambiental, buscará el aprovechamiento de los residuos que generen los productos, haciendo del residuo, como tal, un recurso; en lo económico, enfatiza la rentabilidad, al reutilizar los productos que se encuentran en el mercado, reduciendo precios de producción, mismos que se verán reflejados en el precio de venta final, beneficiando al consumidor de los mismos; en cuanto a lo social, habrá una disminución de residuos y, por ende, de la contaminación, así como de sus consecuencias negativas hacia la salud.
La estrategia de Ley de Economía Circular radica en la visión de una gestión integral, que permite que los residuos se reintegren de manera segura y eficaz a otro tipo de productos.
De la mano de esta gestión integral, el Estado de Baja California se comprometió a implementar y hacer cumplir un esquema innovador, en cuanto a que algunos productos que se comercialicen dentro de la entidad, deben cumplir con ciertos porcentajes mínimos de material reciclado dentro de su diseño, contribuyendo así a la lucha global por rescatar el medio ambiente.
La participación de la sociedad es indispensable para la política pública ambiental. Por ello, la Ley de Economía Circular establece la implementación de esquemas de responsabilidad compartida y diferenciada, que definen las obligaciones a las que se encuentra sujeto cada sector que participa en la cadena de residuos, para alargar la vida útil de los productos y en su caso, se aprovechen y reintegren al sistema.
La educación ambiental es un tema prioritario de la nueva ley, misma que será abordada por los gobiernos estatal y municipal, con el apoyo de cámaras empresariales y organizaciones sociales, a fin de que se le informe a la ciudadanía del impacto del desecho de productos, para que esta pueda aprender y apoyar con la separación, desde el momento en que generen los residuos.
Además, la Ley de Economía Circular representa la creación de un ordenamiento que cumple con estándares internacionales de vanguardia y respeta los compromisos a los que México se ha suscrito.
También atenderá un problema cotidiano en Baja California, que son los basureros y quemas de residuos en vía pública.
Así, prohíbe depositar residuos que despidan olores desagradables o aquellos provenientes de la construcción en los contenedores instalados en la vía pública, exceptuando aquellos utilizados para la higiene personal; también los tiraderos clandestinos, no autorizados por la autoridad competente, incluyendo los sitios a cielo abierto.
En cuanto a las quemas agrícolas, únicamente podrán realizarse cuando no sean un riesgo para la salud pública y los ecosistemas, debiendo llevarse a cabo dentro de un horario en que la dispersión del aire sea favorable y solamente mediante recomendación de alguna autoridad forestal, agraria o pecuaria.
De igual forma, queda prohibido el ingreso al Estado de residuos de origen nacional o internacional, que no cumplan con los mecanismos sanitarios correspondientes y los procesos aduanales aplicables.
Se espera que la Ley de Economía Circular sea publicada en el Periódico Oficial del Estado en los próximos días, al ser concordante respecto a las políticas ambientales establecidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
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