Estados Unidos pondrá en marcha un plan piloto para la contención de flujos migratorios irregulares que atraviesan Panamá en su ruta para llegar a Norteamérica, y desde ese país serán repatriados a su lugar de origen si no comprueban su estancia legal
Además, este plan busca evitar que los migrantes sean usados como contrabando humano por grupos criminales, en el marco de la Declaración de Los Ángeles, que consiste en crear políticas y prácticas relacionadas con la migración y su protección, dijeron autoridades estadounidenses en conferencia virtual.
Luis Miranda, Subsecretario adjunto de Comunicaciones del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), dijo que entrenarán al personal migratorio panameño para que amplíen sus capacidades y operaciones.
“Reconocemos que la situación del Darién es insostenible y hay muchos casos trágicos. Esperemos que los migrantes dejen de exponerse a sí mismos y sus familias”, añadió
Erick Jacobstein, subsecretario Adjunto para América Central de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, comentó que esperan que las próximas semanas inicien las repatriaciones, sin especificar la cantidad de los vuelos ni los países.
Informó que el costo de los vuelos de repatriación desde Panamá serán financiados por Estados Unidos, por lo que han asignado seis millones de dólares para este plan piloto.
Marcela Escobari, coordinadora de la Declaración de Los Ángeles, dijo que 22 países están colaborando para atender este problema migratorio, entre ellos México.
Mencionó que esta semana sostuvieron una reunión con autoridades mexicanas, donde acordaron brindar seguridad en las vías férreas para que no sean usadas en el tráfico de personas.
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“Ir detrás del financiamiento de redes criminales, que no solamente tratan drogas y armas sino que ahora también en personas. Estamos trabajando en conjunto a nivel táctico y operativo que no hemos visto en el pasado”, agregó.
Señaló que los flujos migratorios han bajado un 50% desde la orden ejecutiva de seguridad fronteriza, emitida por el presidente Joe Biden, derivado de los esfuerzos en conjunto con México y con el resto de los otros países.