Acatar de forma inmediata la despenalización del aborto determinada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y no relegar en forma indefinida la anulación de la legislación local, demandó Meritxell Calderón Vargas, coordinadora en América Latina de la Red Iberoamericano Pro Derechos Humanos, A.C.
Al anular la Corte la penalización del aborto, considerando el artículo 196 del código penal del estado Coahuila, se creó un precedente que debe ser considerado por todos los estados, sin ser desdeñado por los diputados como sucedió con los matrimonios igualitarios, tema que el estado de Baja California tardó mucho en acatar, anotó.
Una vez anulada la legislación local que prohíbe la interrupción del embarazo en mujeres, se deberá permitir la libertad inmediata de las mujeres presas en Baja California por abortar, subrayó.
Indicó que como colectivo estarán vigilantes particularmente en este tema, “si había 66 mujeres presas en Baja California, o que habían sido sancionadas por el tema del aborto, hay que revisar que todas salgan en libertad y que a ninguna se le siga extorsionando por parte de la policía”.
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Para Ramón Antonio Aboytes Hernández, consejero de la Confederación de Colegios, Asociaciones de Abogados de México, A. C. (Concaam), la resolución de la SCJN “refleja una realidad social, aunque algunos, como en mi caso, no estamos a favor del aborto, sino de la educación en el tema sexual y la prevención”.
Indicó que la Corte marca la ruta a seguir en este tema “y como estado tenemos que seguir la misma ruta, es una cuestión de estricto derecho, más allá de valores morales o principios”.
