Tijuana.- El Poder Legislativo debe abogar para que el Poder Judicial de Baja California cuente con la autonomía presupuestaria como lo establece ley, haciendo a un lado a intermediarios, como el ejecutivo estatal, a la hora de aprobar su presupuesto, opinó Rafael Mauricio Cruz Manjarrez García, presidente de la Alianza Mexicana de Abogados en Baja California.
Dijo que la crisis presupuestaria que enfrenta actualmente el poder judicial deriva precisamente por la triangulación que se da, tanto en la solicitud del presupuesto, como en la asignación del mismo.
El recurso lo debe solicitar directamente al Congreso del Estado y no al ejecutivo Estatal, porque está probado que la solicitud de partidas que se gestionan para el poder judicial no ha sido suficiente en los últimos años, particularmente en el presente ejercicio fiscal.
Se aprobó una partida de mil 100 millones de pesos para este 2021, cantidad que no es suficiente ni para el pago de la nómina, lo que ha generado un déficit de al menos 65 millones de pesos, de ahí el riesgo de que se paralicen las actividades del poder judicial a partir de octubre, como se anunció recientemente, dijo.
No solo no se asignó un presupuesto suficiente, expuso, sino que el aparato de este ente se está aumentando con la ampliación este año en el número de juzgados civiles y la instalación de los centros de convivencia familiar, lo que está aumentado el número de personal y, pro ende, el pago de nómina.
“Por ello resulta incongruente que se limite su presupuesto, en lugar de incrementarlo como corresponde”, acotó.
