Karina Torres
San Diego.- La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés), de los condados de San Diego e Imperial, presentó a principios de esta semana una moción para intervenir en una demanda de varios sindicatos de la policía que buscan evitar la divulgación de los registros de mala conducta de los agentes contradiciendo lo establecido en la nueva ley del estado, la denominada "Ley de Registros Públicos de California” (SB 1421), divulgada en el primero de octubre de 2018.
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A través del escrito, la ACLU exige a las agencias locales la aplicación de la ley y que actúen de inmediato para hacerla cumplir. De acuerdo con la organización sin fines de lucro, California ha sido uno de los estados más reservados cuando se trata de proteger los registros policiacos. Considerada como una “ley histórica”, entró en vigor el 1 de enero de 2019; otorga a los ciudadanos acceso sin precedentes a los registros que documentan los disparos de la policía, los hallazgos del departamento de agresión sexual y las falsas declaraciones de oficiales policiacos.
La Ley SB 1421 cita que “la Ley de Registros Públicos de California requiere que una agencia estatal o local, según se define, haga que los registros públicos estén disponibles para inspección, sujeto a ciertas excepciones. Este proyecto de ley requeriría, a pesar de cualquier otra ley, que ciertos registros del personal de mantenimiento de la paz u oficiales de custodia relacionados con incidentes específicos, quejas e investigaciones que involucren a oficiales de la paz y oficiales de custodia, estén disponibles para inspección pública de conformidad con la Ley de Registros Públicos de California”.
En la demanda, presentada durante el pasado lunes 11 de febrero, los abogados de los sindicatos policiacos de San Diego, Carlsbad, Coronado, El Cajon, National City y Oceanside argumentan que la Ley SB 1421 no se aplica a los registros creados antes del 1 de enero. La moción de la ACLU, en nombre de Flora Rivera, cuyo hermano, Raúl Rivera, fue asesinado a tiros por varios agentes en mayo de 2018, busca intervenir en la demanda para defender el derecho de la familia Rivera a obtener registros policiales que documenten el tiroteo.
"Esta ley es necesaria para crear y fortalecer la confianza entre las agencias de aplicación de la ley y el público que han jurado proteger", afirmó Norma Chávez-Peterson, directora ejecutiva de ACLUF en los condados de San Diego e Imperial.
“Abre registros sobre los oficiales que han estado involucrados en tiroteos, que cometieron agresiones sexuales o que cometieron conductas deshonestas, como mentir, sembrar pruebas o falsificar informes policiales. Todos los californianos tienen el derecho de saber si sus departamentos de policía locales tienen oficiales responsables que violan las leyes o las reglas del departamento”, afirmó.
LaACLU de los condados de San Diego e Imperial, junto con las filiales del sur ynorte de California, enviaron solicitudes de registros a las agenciaspoliciacas en nombre de más de una docena de californianos que aún esperanrespuestas sobre los elementos de la policía que se vieron involucrados endecesos de sospechosos durante un arresto o supuesto enfrentamiento por losagentes.
